Palacio de Justicia: ¿abandonó la Fiscalía la hipótesis de la desaparición forzada?
La Corte Interamericana reconoció 11 casos de desaparecidos forzadamente tras la toma del Palacio, ocurrida en 1985. Los familiares de las víctimas sostienen que la Fiscalía se volvió una oficina que entrega restos sin verdades sobre el crimen en el que los suyos perdieron la vida.
El eterno regreso al tema de los desaparecidos del Palacio de Justicia, cada aniversario del holocausto ocurrido en 1985, es ahora, más que nunca, necesario. Esta semana, al cumplirse 35 años de la toma (del M-19) y retoma (del Ejército) del edificio, volvieron los actos conmemorativos de uno de los hechos más representativos de la historia de la guerra en Colombia. Y de nuevo las exigencias de las víctimas por verdad y justicia volvieron a escucharse. Sin embargo, esos clamores tienen este año una característica especial: entre los familiares de los desaparecidos se consolida la idea de que, a pesar de las palabras y promesas de la Fiscalía, las investigaciones están tomando un rumbo inquietante. (La nefasta verdad detrás de la retoma del Palacio de Justicia, según la Corte Suprema)
Aunque el ente investigador ha afirmado en varias ocasiones que siguen investigando la hipótesis de que sí hubo desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia por parte de la Fuerza Pública, lo cierto es que sus resultados muestran una convicción diferente. Si bien han logrado la identificación de seis de los 11 desaparecidos que reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014, las investigaciones por los responsables de estos crímenes, así como los motivos y contextos, no han tenido un solo avance. La concentración de la Fiscalía en solo identificar los restos y entregarlos a sus familiares de manera digna se convirtió en su estrategia.
“La Fiscalía se convirtió en una oficina de entrega de fragmentos óseos”, reclama René Guarín. Su hermana, Cristina del Pilar Guarín, se unió a los trabajadores de la cafetería del Palacio unas semanas antes de que el M-19 asaltara el edificio. Llegó para reemplazar a la esposa del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez Vera, quien para ese momento estaba por dar a luz a su hija Alejandra. Carlos Rodríguez no conoció a Alejandra; Cristina de Guarín, cuya familia y la familia Rodríguez habían sido amigas de toda la vida, tampoco. Desde 1985, los Rodríguez y los Guarín han sufrido el viacrucis de buscar a sus seres queridos, reconocidos como víctimas de desaparición forzada por la Corte Interamericana.
La diferencia entre ambos núcleos familiares es que los restos de Guarín ya fueron hallados, identificados y entregados. En 2015, la Fiscalía los encontró en la tumba de otra víctima del holocausto: Marina Ferrer, quien el 6 de noviembre de 1985 fue al Palacio a visitar a una amiga que era secretaria de un magistrado. Para los Guarín, sin embargo, hallar los restos es apenas una pieza de un gran rompecabezas. No en vano la Corte Interamericana señaló en su fallo de 2014: “La desaparición de una persona, porque no se conoce su paradero, no es lo mismo que una desaparición forzada (…) el examen de una desaparición forzada debe ser consecuente con la violación compleja de derechos humanos que esta conlleva”.
Para los familiares de las víctimas y sus abogados, sin embargo, en la Fiscalía no hay interés en hacer un análisis exhaustivo alrededor del crimen que sufrieron los desaparecidos. Esa falta de resultados se evidencia hasta en las respuestas que da la propia Fiscalía. A varias preguntas puntuales de este diario sobre los avances de esas investigaciones, el organismo se limitó a detallar su trabajo en la identificación y entrega de cuerpos, pero nada sobre nuevas indagaciones o resoluciones de situaciones jurídicas (varias de ellas embolatadas desde hace más de cinco años). Para la Fiscalía, el hallazgo de los seis cuerpos “implica el compromiso de establecer la causa del fenómeno (de la desaparición)”. (Palacio de Justicia: ¿por qué el coronel (r) Plazas Vega fue absuelto y su superior no?)
Ese pronunciamiento de la Corte va en contravía de lo que le dijo la Fiscalía a este diario: “Hay desaparición mientras no encontremos a cada uno de los desaparecidos mencionados en la Sentencia de la Corte IDH”. Aun así, el organismo investigativo asegura que “la hipótesis de trabajo, desde el punto de vista jurídico penal, sigue siendo la misma, la supuesta configuración de desaparición forzada”. Al tiempo, señala que se debe “entender por qué se dieron los numerosos casos de entregas de cuerpos a familias que no les correspondían, incluso mezclándose piezas de diferentes cadáveres y hasta de distinto género. ¿Correspondió a un patrón deliberado?”.
El ente reitera que no ha parado de trabajar, pues ha realizado múltiples diligencias como inspecciones con exhumaciones, “buscando ampliar ADN para mejorar la búsqueda de aquellos que están en condición de desaparecidos”. También afirmó que las investigaciones no están estancadas, sino que están sometidas a una reserva sumarial que solo permite conocer sus avances a las víctimas y las partes de los procesos. Una posición que contrasta con la de los familiares de los desaparecidos y sus abogados consultados por este diario: todos coinciden en que no han sido notificados de ninguna decisión por parte de la Fiscalía en los últimos años. (Los reproches a la Fiscalía sobre hipótesis de los desaparecidos del Palacio de Justicia)
“La Fiscalía no ha hecho nada en los últimos cinco años. Se han dedicado a hacer el trabajo de transportador. Se suponía que a junio iban a estar reconocidas ya todas las cajas de las exhumaciones últimas que se han hecho, estamos a noviembre y eso no ha pasado. Al papá del magistrado Jorge Alberto Echeverry, en cuya tumba encontraron los restos de mi hermano, lo trajeron a Bogotá la semana pasada a hacerle exámenes y a ellos ya se los habían hecho. Es una burocracia para gastar plata”, dice, sin ocultar su molestia, Sandra Beltrán. Los restos de su hermano, Bernardo Beltrán, fueron encontrados en septiembre de 2017 en Manizales y entregados a su familia en noviembre de ese mismo año. Del paradero de los restos de Echeverry no se sabe nada aún.
Otro ejemplo de esta situación es el caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien, aunque salió vivo del Palacio, fue ejecutado extrajudicialmente. Como lo reveló este diario en 2018, los fiscales del caso tienen en su poder desde hace más de siete años los borradores de documentos para resolver la situación jurídica de tres generales retirados vinculados a este expediente. Pero ni la familia del jurista ni sus abogados han tenido noticia de algún avance. La situación se repite en los casos de Cristina del Pilar Guarín, Héctor Jaime Beltrán y Luz Mary Portela, tres personas cuyos restos ya fueron encontrados y devueltos a sus familiares, pero cuyas investigaciones por desaparición forzada están en ceros.
Luz Mary Portela, una humilde mujer del sur de Bogotá, regresó al seno de su familia en noviembre de 2016. Un año antes, en noviembre de 2015, Medicina Legal les entregó a sus parientes el informe pericial de identificación, en el cual se lee que ella estaba en la tumba de una secretaria de la Corte Suprema llamada Libia Rincón Mora, en el cementerio Jardines de Paz. Su cadáver estaba totalmente carbonizado, “cuya causa no pudo ser determinada por la autopsia”. Desde entonces, su familia no ha sabido nada más con respecto a las circunstancias en que Portela perdió la vida. Las pesquisas sobre la desaparición forzada de que fue víctima no han avanzado.
“La Corte concluye que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía. Entre los lugares donde trasladaron a sospechosos se encuentran las instalaciones de la Escuela de Caballería y del Batallón Charry Solano (...) la prueba en el expediente refiere que fueron consideradas sospechosas de colaborar en la toma del Palacio de Justicia por autoridades estatales”, advirtió el tribunal interamericano hace seis años. (El día en que Belisario Betancur pidió perdón)
¿Hipótesis abandonada?
Ese fallo fue clave, pues con él nació una nueva línea de investigación en la Fiscalía que la llevó a descubrir múltiples restos que fueron entregados de manera errónea en 1985. Por ese camino ha dado con las osamentas de al menos seis de las 11 personas reconocidas como víctimas de desaparición forzada en el fallo de la Corte. Pero “las exhumaciones no han estado acompañadas de una estrategia de verdad. Las hipótesis de muerte de estas personas han sido abandonadas, no se han hecho esfuerzos extras sobre ello, y hay víctimas como Marina Isabel Ferrer o el magistrado Julio Andrade, cuyas familias no tienen respuestas ni siquiera de dónde están sus restos”.
Las palabras son del abogado Germán Romero, quien desde hace años defiende a los familiares de Carlos Augusto Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio. Sus restos no han sido aún hallados y su caso tiene una particularidad: en el proceso ante la Corte Interamericana, el Estado admitió su responsabilidad en la desaparición forzada de él y de Irma Franco, guerrillera del M-19. En los demás casos, para el Estado colombiano, hubo “errores cometidos en el manejo del lugar de los hechos y en la identificación de restos mortales”. “Lo que vemos es que, en definitiva, no se está buscando más a los desaparecidos del Palacio de Justicia”, resalta el abogado Romero.
Juristas como Romero, y como Eduardo Carreño, otro abogado de familiares de los desaparecidos, coinciden en que la Fiscalía, aunque investiga dónde están los restos de las víctimas, consolida cada vez más la tesis de que, en lugar de desaparición forzada, lo que ocurrió después del 7 de noviembre en el Palacio de Justicia y Medicina Legal fue meramente un problema administrativo y no una grave violación de derechos humanos. Lo que sí ha logrado mostrar el ente investigador durante los últimos cinco años es, precisamente, el caos institucional que se vivió durante la entrega de los restos de casi 100 personas que murieron entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. (Justicia colombiana no revisará indultos al M-19 por el Palacio de Justicia)
Aunque la Fiscalía ha insistido en este desorden en años recientes, desde 1985 era claro que lo que sucedió tras la toma y retoma fue una seguidilla de irregularidades de parte de los médicos forenses, del Ejército (que lavó el piso del Palacio cuando todavía había restos calcinados de víctimas) y de los cuestionables protocolos de identificación con los que Medicina Legal entregó cuerpos a las familias de las víctimas. Y en este cúmulo de procedimientos irregulares por parte de entidades y de la Fuerza Pública es que los abogados encuentran un enorme vacío investigativo, pues, aseguran, nunca se ha investigado quiénes fueron los responsables de ese desorden. Porque, de seguro, no fue gratuito.
“Si hoy en día se trata de instalar la tesis de la indebida individualización y entrega deficiente de los restos, no se ha revisado qué sucedió en Medicina Legal. Solo existe la conjetura de que se desbordaron los servicios forenses, pero se obvia, por ejemplo, que hubo órdenes de la justicia penal militar para trasladar cuerpos a fosas del cementerio del Sur, que el control de los cuerpos estuvo bajo la Fuerza Pública y que, en casos como el de Carlos Urán, todo se trató de un plan articulado para esconder los motivos reales de su muerte (una ejecución extrajudicial”, agregó Germán Romero en diálogo con este diario. Ángela María Buitrago, una de las abogadas y exfiscales que mejor conoce la investigación, coincide con Romero.
Para la jurista, el hecho de que todos los rehenes de la toma, incluidos los desaparecidos, estuvieron bajo el control y la responsabilidad de entidades estatales, significa que el Estado tenía y sigue teniendo el deber de explicarles a las familias qué pasó con sus seres queridos y dónde están sus restos. “El Estado tiene que explicar cómo murieron y qué pasó con sus cuerpos durante los últimos 35 años. El problema con la investigación de la Fiscalía, que lleva años labrando el camino para decir que no hubo desaparecidos, es que en cualquier momento van a decir que el incendio tampoco existió. No han investigado lo realmente clave”, señaló Buitrago. (Justicia ordinaria no debería frenar procesos contra militares: Tribunal para la Paz)
Para la exfiscal, quien llevó a juicio al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales -el único con condena ejecutoriada por desapariciones forzadas tras la toma del Palacio- y salió de la Fiscalía cuando se aprestaba a capturar a varios militares más implicados en estos expedientes, hay por lo menos dos temas que nunca se han tocado. El primero es quién ordenó el ataque que hizo el Ejército al baño del tercer piso con dinamita, donde se sabía bien que había unos 50 rehenes en estado de indefensión (muchos de ellos resultaron gravemente heridos). Y el segundo, las amenazas que la mayoría de familiares de los desaparecidos recibieron cuando empezaron a indagar por el paradero de sus seres queridos.
Aunque la sentencia de la Corte IDH marcó un hito en la historia del Palacio y obligó al Estado a adelantar investigaciones que no hizo en 30 años, los familiares de quienes no volvieron a sus casas se han encargado de buscar y de mantener viva la memoria de los suyos. Contaron con el apoyo del abogado Eduardo Umaña -asesinado en 1998-, quien puso la piedra angular en la investigación penal para que el país supiera que, en este oscuro episodio de la historia nacional, no solo el M-19 cometió graves violaciones de derechos humanos, sino que también lo hizo la Fuerza Pública. Son estas familias las que seguirán insistiendo y exigiendo a la Fiscalía que entregar restos sin develar verdad ni hoy ni nunca será suficiente.
“Lo que deberían decir categóricamente es que las personas desaparecieron en una operación ordenada por el Estado, cuando su deber era proteger a esos rehenes y no limpiar el Palacio o no revolver los restos. Si vamos a concluir que es un tema de huesos revueltos, pues el Estado también es responsable de eso. Por eso no sería raro que cambien la hipótesis, nieguen a los desaparecidos y le cambien el nombre a semejante violación de derechos. Pero en Colombia ya estamos acostumbrados a eso. Aquí no son ejecuciones extrajudiciales, sino falsos positivos; no son masacres, sino homicidios colectivos. No son desaparecidos forzosamente, sino huesos revueltos y mal entregados”, concluyó la exfiscal Buitrago.
El eterno regreso al tema de los desaparecidos del Palacio de Justicia, cada aniversario del holocausto ocurrido en 1985, es ahora, más que nunca, necesario. Esta semana, al cumplirse 35 años de la toma (del M-19) y retoma (del Ejército) del edificio, volvieron los actos conmemorativos de uno de los hechos más representativos de la historia de la guerra en Colombia. Y de nuevo las exigencias de las víctimas por verdad y justicia volvieron a escucharse. Sin embargo, esos clamores tienen este año una característica especial: entre los familiares de los desaparecidos se consolida la idea de que, a pesar de las palabras y promesas de la Fiscalía, las investigaciones están tomando un rumbo inquietante. (La nefasta verdad detrás de la retoma del Palacio de Justicia, según la Corte Suprema)
Aunque el ente investigador ha afirmado en varias ocasiones que siguen investigando la hipótesis de que sí hubo desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia por parte de la Fuerza Pública, lo cierto es que sus resultados muestran una convicción diferente. Si bien han logrado la identificación de seis de los 11 desaparecidos que reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014, las investigaciones por los responsables de estos crímenes, así como los motivos y contextos, no han tenido un solo avance. La concentración de la Fiscalía en solo identificar los restos y entregarlos a sus familiares de manera digna se convirtió en su estrategia.
“La Fiscalía se convirtió en una oficina de entrega de fragmentos óseos”, reclama René Guarín. Su hermana, Cristina del Pilar Guarín, se unió a los trabajadores de la cafetería del Palacio unas semanas antes de que el M-19 asaltara el edificio. Llegó para reemplazar a la esposa del administrador de la cafetería, Carlos Rodríguez Vera, quien para ese momento estaba por dar a luz a su hija Alejandra. Carlos Rodríguez no conoció a Alejandra; Cristina de Guarín, cuya familia y la familia Rodríguez habían sido amigas de toda la vida, tampoco. Desde 1985, los Rodríguez y los Guarín han sufrido el viacrucis de buscar a sus seres queridos, reconocidos como víctimas de desaparición forzada por la Corte Interamericana.
La diferencia entre ambos núcleos familiares es que los restos de Guarín ya fueron hallados, identificados y entregados. En 2015, la Fiscalía los encontró en la tumba de otra víctima del holocausto: Marina Ferrer, quien el 6 de noviembre de 1985 fue al Palacio a visitar a una amiga que era secretaria de un magistrado. Para los Guarín, sin embargo, hallar los restos es apenas una pieza de un gran rompecabezas. No en vano la Corte Interamericana señaló en su fallo de 2014: “La desaparición de una persona, porque no se conoce su paradero, no es lo mismo que una desaparición forzada (…) el examen de una desaparición forzada debe ser consecuente con la violación compleja de derechos humanos que esta conlleva”.
Para los familiares de las víctimas y sus abogados, sin embargo, en la Fiscalía no hay interés en hacer un análisis exhaustivo alrededor del crimen que sufrieron los desaparecidos. Esa falta de resultados se evidencia hasta en las respuestas que da la propia Fiscalía. A varias preguntas puntuales de este diario sobre los avances de esas investigaciones, el organismo se limitó a detallar su trabajo en la identificación y entrega de cuerpos, pero nada sobre nuevas indagaciones o resoluciones de situaciones jurídicas (varias de ellas embolatadas desde hace más de cinco años). Para la Fiscalía, el hallazgo de los seis cuerpos “implica el compromiso de establecer la causa del fenómeno (de la desaparición)”. (Palacio de Justicia: ¿por qué el coronel (r) Plazas Vega fue absuelto y su superior no?)
Ese pronunciamiento de la Corte va en contravía de lo que le dijo la Fiscalía a este diario: “Hay desaparición mientras no encontremos a cada uno de los desaparecidos mencionados en la Sentencia de la Corte IDH”. Aun así, el organismo investigativo asegura que “la hipótesis de trabajo, desde el punto de vista jurídico penal, sigue siendo la misma, la supuesta configuración de desaparición forzada”. Al tiempo, señala que se debe “entender por qué se dieron los numerosos casos de entregas de cuerpos a familias que no les correspondían, incluso mezclándose piezas de diferentes cadáveres y hasta de distinto género. ¿Correspondió a un patrón deliberado?”.
El ente reitera que no ha parado de trabajar, pues ha realizado múltiples diligencias como inspecciones con exhumaciones, “buscando ampliar ADN para mejorar la búsqueda de aquellos que están en condición de desaparecidos”. También afirmó que las investigaciones no están estancadas, sino que están sometidas a una reserva sumarial que solo permite conocer sus avances a las víctimas y las partes de los procesos. Una posición que contrasta con la de los familiares de los desaparecidos y sus abogados consultados por este diario: todos coinciden en que no han sido notificados de ninguna decisión por parte de la Fiscalía en los últimos años. (Los reproches a la Fiscalía sobre hipótesis de los desaparecidos del Palacio de Justicia)
“La Fiscalía no ha hecho nada en los últimos cinco años. Se han dedicado a hacer el trabajo de transportador. Se suponía que a junio iban a estar reconocidas ya todas las cajas de las exhumaciones últimas que se han hecho, estamos a noviembre y eso no ha pasado. Al papá del magistrado Jorge Alberto Echeverry, en cuya tumba encontraron los restos de mi hermano, lo trajeron a Bogotá la semana pasada a hacerle exámenes y a ellos ya se los habían hecho. Es una burocracia para gastar plata”, dice, sin ocultar su molestia, Sandra Beltrán. Los restos de su hermano, Bernardo Beltrán, fueron encontrados en septiembre de 2017 en Manizales y entregados a su familia en noviembre de ese mismo año. Del paradero de los restos de Echeverry no se sabe nada aún.
Otro ejemplo de esta situación es el caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien, aunque salió vivo del Palacio, fue ejecutado extrajudicialmente. Como lo reveló este diario en 2018, los fiscales del caso tienen en su poder desde hace más de siete años los borradores de documentos para resolver la situación jurídica de tres generales retirados vinculados a este expediente. Pero ni la familia del jurista ni sus abogados han tenido noticia de algún avance. La situación se repite en los casos de Cristina del Pilar Guarín, Héctor Jaime Beltrán y Luz Mary Portela, tres personas cuyos restos ya fueron encontrados y devueltos a sus familiares, pero cuyas investigaciones por desaparición forzada están en ceros.
Luz Mary Portela, una humilde mujer del sur de Bogotá, regresó al seno de su familia en noviembre de 2016. Un año antes, en noviembre de 2015, Medicina Legal les entregó a sus parientes el informe pericial de identificación, en el cual se lee que ella estaba en la tumba de una secretaria de la Corte Suprema llamada Libia Rincón Mora, en el cementerio Jardines de Paz. Su cadáver estaba totalmente carbonizado, “cuya causa no pudo ser determinada por la autopsia”. Desde entonces, su familia no ha sabido nada más con respecto a las circunstancias en que Portela perdió la vida. Las pesquisas sobre la desaparición forzada de que fue víctima no han avanzado.
“La Corte concluye que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía. Entre los lugares donde trasladaron a sospechosos se encuentran las instalaciones de la Escuela de Caballería y del Batallón Charry Solano (...) la prueba en el expediente refiere que fueron consideradas sospechosas de colaborar en la toma del Palacio de Justicia por autoridades estatales”, advirtió el tribunal interamericano hace seis años. (El día en que Belisario Betancur pidió perdón)
¿Hipótesis abandonada?
Ese fallo fue clave, pues con él nació una nueva línea de investigación en la Fiscalía que la llevó a descubrir múltiples restos que fueron entregados de manera errónea en 1985. Por ese camino ha dado con las osamentas de al menos seis de las 11 personas reconocidas como víctimas de desaparición forzada en el fallo de la Corte. Pero “las exhumaciones no han estado acompañadas de una estrategia de verdad. Las hipótesis de muerte de estas personas han sido abandonadas, no se han hecho esfuerzos extras sobre ello, y hay víctimas como Marina Isabel Ferrer o el magistrado Julio Andrade, cuyas familias no tienen respuestas ni siquiera de dónde están sus restos”.
Las palabras son del abogado Germán Romero, quien desde hace años defiende a los familiares de Carlos Augusto Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio. Sus restos no han sido aún hallados y su caso tiene una particularidad: en el proceso ante la Corte Interamericana, el Estado admitió su responsabilidad en la desaparición forzada de él y de Irma Franco, guerrillera del M-19. En los demás casos, para el Estado colombiano, hubo “errores cometidos en el manejo del lugar de los hechos y en la identificación de restos mortales”. “Lo que vemos es que, en definitiva, no se está buscando más a los desaparecidos del Palacio de Justicia”, resalta el abogado Romero.
Juristas como Romero, y como Eduardo Carreño, otro abogado de familiares de los desaparecidos, coinciden en que la Fiscalía, aunque investiga dónde están los restos de las víctimas, consolida cada vez más la tesis de que, en lugar de desaparición forzada, lo que ocurrió después del 7 de noviembre en el Palacio de Justicia y Medicina Legal fue meramente un problema administrativo y no una grave violación de derechos humanos. Lo que sí ha logrado mostrar el ente investigador durante los últimos cinco años es, precisamente, el caos institucional que se vivió durante la entrega de los restos de casi 100 personas que murieron entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. (Justicia colombiana no revisará indultos al M-19 por el Palacio de Justicia)
Aunque la Fiscalía ha insistido en este desorden en años recientes, desde 1985 era claro que lo que sucedió tras la toma y retoma fue una seguidilla de irregularidades de parte de los médicos forenses, del Ejército (que lavó el piso del Palacio cuando todavía había restos calcinados de víctimas) y de los cuestionables protocolos de identificación con los que Medicina Legal entregó cuerpos a las familias de las víctimas. Y en este cúmulo de procedimientos irregulares por parte de entidades y de la Fuerza Pública es que los abogados encuentran un enorme vacío investigativo, pues, aseguran, nunca se ha investigado quiénes fueron los responsables de ese desorden. Porque, de seguro, no fue gratuito.
“Si hoy en día se trata de instalar la tesis de la indebida individualización y entrega deficiente de los restos, no se ha revisado qué sucedió en Medicina Legal. Solo existe la conjetura de que se desbordaron los servicios forenses, pero se obvia, por ejemplo, que hubo órdenes de la justicia penal militar para trasladar cuerpos a fosas del cementerio del Sur, que el control de los cuerpos estuvo bajo la Fuerza Pública y que, en casos como el de Carlos Urán, todo se trató de un plan articulado para esconder los motivos reales de su muerte (una ejecución extrajudicial”, agregó Germán Romero en diálogo con este diario. Ángela María Buitrago, una de las abogadas y exfiscales que mejor conoce la investigación, coincide con Romero.
Para la jurista, el hecho de que todos los rehenes de la toma, incluidos los desaparecidos, estuvieron bajo el control y la responsabilidad de entidades estatales, significa que el Estado tenía y sigue teniendo el deber de explicarles a las familias qué pasó con sus seres queridos y dónde están sus restos. “El Estado tiene que explicar cómo murieron y qué pasó con sus cuerpos durante los últimos 35 años. El problema con la investigación de la Fiscalía, que lleva años labrando el camino para decir que no hubo desaparecidos, es que en cualquier momento van a decir que el incendio tampoco existió. No han investigado lo realmente clave”, señaló Buitrago. (Justicia ordinaria no debería frenar procesos contra militares: Tribunal para la Paz)
Para la exfiscal, quien llevó a juicio al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales -el único con condena ejecutoriada por desapariciones forzadas tras la toma del Palacio- y salió de la Fiscalía cuando se aprestaba a capturar a varios militares más implicados en estos expedientes, hay por lo menos dos temas que nunca se han tocado. El primero es quién ordenó el ataque que hizo el Ejército al baño del tercer piso con dinamita, donde se sabía bien que había unos 50 rehenes en estado de indefensión (muchos de ellos resultaron gravemente heridos). Y el segundo, las amenazas que la mayoría de familiares de los desaparecidos recibieron cuando empezaron a indagar por el paradero de sus seres queridos.
Aunque la sentencia de la Corte IDH marcó un hito en la historia del Palacio y obligó al Estado a adelantar investigaciones que no hizo en 30 años, los familiares de quienes no volvieron a sus casas se han encargado de buscar y de mantener viva la memoria de los suyos. Contaron con el apoyo del abogado Eduardo Umaña -asesinado en 1998-, quien puso la piedra angular en la investigación penal para que el país supiera que, en este oscuro episodio de la historia nacional, no solo el M-19 cometió graves violaciones de derechos humanos, sino que también lo hizo la Fuerza Pública. Son estas familias las que seguirán insistiendo y exigiendo a la Fiscalía que entregar restos sin develar verdad ni hoy ni nunca será suficiente.
“Lo que deberían decir categóricamente es que las personas desaparecieron en una operación ordenada por el Estado, cuando su deber era proteger a esos rehenes y no limpiar el Palacio o no revolver los restos. Si vamos a concluir que es un tema de huesos revueltos, pues el Estado también es responsable de eso. Por eso no sería raro que cambien la hipótesis, nieguen a los desaparecidos y le cambien el nombre a semejante violación de derechos. Pero en Colombia ya estamos acostumbrados a eso. Aquí no son ejecuciones extrajudiciales, sino falsos positivos; no son masacres, sino homicidios colectivos. No son desaparecidos forzosamente, sino huesos revueltos y mal entregados”, concluyó la exfiscal Buitrago.