Otro lío para Electricaribe

Electricaribe es una empresa con problemas desde muchos frentes. Tras haber sido intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en noviembre de 2016, y haber sido demandada por su socia española Gas Fenosa ante un tribunal internacional –precisamente a raíz de la intervención–, ahora tiene que pagar más de $114 mil millones al Estado. Así lo determinó el Tribunal del Atlántico, al examinar una demanda que presentó la Electrificadora del Atlántico (Electranta) contra Electricaribe porque esta última “incumplió su obligación de pagar el pasivo en favor de Electranta S.A.).

En 1998, tal como quedó consignado en una escritura pública, Electricaribe se comprometió a hacer una transferencia de activos. En esa época, las empresas del sector eléctrico de la Costa Atlántica afrontaban una fuerte crisis: la ineficacia administrativa, principalmente, había generado grandes sobrecostos; los sistemas de distribución no eran los más óptimos, lo que causaba apagones con frecuencia; y para rematar, los usuarios casi no pagaban sus cuentas. La decisión de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía fue reestructurar y sanear las empresas públicas que prestaban este servicio, así como buscar socios estratégicos.

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De ese contexto derivó el negocio entre Electricaribe y Electranta. Se aprobaron un par de Conpes, de los que surgieron cinco nuevas empresas de servicios públicos, que recibirían pasivos y activos de las electrificadoras. Una de ellas era Electricaribe, la cual debía recibir los activos, la mayoría de los pasivos y los empleados de Electranta y de las empresas homólogas de La Guajira, Cesar y Magdalena. Según se acordó, por recibir los activos de Electranta, Electricaribe debía pagar poco más de $330.000 millones. Descontando los pasivos, el pago iba a ser por $28.000 millones y debía cancelarse en tres años.

Electricaribe, por su parte, se defendió y recordó que la estrategia del Gobierno había sido salvar una cantidad de empresas públicas que tenían en sus nóminas mucha más gente de la que los estándares internacionales indicaban, que tenían una alta morosidad en sus carteras y que, encima de todo, esas carteras estaban o sobrevaloradas o no auditadas. Electricaribe sostuvo que los descuentos que hizo por los pasivos pensionales correspondían a lo que la ley permitía en ese momento, pues encontró que Electranta había dejado de cotizar ante el Instituto de Seguros Sociales, o que había hecho aportes extemporáneos o incompletos, y esa carga había pasado a manos de Electricaribe.

La disputa terminó entonces en manos del Tribunal Administrativo del Atlántico en diciembre de 2004 y el caso fue admitido en abril de 2005. Electricaribe señaló que la acción ya había caducado y, más adelante, presentó un incidente de nulidad. Es decir, pidió que se anulara el proceso, bajo los argumentos de que había una “indebida representación de la parte demandante” y “falta de jurisdicción y competencia” del tribunal que lo había admitido. El Tribunal del Atlántico rechazó sus peticiones. En 2008 comenzaron a recogerse evidencias y Electricaribe pidió que le revocaran un interrogatorio que le iban a realizar a sus representantes; el Tribunal le dijo que sí.

En 2011, de nuevo, Electricaribe pidió que se anulara toda la investigación; el Tribunal se rehusó a hacerlo. Recursos legales fueron y vinieron hasta que, en octubre de 2016, ambas empresas llegaron por fin a los alegatos de conclusión. Electranta –que ya está liquidada y ahora es simplemente la Nación misma– insistió en que Electricaribe había incumplido las estipulaciones contractuales que había pactado, moviendo fichas a su acomodo para no pagar lo que debía. Y así lo concluyó también el Tribunal, que señaló que Electricaribe había mostrado una “conducta abusiva” a la hora de descontar los pasivos de la entidad que luego lo demandó.

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“Dentro de las deducciones efectuadas al ‘pasivo a favor de Electranta’ se advierten ítems tan genéricos e indeterminados como ‘Electricaribe y otros gastos’, de los cuales no es posible establecer cuál es el concepto de descuento e inclusive los otros gastos en que estaría incurriendo Electricaribe, tal como lo afirma la parte actora (la demandante, Electranta); de tal manera que frente a tales ítems sería imposible determinar ‘qué fue lo que descontó del pasivo a favor la parte co-contratante’, pues en el ítem ‘otros gastos’ puede estar incluido ‘cualquier cosa’, indicó el Tribunal del Atlántico.

“Así mismo –añadió el tribunal–, causa impresión y extrañeza a la Sala que para el 30 de noviembre de 2002 el saldo del pasivo a favor (fuera) $22.279’280.099 y, sin más justificaciones o elucubraciones aritméticas o argumentativas, para el 31 de diciembre de 2002 ‘el pasivo a favor de Electranta’ es de cero pesos ($0), según certificación emitida por la Electrificadora del Caribe”, como quedó registrado en el folio 226 del cuaderno 7 del expediente. “También causa extrañeza a la sala que el 3 de enero de 2003, la Electrificadora del Atlántico - Electranta S.A. E.S.P. pasara a deberle a Electricaribe la suma de $108.532’035.769”.

Electricaribe, dijo el Tribunal, le respondió siempre a Electranta con “sendos oficios” sin “sustentos jurídicos, argumentativos y de manera evasiva”. Señaló que Electricaribe, incluso, le cobró a Electranta por pleitos que esta empresa terminó ganando en segunda instancia, es decir, que no habían afectado el patrimonio de Electricaribe. Al final, el Tribunal del Atlántico concluyó que Electricaribe había incumplido el contrato con Electranta, que había cometido fallas graves, que actuó de forma “desmedida y excesiva” frente a Electranta y, por eso, le ordenó que pagara lo que debía. Que a la fecha ya no son más de $20.000 millones, sino $114.000 millones.

El Tribunal del Atlántico pidió, además, que la DIAN investigara si esa organización había cometido omisiones en sus certificados de retención en la fuente entre 1998 y 2003, y lo mismo le solicitó a la Fiscalía. La Superintendencia de Servicios Públicos también quedó notificada del fallo, pues debe revisar desde sus competencias lo que significa esta “indebida retención de dineros públicos”. Y por último, le pidió a la Contraloría actuar. Así las cosas, se sumó un asunto más en la lista de grandes problemas que tiene que afrontar Electricaribe, la empresa que nació con el propósito de resolver la prestación del servicio eléctrico en la Costa Atlántica.

Electricaribe es una empresa con problemas desde muchos frentes. Tras haber sido intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en noviembre de 2016, y haber sido demandada por su socia española Gas Fenosa ante un tribunal internacional –precisamente a raíz de la intervención–, ahora tiene que pagar más de $114 mil millones al Estado. Así lo determinó el Tribunal del Atlántico, al examinar una demanda que presentó la Electrificadora del Atlántico (Electranta) contra Electricaribe porque esta última “incumplió su obligación de pagar el pasivo en favor de Electranta S.A.).

En 1998, tal como quedó consignado en una escritura pública, Electricaribe se comprometió a hacer una transferencia de activos. En esa época, las empresas del sector eléctrico de la Costa Atlántica afrontaban una fuerte crisis: la ineficacia administrativa, principalmente, había generado grandes sobrecostos; los sistemas de distribución no eran los más óptimos, lo que causaba apagones con frecuencia; y para rematar, los usuarios casi no pagaban sus cuentas. La decisión de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía fue reestructurar y sanear las empresas públicas que prestaban este servicio, así como buscar socios estratégicos.

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De ese contexto derivó el negocio entre Electricaribe y Electranta. Se aprobaron un par de Conpes, de los que surgieron cinco nuevas empresas de servicios públicos, que recibirían pasivos y activos de las electrificadoras. Una de ellas era Electricaribe, la cual debía recibir los activos, la mayoría de los pasivos y los empleados de Electranta y de las empresas homólogas de La Guajira, Cesar y Magdalena. Según se acordó, por recibir los activos de Electranta, Electricaribe debía pagar poco más de $330.000 millones. Descontando los pasivos, el pago iba a ser por $28.000 millones y debía cancelarse en tres años.

Electricaribe, por su parte, se defendió y recordó que la estrategia del Gobierno había sido salvar una cantidad de empresas públicas que tenían en sus nóminas mucha más gente de la que los estándares internacionales indicaban, que tenían una alta morosidad en sus carteras y que, encima de todo, esas carteras estaban o sobrevaloradas o no auditadas. Electricaribe sostuvo que los descuentos que hizo por los pasivos pensionales correspondían a lo que la ley permitía en ese momento, pues encontró que Electranta había dejado de cotizar ante el Instituto de Seguros Sociales, o que había hecho aportes extemporáneos o incompletos, y esa carga había pasado a manos de Electricaribe.

La disputa terminó entonces en manos del Tribunal Administrativo del Atlántico en diciembre de 2004 y el caso fue admitido en abril de 2005. Electricaribe señaló que la acción ya había caducado y, más adelante, presentó un incidente de nulidad. Es decir, pidió que se anulara el proceso, bajo los argumentos de que había una “indebida representación de la parte demandante” y “falta de jurisdicción y competencia” del tribunal que lo había admitido. El Tribunal del Atlántico rechazó sus peticiones. En 2008 comenzaron a recogerse evidencias y Electricaribe pidió que le revocaran un interrogatorio que le iban a realizar a sus representantes; el Tribunal le dijo que sí.

En 2011, de nuevo, Electricaribe pidió que se anulara toda la investigación; el Tribunal se rehusó a hacerlo. Recursos legales fueron y vinieron hasta que, en octubre de 2016, ambas empresas llegaron por fin a los alegatos de conclusión. Electranta –que ya está liquidada y ahora es simplemente la Nación misma– insistió en que Electricaribe había incumplido las estipulaciones contractuales que había pactado, moviendo fichas a su acomodo para no pagar lo que debía. Y así lo concluyó también el Tribunal, que señaló que Electricaribe había mostrado una “conducta abusiva” a la hora de descontar los pasivos de la entidad que luego lo demandó.

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“Dentro de las deducciones efectuadas al ‘pasivo a favor de Electranta’ se advierten ítems tan genéricos e indeterminados como ‘Electricaribe y otros gastos’, de los cuales no es posible establecer cuál es el concepto de descuento e inclusive los otros gastos en que estaría incurriendo Electricaribe, tal como lo afirma la parte actora (la demandante, Electranta); de tal manera que frente a tales ítems sería imposible determinar ‘qué fue lo que descontó del pasivo a favor la parte co-contratante’, pues en el ítem ‘otros gastos’ puede estar incluido ‘cualquier cosa’, indicó el Tribunal del Atlántico.

“Así mismo –añadió el tribunal–, causa impresión y extrañeza a la Sala que para el 30 de noviembre de 2002 el saldo del pasivo a favor (fuera) $22.279’280.099 y, sin más justificaciones o elucubraciones aritméticas o argumentativas, para el 31 de diciembre de 2002 ‘el pasivo a favor de Electranta’ es de cero pesos ($0), según certificación emitida por la Electrificadora del Caribe”, como quedó registrado en el folio 226 del cuaderno 7 del expediente. “También causa extrañeza a la sala que el 3 de enero de 2003, la Electrificadora del Atlántico - Electranta S.A. E.S.P. pasara a deberle a Electricaribe la suma de $108.532’035.769”.

Electricaribe, dijo el Tribunal, le respondió siempre a Electranta con “sendos oficios” sin “sustentos jurídicos, argumentativos y de manera evasiva”. Señaló que Electricaribe, incluso, le cobró a Electranta por pleitos que esta empresa terminó ganando en segunda instancia, es decir, que no habían afectado el patrimonio de Electricaribe. Al final, el Tribunal del Atlántico concluyó que Electricaribe había incumplido el contrato con Electranta, que había cometido fallas graves, que actuó de forma “desmedida y excesiva” frente a Electranta y, por eso, le ordenó que pagara lo que debía. Que a la fecha ya no son más de $20.000 millones, sino $114.000 millones.

El Tribunal del Atlántico pidió, además, que la DIAN investigara si esa organización había cometido omisiones en sus certificados de retención en la fuente entre 1998 y 2003, y lo mismo le solicitó a la Fiscalía. La Superintendencia de Servicios Públicos también quedó notificada del fallo, pues debe revisar desde sus competencias lo que significa esta “indebida retención de dineros públicos”. Y por último, le pidió a la Contraloría actuar. Así las cosas, se sumó un asunto más en la lista de grandes problemas que tiene que afrontar Electricaribe, la empresa que nació con el propósito de resolver la prestación del servicio eléctrico en la Costa Atlántica.