Pactos y disputas de los carteles mexicanos en Colombia

Más allá de algunas capturas y operativos aislados, el accionar de los carteles mexicanos en el mercado de las drogas ilícitas en Colombia no ha sido algo de lo que las autoridades hablen abiertamente. Sin embargo, un informe interno de la Defensoría del Pueblo, conocido por El Espectador, da cuenta de las maneras en las que grupos de crimen organizado, como el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas “influyen sobre las tendencias y dinámicas del conflicto armado y otras formas de violencia en el país”.

Más allá de algunas capturas y operativos aislados, el accionar de los carteles mexicanos en el mercado de las drogas ilícitas en Colombia no ha sido algo de lo que las autoridades hablen abiertamente. Sin embargo, un informe interno de la Defensoría del Pueblo, conocido por El Espectador, da cuenta de las maneras en las que grupos de crimen organizado, como el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas “influyen sobre las tendencias y dinámicas del conflicto armado y otras formas de violencia en el país”.

En el informe, dirigido expresamente al defensor Carlos Camargo, se sostiene que, luego de la extradición de una docena de exjefes paramilitares a Estados Unidos en 2008, estos tres carteles “acordaron distribuirse las zonas de cultivos de hoja de coca y las rutas internacionales del narcotráfico, con el ánimo de garantizar un aumento en la producción que pudiera satisfacer la creciente demanda de los países industrializados del norte y de Asia”. Es decir, cuando los que eran sus socios ya no pudieron negociar, estas organizaciones, que Estados Unidos clasificó como terroristas, pactaron repartirse Colombia.

El cartel de Sinaloa, por ejemplo, se replegó al noroccidente del país, a hacer negocios en departamentos como Antioquia y Córdoba, según el informe. La Defensoría aclara que en estas zonas no se ha identificado una presencia directa de narcotraficantes mexicanos, sino que “su influencia en las dinámicas del conflicto es indirecta, a través de la financiación de los grupos armados ilegales en pugna”. Así, este grupo criminal se alió con la mayor organización de esta zona de Colombia: el Clan del Golfo (o Agc). Este pacto habría reducido los homicidios del Valle de Aburrá y el suroeste antioqueño.

Más o menos hasta 2017, agrega la Defensoría, Sinaloa era “el único comprador de la droga que era producida y procesada” en esta región. En algún punto los acuerdos se desgastaron y, con la dejación de armas de las Farc, hubo disputas por llenar los vacíos que dejó la extinta guerrilla en varias regiones. Como consecuencia, los narcotraficantes de Sinaloa siguieron aliados con el Clan del Golfo, mientras el cartel de Jalisco Nueva Generación comenzó a respaldar económicamente al grupo que se enfrenta al poder de Otoniel en el Bajo Cauca antioqueño: los Caparros (autodenominado bloque Virgilio Peralta Arenas).

Para Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la influencia de carteles mexicanos en Colombia es de vieja data, pero se le debe entender en el contexto del Acuerdo de Paz. “Las estructuras mexicanas enfrentaron problemas para abastecerse y hubo un esfuerzo por tener una relación más directa y diversificada con las estructuras colombianas que dominan los enclaves cocaleros”, resaltó. Así, por ejemplo, coincide en que en el noroccidente del país se habla de una injerencia de estos grupos en la disputa entre Caparros y Clan del Golfo.

Otra región en la que se ha sentido la incursión de carteles mexicanos, según la Defensoría, es el suroccidente del país. El accionar del cartel de Sinaloa “se ha reflejado en versiones comunitarias sobre la llegada de personas que se presume provienen de Centroamérica, así como en la distribución de panfletos y la comisión de homicidios en zonas de alto valor estratégico para la producción, distribución y comercialización de droga”, dice el informe. No obstante, no es que estos grupos criminales entren al conflicto como un grupo armado adicional.

En el norte del Cauca, por ejemplo, “se presume que el cartel de Sinaloa opera mediante la tercerización y acuerdos con los actores armados ilegales que se encuentran allí presentes”, como disidencias de las extintas Farc. Sin embargo, en el Pacífico caucano, se lee en el documento, estos posibles negocios con las disidencias estarían influyendo en la disputa que hay con el Eln. “Allí, tanto Sinaloa como Jalisco Nueva Generación financian la producción de droga y supervisan su transporte en la costa”, señala el documento.

Garzón, de la FIP, comenta que “la Fuerza Pública ha cuestionado la veracidad de los panfletos que han aparecido en el norte del Cauca con atribuciones, entre otros a carteles mexicanos, pues generalmente es un mecanismo de amedrantamiento”. Pero coincide que otra cosa ocurre en el Pacífico caucano, pues “allí hay más versiones sobre la influencia de estos grupos. Algunas fuentes señalan que habría inversiones y hasta testaferros para garantizarse el acceso a la costa, pero no es algo que hayamos verificado”.

Si bien la Defensoría no ahonda en la influencia de los carteles en el Valle del Cauca, fuentes de la Fiscalía aseguran que algunos enlaces de estos grupos se han asentado en Rozo, corregimiento de Palmira, zona conocida por sus ostentosas fincas privadas. Hasta hace poco se creía que los emisarios de Sinaloa y Jalisco ingresaban solo por los aeropuertos, pero ahora se identificó que estarían llegando a Ecuador y entrando por la frontera. “Invierten en aplicaciones rusas que encriptan los celulares y en armamento. Son los del dinero”, explicó una fuente del ente investigador.

El documento conocido por El Espectador también reúne las alertas tempranas que emitió la Defensoría en 2019 y 2020, en las que cada vez se mencionan con más frecuencia a los carteles mexicanos. En Catatumbo, por ejemplo, se calcula que Sinaloa y Jalisco Nueva Generación controlan el 80 % de los cultivos ilícitos. En Cartagena se rumora que tienen oficina en el puerto desde la que coordinan los envíos de coca. Y hasta en Soacha han sido capturados mandos medios del Eln, como Doña Ana, señalados de ser enlace entre la guerrilla y estos grupos criminales.

El informe no advierte, sin embargo, un factor clave de la relación entre los carteles de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa: en este momento se encuentran en disputa en Puerto Vallarta (Jalisco, México) por las rutas del narcotráfico en este destino turístico. La organización de Sinaloa, liderada por alias el Mayo Zambada, movió algunos de sus hombres a esa ciudad, considerada la base de operaciones del cartel de Jalisco, liderado por alias el Mencho, en uno más de los capítulos del sangriento enfrentamiento entre carteles. Esta disputa, hasta donde se sabe, no se ha trasladado a Colombia. No aún.