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La Corte Suprema de Justicia acaba de dejar en firme la condena de 35 años de prisión en contra del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien comandaba la Brigada XIII cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985. El 20 de diciembre de 2017, este alto tribunal admitió la demanda de casación del alto oficial retirado y este martes negó su petición de ser absuelto tras ser condenado en primera y segunda instancia por la desaparición forzada de Carlos Rodríguez, Bernardo Beltrán, Luz Mary Portela e Irma Franco.
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Luego de que el M-19 se tomara las instalaciones de la Corte, Arias Cabrales fue el encargado de liderar la recuperación del edificio. A su cargo tuvo todo el operativo en el que participaron la Policía, el DAS y el Ejército. Por ende, al estar al frente de las acciones militares, quedó probado que el general Arias Cabrales “fue el artífice principal de las conductas ocurridas con ocasión de la ‘solución final’ que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron”, según el fallo de 253 páginas que deja en firme su condena.
La Sala Penal de la alta corte señaló que "Las órdenes del general Arias Cabrales (...) demuestran que él, conductor del operativo y dominador de la acción dispuso y ordenó la retención y custodia de los retenidos, de aquellos que salieron vivos del Palacio, en medio de una acción que él personalmente dirigió conforme al diseño del 'Plan Tricolor' y al convenio con sus superiories. (...) la desaparición de los 'capturados' corresponde a un plan estratégicamente diseñado desde cuando se inició la operación".
En el fallo también se relata que después de que los guerrilleros tomaran control del Palacio, la Fuerza Pública comenzó a rodear el edificio con vehículos militares. Luego el propio Arias Cabrales ordenó que estos entraran a las instalaciones y que las personas rescatadas fueran evacuadas a la Casa del Florero (ubicado al lado del Palacio), según declararon varios uniformados, entre ellos, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Este ya fue investigado y absuelto por este mismo alto tribunal en el caso de los desaparecidos del Palacio.
Uno de los argumentos de Arias Cabrales ante la justicia fue que él no hizo parte de lo que ocurrió en la Casa del Florero. Según las investigaciones, allí se interrogó a personas que salieron con vida del Palacio y luego desaparecieron. El general (r) dijo en su defensa que el 6 y 7 de noviembre de 1985 se rescataron al rededor de 400 personas y que en su identificación de los rehenes participaron varias entidades del estatales e internacionales como la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, varios miembros del operativo indicaron que recibieron la orden expresa de Arias Cabrales de "controlar" a las personas que se evacuaban del edificio en llamas.
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En la sentencia la Corte precisó: "El operativo debe analizarse como unidad". El alto tribunal indicó que "se debe observar que la retención de los ‘sospechosos’ y la aprehensión de los guerrilleros, no es una acción o idea de último momento, o la manifestación coyuntural de una idea que al final se le ocurrió a alguien. No. Las órdenes del general Arias Cabrales, que la Sala ha indicado, demuestran que él, conductor del operativo y dominador de la acción, dispuso y ordenó la retención y custodia de los retenidos, de aquellos que salieron vivos del Palacio, en medio de una acción que él personalmente dirigió conforme al diseño del ‘Plan Tricolor’ y al convenio con sus superiores".
Desde diciembre de 2018 la Procuraduría pidió que la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá quedara tal cual: es decir, que le mantuviera la pena de 35 años de prisión por la desaparición forzada de Carlos Rodríguez, Bernardo Beltrán, Luz Mary Portela (trabajadores de la cafetería del Palacio) e Irma Franco, guerrillera del M-19. El Ministerio Público agregó: “Los fallos de instancia probaron que el general Arias Cabrales tenía la capacidad legal y fáctica de hacerlo, pero no adoptó (las medidas para prevenir el crimen) (…) no realizó la conducta que debió realizar como garante de los derechos de esas personas protegidas por la Constitución y la ley colombianas”.