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La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel y máximo líder del Clan del Golfo. Así lo decidió la Sala Penal de la alta corte, tras revisar el requerimiento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la cual busca procesar por delitos relacionados con narcotráfico al jefe criminal, tras una investigación de las autoridades norteamericanas que data de 2009.
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Contra Otoniel existen tres indictments (escritos de acusación), desde junio de 2009. Uno de ellos por parte de la Corte de Nueva York. En ella, se lo relaciona como el líder de una agrupación ilegal que envió cocaína a Estados Unidos. Una vez Otoniel fue capturado, el 23 de octubre pasado, la Fiscalía emitió una nueva orden, esta vez con fines de extradición. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Justicia ya habían dado su visto bueno, por lo cual solo restaba que la Corte Suprema de Justicia entregara su decisión final.
La investigación norteamericana, según la Corte Suprema, considera que desde 2002 hasta 2021, alias Otoniel envío toneladas de cocaína a México y otros países de Centroamericana, para llegar al mercado de Estados Unidos. Para ello, se habría apoyado con socios en Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México. En nuestro país, acusa la Corte de Nueva York, “empleaba ‘sicarios’ o asesinos a sueldo, quienes llevaban a cabo diversos actos de violencia, como asesinatos, agresiones, secuestros y atentados”.
Alias Otoniel hizo todo lo posible por quedarse en Colombia. No solo estuvo entregado su verdad del conflicto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sino también pidió a la justicia transicional frenar su extradición. Pidió obtener esa garantía, pues aseguró haber sido un tercero financiador y auspiciador de las Farc, cuando recién el pulpo criminal del Clan del Golfo se conocía como Los Urabeños (2009-2014).
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No obstante, el pasado 25 de marzo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento de Úsuga, pues consideró que no aportó las pruebas suficientes que lo acreditaran como un tercero colaborador. La decisión fue comunicada a la Sección de Ausencia de Reconocimiento y la Sala de Reconocimiento de la JEP, en las cuales, respectivamente, había revelado su participación en el conflicto armado en el Urabá y también en los falsos positivos que apuntan al Ejército.
Entre sus estrategias para radicarse en Colombia, el capturado Otoniel intentó ser declarado gestor de paz en la JEP. En dos documentos conocidos por El Espectador, prometió desde su sitio de reclusión lograr el fin de la violencia en las zonas donde actúan las Agc o el Clan del Golfo, que según la JEP tiene presencia en más de 200 municipios en Colombia. Desde prisión, aseguró Otoniel, podría invitar a sus subalternos y al Estado Mayor del Clan a abandonar el uso de la violencia contra la población civil y las fuerzas armadas. Sin embargo, su intención se cayó una vez fue negado su sometimiento.
¿Y las víctimas?
La Corte Suprema redactó un capítulo especial a favor de las víctimas en el reciente fallo. Los magistrados le pidieron al gobierno de Iván Duque, de manera imprescindible, que exija al gobierno de Estados Unidos que facilite el contacto con Dairo Antonio Úsuga. La Sala Penal, sin entregar detalles sobre los métodos, solicitó que las autoridades judiciales nacionales tengan garantizado un enlace con Otoniel a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Las víctimas deben ser el centro de la estrategia.
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“La Sala no desconoce el derecho que tienen las víctimas de los múltiples delitos cometidos por Dairo Antonio Úsuga en el territorio nacional a conocer la verdad, a que se haga justicia y a ser reparados de manera efectiva. Sin embargo, la Corte no puede dejar de considerar la actitud renuente, contumaz y de desprecio absoluto que, en el pasado, ha asumido el requerido frente a las víctimas y el sistema de justicia nacional”, explicó la Corte Suprema.
En el documento de la Corte Suprema quedaron consignados algunas de las peticiones de los abogados de Otoniel para su extradición. “Por último, el apoderado del requerido pide, entre otras cosas, que se le garantice el derecho a su cliente a sostener relaciones sexuales con su esposa, cónyuge o compañera permanente; y que no sea confinado «en el SHU; la denominación corresponde a una unidad especial que implica segregación respecto de la población reclusa en general”. Sin embargo, la Corte señaló que este y otros requerimientos escapan de su órbita.
Las verdades de Otoniel que están en poder de la JEP
Úsuga fue capturado el 23 de octubre del año pasado en la vereda Pítica de Turbo, Antioquia. Una sonrisa lo acompañó en las fotos oficiales de la Policía Nacional. Luego, en la antesala de la Navidad, Otoniel habló en la JEP y aseguró que nunca fue aprehendido por las autoridades, pues él mismo se habría entregado con las manos en alto para que no lo mataran. En esa primera sesión, además dio a conocer su plena intención de quedarse en Colombia para llevar al Clan del Golfo a un proceso de paz.
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Durante cinco horas, el 21 de diciembre de 2021, Otoniel entregó detalles inéditos sobre su carrera criminal. Aseguró haber sido guerrillero de las Farc y luego del Ejército Popular de Liberación (Epl) en el Urabá. Se desmovilizó, en 1991, para luego engrosar las filas de la Casa Castaño y las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. “Ahí fue donde empezó a crecer los Castaño porque la gente del Epl tenía mucha experiencia”, dijo. Luego, de nuevo se desmovilizó, pero utilizó la región chocoana y antioqueña para conformar Los Urabeños, grupo armado que ha mutado hasta llegar a ser el Clan del Golfo o las Agc, como marcan los grafitis de los municipios cercanos.
Para seducir a la JEP, Otoniel presentó un informe con datos que dejan mal parado al Ejército. Según conoció este diario, la desmovilización del Epl en el Urabá habría sido un plan concertado por la Cuarta Brigada para que los guerrilleros terminaran en las filas de las Auc. Salpicó al teniente coronel (r) Jesús María Clavijo, señalado en antecedentes por masacres, falsos positivos y escuadrones de la muerte. Otoniel, incluso, mencionó que militares gestionaron la desmovilización en la finca Cedro Cocido, en Montería, propiedad de Fidel Castaño.
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Además, el líder del Clan del Golfo relacionó a los generales (r) Henry Torres Escalante y Leonardo Barrero Gordillo con acciones criminales en Meta y Casanare, entre 2005 y 2007. Como comandantes de la Brigada XVI, en la voz de Otoniel, habrían permitido e impulsado masacres, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Para ello, presuntamente contaron con la complicidad de Orlando Rivas Tovar, quien era director del DAS en el Casanare. Hurto, terrorismo, homicidios, extorsiones y desplazamientos, sería la articulación alertada por el extraditable.
En un capitulo aparte, Otoniel se comprometió a testificar sobre civiles, políticos, ganaderos y empresarios que habrían participado de la guerra en Urabá, entre 2006 y 2008. Aseguró tener información actos violentos armados en contra de líderes sociales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos que se opusieran al despojo de tierras por parte de grandes empresas ganaderas y palmeras. “Esa práctica contó con el apoyo de dirigentes políticos regionales de Casanare y Urabá, aliados del entonces presidente Uribe, así como de alcaldes, diputados y congresistas de partidos pertenecientes a la coalición de gobierno”, redactó.
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