Otto Bula, un viejo conocido de la justicia

La reciente decisión de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía de embargar 34 propiedades, cinco vehículos, dos sociedades y 645 cabezas de ganado de Otto Bula y su esposa, Carmen Luz Hoyos Abad, dejó al descubierto que el excongresista estaba en el radar de las autoridades desde 2011. Si bien su responsabilidad en el caso Odebrecht fue lo que catapultó el proceso, sus presuntos vínculos con un temido narcotraficante de la Oficina de Envigado, sus negocios con una sociedad de papel que lavó plata del clan Álvarez Meyendorff y su relación con procesos de despojo de tierras fueron las causas principales para que empezaran a perseguir sus bienes, avaluados en $53.000 millones.

La decisión de la Fiscalía, concretada en un documento de 152 páginas, muestra que los primeros reportes que llamaron la atención sobre Bula los emitió la DIAN, que recibió alertas sobre su incremento patrimonial entre 2004 y 2010. Bula pasó de tener en 2004 un patrimonio bruto de $1.962 millones —sus deudas entonces ascendían a $812 millones— a tener en 2008 uno de más de $21.000 millones, con deudas por $18.738 millones. En esos años fue que realizó, junto con su esposa, negocios en bienes inmuebles superiores a $50.000 millones con personajes que servían de testaferros de la Oficina de Envigado y que fueron incluidos en la Lista Clinton.

Para la Fiscalía, no hay justificación técnica que explique cómo un hombre que, según dijo, se dedicaba al ganado logró convertirse en un exitoso agente inmobiliario que manejó propiedades en Antioquia, Bolívar, Córdoba y Cundinamarca, las cuales terminaron en manos hasta de un excomandante paramilitar, Hebert Veloza García, alias H.H.

Pero fue gracias a un anónimo llegado a la Corte Suprema de Justicia en abril de 2011 que surgió una petición para que la Fiscalía revisara ciertos documentos, en los cuales se evidenciaba que una oficina de abogados y fundaciones habrían servido como testaferros para lavar activos en Medellín de importantes políticos de Antioquia. El expediente se abrió en agosto de 2011, luego de que la Corte remitiera una serie de informes sobre allanamientos que realizaron en las oficinas de la firma de abogados Sanín & Duque y de la Fundación Bertha Arias de Botero.

En la oficina de abogados se encontraron carpetas a nombre de Otto Bula en las que estaban registradas compraventas que realizó con una empresa llamada Agasinú en Córdoba. Asimismo se hallaron documentos de 2008, cuando su empresa Agropecuaria El Central compró por $7.000 millones 433 hectáreas en los Montes de María. Según el Tribunal Superior de Cúcuta, en realidad costaban $23.000 millones y por eso le pidió a la Fiscalía que investigara si se había producido un despojo. Finalmente se toparon con los documentos de la casa colonial que Bula adquirió por $1.650 millones en 2006 en Cartagena —que también le fue embargada— y registros que lo vinculaban con la Fundación Bertha Arias de Botero.

Tras el allanamiento a la fundación, los investigadores de la Corte Suprema encontraron en la oficina de la presidencia dos agendas, tres libretas, dos hojas cuadriculadas, manuscritos y 58 hojas impresas en los que se registraron los negocios por más de $14.000 millones que tuvo con Mario Uribe por la venta del predio Bizerta y los inmuebles Maragón 1, 2 y 3, ubicados en Sahagún y Pueblo Nuevo (Córdoba). El exsenador Uribe, condenado por nexos con paramilitares, fue el padrino político de Bula y lo agregó al Congreso como su suplente entre los años 2000 y 2002.

Un año después de que se abriera el proceso en su contra, Bula fue a tocar la puerta de la Fiscalía para que lo escucharan declarar sobre la procedencia de los bienes. Según dijo el 22 de agosto de 2012 en versión libre, su intención, luego de enterarse de que estaba siendo investigado, era explicar cualquier duda que hubiese surgido de los documentos que se encontraron en los allanamientos. Relató que se graduó a los 17 años, que hizo tres semestres de administración pero se tuvo que retirar para encargarse de los negocios familiares —tiendas de abarrotes llamadas El Impacto—, pues sus padres habían muerto y debía hacerse cargo de sus dos hermanas. Agregó que con los años amasó una fortuna y se dedicó a ser ganadero, por lo que sus ingresos mensuales eran $70 millones.

Bula le dijo a la Fiscalía que en los años 90 quedó a cargo también de una trilladora de maíz y una finca ganadera que tenía su padre. Que en esa época sacó créditos —que a precio de hoy supuestamente serían de casi $600 millones— para aumentar la producción ganadera, a tal punto que se convirtió en gran productor de carne y leche. Señaló que creó entonces su empresa de lácteos llamada Mi Ranchito, que sacaba 25.000 litros de leche para vender en todo el departamento de Córdoba. Y añadió que el negocio tuvo tanto éxito que se extendió hasta Medellín.

Para mediados de los 90, relató, se asoció con Jhon Moisés Besaile Fayad, hermano del congresista Musa Besaile Fayad, para montar un negocio de abarrotes llamado ByB Compañía Limitada, que principalmente se dedicaba a trillar y distribuir maíz para importantes multinacionales. Bula dijo que el negocio se acabó cuando decidió entrar a la política y vendió su parte. Asimismo, que sus negocios de leche y carne quedaron a nombre de su cuñada. Al ser indagado sobre sus transacciones inmobiliarias, dijo que se dedicó a comprar tierras perdidas para volverlas productivas y que así fue extendiendo su hato ganadero. Dio detalles de cada una de las compras y ventas que hizo desde 2003, en las que le traspasaron edificios en Antioquia y decenas de predios.

Entre los detalles que entregó, dijo que en 2007 compró por $1.450 millones la finca Maragón 1, 2 y 3 al Consorcio Agroganadero del Valle del Sinú, la empresa de papel con la que los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff lavaron gran cantidad de plata de su billonario imperio económico. Esa finca fue la que finalmente terminó vendiéndose a Mario Uribe en 2008 por $10.200 millones. Hubo diferencias entre Bula y Uribe, quienes se conocían desde los años 90, porque al segundo no le habían entregado la finca y sólo tenía a su nombre el ganado. Les tocó renegociar por más de dos años por enconadas diferencias y se pactó que Bula quedara con el poder de la finca a cambio de pagarle una suma de dinero a Mario Uribe, a quien le quedó debiendo $1.000 millones. Sobre estos negocios también habló el excomandante paramilitar Juan Carlos Sierra, más conocido como el Tuso.

En pocas palabras, desde 2012, Bula le abrió la puerta a la Fiscalía para que esculcaran su patrimonio. Encontraron en 2015 sus nexos con la Oficina de Envigado, en especial Wílmar Alexis Metaute Zapata, alias Pichi Calvo, asesinado en el parqueadero de una discoteca en Medellín en junio de 2014. Pichi Calvo era uno de los líderes de la Oficina de Envigado que se estaban disputando a sangre y fuego el control de la organización, pues era el denominado sucesor de Daniel Mejía, alias Danielito. En distintos documentos, como hipotecas, Otto Bula aparece como beneficiario de las propiedades.

Además, una de las pruebas que se encontraron en la escena del crimen de Pichi Calvo fue un papel en que se lee: “El señor Guillermo Arango le debe al señor Otto Bula para pagar en feb 15/2014 $5.450 mil (millones) en propiedades, le dará Garantía Hipotecarias”. Es decir, la misma Oficina de Envigado le debía plata. Un elemento a tener en cuenta es que Guillermo Arango es uno de los hombres que aparecen mencionados en el proceso de extinción de dominio contra los terrenos en los que se construye el lujoso proyecto inmobiliario a las afueras de Medellín llamado Meritage.

Ante el cúmulo de pruebas que hay contra Otto Bula desde hace varios años y con las evidencias recolectadas en 2016 que demostraban sus nexos con la Oficina de Envigado, la pregunta es: ¿por qué solo cuando estalló el escándalo de Odebrecht su proceso fue más diligente? Si bien Bula es pieza clave en las investigaciones del caso de corrupción de la firma brasileña, es claro que su fortuna no la consiguió con sobornos sino a través de negocios. Establecer si esos negocios fueron legales o ilegales es una tarea pendiente de las autoridades desde hace varios años.

La reciente decisión de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía de embargar 34 propiedades, cinco vehículos, dos sociedades y 645 cabezas de ganado de Otto Bula y su esposa, Carmen Luz Hoyos Abad, dejó al descubierto que el excongresista estaba en el radar de las autoridades desde 2011. Si bien su responsabilidad en el caso Odebrecht fue lo que catapultó el proceso, sus presuntos vínculos con un temido narcotraficante de la Oficina de Envigado, sus negocios con una sociedad de papel que lavó plata del clan Álvarez Meyendorff y su relación con procesos de despojo de tierras fueron las causas principales para que empezaran a perseguir sus bienes, avaluados en $53.000 millones.

La decisión de la Fiscalía, concretada en un documento de 152 páginas, muestra que los primeros reportes que llamaron la atención sobre Bula los emitió la DIAN, que recibió alertas sobre su incremento patrimonial entre 2004 y 2010. Bula pasó de tener en 2004 un patrimonio bruto de $1.962 millones —sus deudas entonces ascendían a $812 millones— a tener en 2008 uno de más de $21.000 millones, con deudas por $18.738 millones. En esos años fue que realizó, junto con su esposa, negocios en bienes inmuebles superiores a $50.000 millones con personajes que servían de testaferros de la Oficina de Envigado y que fueron incluidos en la Lista Clinton.

Para la Fiscalía, no hay justificación técnica que explique cómo un hombre que, según dijo, se dedicaba al ganado logró convertirse en un exitoso agente inmobiliario que manejó propiedades en Antioquia, Bolívar, Córdoba y Cundinamarca, las cuales terminaron en manos hasta de un excomandante paramilitar, Hebert Veloza García, alias H.H.

Pero fue gracias a un anónimo llegado a la Corte Suprema de Justicia en abril de 2011 que surgió una petición para que la Fiscalía revisara ciertos documentos, en los cuales se evidenciaba que una oficina de abogados y fundaciones habrían servido como testaferros para lavar activos en Medellín de importantes políticos de Antioquia. El expediente se abrió en agosto de 2011, luego de que la Corte remitiera una serie de informes sobre allanamientos que realizaron en las oficinas de la firma de abogados Sanín & Duque y de la Fundación Bertha Arias de Botero.

En la oficina de abogados se encontraron carpetas a nombre de Otto Bula en las que estaban registradas compraventas que realizó con una empresa llamada Agasinú en Córdoba. Asimismo se hallaron documentos de 2008, cuando su empresa Agropecuaria El Central compró por $7.000 millones 433 hectáreas en los Montes de María. Según el Tribunal Superior de Cúcuta, en realidad costaban $23.000 millones y por eso le pidió a la Fiscalía que investigara si se había producido un despojo. Finalmente se toparon con los documentos de la casa colonial que Bula adquirió por $1.650 millones en 2006 en Cartagena —que también le fue embargada— y registros que lo vinculaban con la Fundación Bertha Arias de Botero.

Tras el allanamiento a la fundación, los investigadores de la Corte Suprema encontraron en la oficina de la presidencia dos agendas, tres libretas, dos hojas cuadriculadas, manuscritos y 58 hojas impresas en los que se registraron los negocios por más de $14.000 millones que tuvo con Mario Uribe por la venta del predio Bizerta y los inmuebles Maragón 1, 2 y 3, ubicados en Sahagún y Pueblo Nuevo (Córdoba). El exsenador Uribe, condenado por nexos con paramilitares, fue el padrino político de Bula y lo agregó al Congreso como su suplente entre los años 2000 y 2002.

Un año después de que se abriera el proceso en su contra, Bula fue a tocar la puerta de la Fiscalía para que lo escucharan declarar sobre la procedencia de los bienes. Según dijo el 22 de agosto de 2012 en versión libre, su intención, luego de enterarse de que estaba siendo investigado, era explicar cualquier duda que hubiese surgido de los documentos que se encontraron en los allanamientos. Relató que se graduó a los 17 años, que hizo tres semestres de administración pero se tuvo que retirar para encargarse de los negocios familiares —tiendas de abarrotes llamadas El Impacto—, pues sus padres habían muerto y debía hacerse cargo de sus dos hermanas. Agregó que con los años amasó una fortuna y se dedicó a ser ganadero, por lo que sus ingresos mensuales eran $70 millones.

Bula le dijo a la Fiscalía que en los años 90 quedó a cargo también de una trilladora de maíz y una finca ganadera que tenía su padre. Que en esa época sacó créditos —que a precio de hoy supuestamente serían de casi $600 millones— para aumentar la producción ganadera, a tal punto que se convirtió en gran productor de carne y leche. Señaló que creó entonces su empresa de lácteos llamada Mi Ranchito, que sacaba 25.000 litros de leche para vender en todo el departamento de Córdoba. Y añadió que el negocio tuvo tanto éxito que se extendió hasta Medellín.

Para mediados de los 90, relató, se asoció con Jhon Moisés Besaile Fayad, hermano del congresista Musa Besaile Fayad, para montar un negocio de abarrotes llamado ByB Compañía Limitada, que principalmente se dedicaba a trillar y distribuir maíz para importantes multinacionales. Bula dijo que el negocio se acabó cuando decidió entrar a la política y vendió su parte. Asimismo, que sus negocios de leche y carne quedaron a nombre de su cuñada. Al ser indagado sobre sus transacciones inmobiliarias, dijo que se dedicó a comprar tierras perdidas para volverlas productivas y que así fue extendiendo su hato ganadero. Dio detalles de cada una de las compras y ventas que hizo desde 2003, en las que le traspasaron edificios en Antioquia y decenas de predios.

Entre los detalles que entregó, dijo que en 2007 compró por $1.450 millones la finca Maragón 1, 2 y 3 al Consorcio Agroganadero del Valle del Sinú, la empresa de papel con la que los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff lavaron gran cantidad de plata de su billonario imperio económico. Esa finca fue la que finalmente terminó vendiéndose a Mario Uribe en 2008 por $10.200 millones. Hubo diferencias entre Bula y Uribe, quienes se conocían desde los años 90, porque al segundo no le habían entregado la finca y sólo tenía a su nombre el ganado. Les tocó renegociar por más de dos años por enconadas diferencias y se pactó que Bula quedara con el poder de la finca a cambio de pagarle una suma de dinero a Mario Uribe, a quien le quedó debiendo $1.000 millones. Sobre estos negocios también habló el excomandante paramilitar Juan Carlos Sierra, más conocido como el Tuso.

En pocas palabras, desde 2012, Bula le abrió la puerta a la Fiscalía para que esculcaran su patrimonio. Encontraron en 2015 sus nexos con la Oficina de Envigado, en especial Wílmar Alexis Metaute Zapata, alias Pichi Calvo, asesinado en el parqueadero de una discoteca en Medellín en junio de 2014. Pichi Calvo era uno de los líderes de la Oficina de Envigado que se estaban disputando a sangre y fuego el control de la organización, pues era el denominado sucesor de Daniel Mejía, alias Danielito. En distintos documentos, como hipotecas, Otto Bula aparece como beneficiario de las propiedades.

Además, una de las pruebas que se encontraron en la escena del crimen de Pichi Calvo fue un papel en que se lee: “El señor Guillermo Arango le debe al señor Otto Bula para pagar en feb 15/2014 $5.450 mil (millones) en propiedades, le dará Garantía Hipotecarias”. Es decir, la misma Oficina de Envigado le debía plata. Un elemento a tener en cuenta es que Guillermo Arango es uno de los hombres que aparecen mencionados en el proceso de extinción de dominio contra los terrenos en los que se construye el lujoso proyecto inmobiliario a las afueras de Medellín llamado Meritage.

Ante el cúmulo de pruebas que hay contra Otto Bula desde hace varios años y con las evidencias recolectadas en 2016 que demostraban sus nexos con la Oficina de Envigado, la pregunta es: ¿por qué solo cuando estalló el escándalo de Odebrecht su proceso fue más diligente? Si bien Bula es pieza clave en las investigaciones del caso de corrupción de la firma brasileña, es claro que su fortuna no la consiguió con sobornos sino a través de negocios. Establecer si esos negocios fueron legales o ilegales es una tarea pendiente de las autoridades desde hace varios años.