Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Disciplina Judicial se reunieron este martes con la Fiscalía General para coordinar medidas que refuercen la seguridad del Palacio de Justicia y la de todos los servidores, luego de que se conociera un supuesto plan de atentado. En el encuentro, también estuvieron presentes el director de la Policía, el general William Salamanca Ramírez; y Carlos Galán, alcalde de Bogotá, quien señaló que llegaron a la reunión a “manifestar lo que Bogotá está haciendo para proteger las altas cortes y el Palacio de Justicia y entornos que puedan estar en riesgo”.
En un comunicado de dos páginas que se dio a conocer más de cuatro horas después de que se terminara la reunión del más alto nivel, los presidentes de las altas cortes pidieron “a todos los sectores de la sociedad a estar vigilantes y a colaborar activamente en la protección de nuestras instituciones”. Los líderes de los altos tribunales resaltaron que “la seguridad de nuestras instituciones judiciales no es solo una prioridad, sino un pilar fundamental para la estabilidad y el progreso de nuestra nación”.
De acuerdo con la Fiscalía, el allanamiento a dos viviendas al sur de Bogotá el pasado 13 de agosto permitió que se encontraran 68 cartuchos y dos proveedores para fusil 5.56, 16 paquetes de pólvora explosiva, un chaleco de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y una maqueta que al parecer corresponde al Palacio de Justicia.
Fuentes consultadas por El Espectador, confirmaron que desde el día anterior en que fue conocida la noticia, algunos magistrados de la Corte Suprema ya habían sido alertados de este presunto plan. Las otras cortes, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, desconocían la información hasta el momento en que se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, quien declaró que partiendo de los resultados del allanamiento, es necesario “que se implementen medidas de seguridad para garantizar que el acceso al Palacio de Justicia por parte de los magistrados, y los empleados, no vaya a tener ningún riesgo para la vida y la integridad de estos”.
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