Palacio de justicia de Tuluá: la rama judicial cierra filas en rechazo a su incineración

Mientras Policía y Fiscalía intentan establecer responsabilidades en el incendio que destruyó buena parte del palacio de justicia de Tuluá, diferentes órganos de la rama judicial expresaron su rechazo a lo ocurrido. Aunque todavía no se conocen las motivaciones que podrían tener las personas que comenzaron lanzando bombas molotov hacia el edificio y terminaron incinerándolo, ni se ha establecido qué tanto de los expedientes judiciales que reposaban allí se perdieron, juzgados, tribunales y organismos del poder judicial han cerrado filas pidiendo que cesen los ataques contra la justicia.

(En contexto: “Esto tiene que cesar”: Judicatura repudia incendio del palacio de justicia de Tuluá)

Uno de los primeros en expresar su rechazo fue el fiscal Francisco Barbosa, quien se pronunció en la noche misma del 25 de mayo, mientras los bomberos de Tuluá apagaban las llamas que consumían el edificio. Primero reprochó lo sucedido, calificándolo de “terrorismo” y anunció que priorizaron la investigación. “Queremos decirle a la ciudadanía y al país que debe respetarse a la rama judicial del poder público en Colombia. Que nuestros magistrados, jueces, fiscales, investigadores, todas las personas que hacen parte de la rama judicial le cumplen un servicio al país y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de sus funciones”.

Asimismo, el Tribunal Superior de Cali manifestó su rechazo a lo ocurrido en el palacio de justicia, “ícono histórico de esa ciudad y emblema de la institucionalidad democrática”, escribieron los magistrados en un comunicado firmado por la presidenta de la corporación, Gloria del Socorro Victoria Giraldo. Además, el Tribunal expresó “su repudio por esas acciones que se empeñan en desnaturalizar el contenido material del ejercicio legítimo de la consolidada protesta pública de varios sectores de la sociedad” y pidió “investigaciones con el propósito de identificar los elementos o fuerzas que persiguen de esa forma socavar las instituciones y deslegitimar ese derecho”.

(Lea también: Noche de terror en Tuluá (Valle): un muerto, saqueos y el palacio de justicia incinerado)

En la ciudad de Popayán, donde la justicia ya ha experimentado ataques en los días de paro nacional, los jueces también se pronunciaron. Los togados de ese distrito judicial le hicieron un llamada al Gobierno, pues sienten que ha “minimizado el valor de la justicia, toda vez que, no está cumpliendo con la prevención y la custodia de las sedes judiciales”. Para los funcionarios, “los momentos que vive nuestro país ameritan ordenar el acordonamiento de todos los espacios judiciales”. Y añadieron que, “existen intereses sombríos en debilitar la justicia”, pues en la capital del Cauca vivieron la quema de una Unidad de Reacción Inmediata y de la sede de Medicina Legal.

El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, el magistrado Julio Sampedro, dijo igualmente que lo ocurrido en el palacio de justicia de Tuluá, “es una condena radical terrorista en contra de la administración de justicia”. Y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia manifestó su rechazo: “se hace un llamado a preservar la justicia como fundamento de la democracia”, reza un comunicado firmado por el presidente de la Sala, el magistrado Francisco Ternera. Igualmente, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Gloria López, dijo que “estos ataques tienen que cesar” y recordó que son los jueces quienes garantizan los derechos de los ciudadanos.

(En contexto: Paro nacional en Tulúa: ¿Qué se sabe del incendio al Palacio de Justicia de este municipio)

Asimismo, la Corporación Excelencia en la Justicia, centro de pensamiento que sigue de cerca a la rama judicial, expresó: “El incendio de la sede judicial y el posible daño de un gran número de expedientes que allí reposan no solo recuerdan los momentos de barbarie ocurridos en noviembre de 1985, con relación al Palacio de Justicia en Bogotá, sino que deslegitima, irrespeta y pone en segundo plano toda forma pacífica de manifestación ciudadana”. El director de la organización, Hernando Herrera, dijo: “Un atentado contra la justicia es un atentado en general contra la sociedad”.

Mientras Policía y Fiscalía intentan establecer responsabilidades en el incendio que destruyó buena parte del palacio de justicia de Tuluá, diferentes órganos de la rama judicial expresaron su rechazo a lo ocurrido. Aunque todavía no se conocen las motivaciones que podrían tener las personas que comenzaron lanzando bombas molotov hacia el edificio y terminaron incinerándolo, ni se ha establecido qué tanto de los expedientes judiciales que reposaban allí se perdieron, juzgados, tribunales y organismos del poder judicial han cerrado filas pidiendo que cesen los ataques contra la justicia.

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Uno de los primeros en expresar su rechazo fue el fiscal Francisco Barbosa, quien se pronunció en la noche misma del 25 de mayo, mientras los bomberos de Tuluá apagaban las llamas que consumían el edificio. Primero reprochó lo sucedido, calificándolo de “terrorismo” y anunció que priorizaron la investigación. “Queremos decirle a la ciudadanía y al país que debe respetarse a la rama judicial del poder público en Colombia. Que nuestros magistrados, jueces, fiscales, investigadores, todas las personas que hacen parte de la rama judicial le cumplen un servicio al país y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de sus funciones”.

Asimismo, el Tribunal Superior de Cali manifestó su rechazo a lo ocurrido en el palacio de justicia, “ícono histórico de esa ciudad y emblema de la institucionalidad democrática”, escribieron los magistrados en un comunicado firmado por la presidenta de la corporación, Gloria del Socorro Victoria Giraldo. Además, el Tribunal expresó “su repudio por esas acciones que se empeñan en desnaturalizar el contenido material del ejercicio legítimo de la consolidada protesta pública de varios sectores de la sociedad” y pidió “investigaciones con el propósito de identificar los elementos o fuerzas que persiguen de esa forma socavar las instituciones y deslegitimar ese derecho”.

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En la ciudad de Popayán, donde la justicia ya ha experimentado ataques en los días de paro nacional, los jueces también se pronunciaron. Los togados de ese distrito judicial le hicieron un llamada al Gobierno, pues sienten que ha “minimizado el valor de la justicia, toda vez que, no está cumpliendo con la prevención y la custodia de las sedes judiciales”. Para los funcionarios, “los momentos que vive nuestro país ameritan ordenar el acordonamiento de todos los espacios judiciales”. Y añadieron que, “existen intereses sombríos en debilitar la justicia”, pues en la capital del Cauca vivieron la quema de una Unidad de Reacción Inmediata y de la sede de Medicina Legal.

El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, el magistrado Julio Sampedro, dijo igualmente que lo ocurrido en el palacio de justicia de Tuluá, “es una condena radical terrorista en contra de la administración de justicia”. Y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia manifestó su rechazo: “se hace un llamado a preservar la justicia como fundamento de la democracia”, reza un comunicado firmado por el presidente de la Sala, el magistrado Francisco Ternera. Igualmente, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Gloria López, dijo que “estos ataques tienen que cesar” y recordó que son los jueces quienes garantizan los derechos de los ciudadanos.

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Asimismo, la Corporación Excelencia en la Justicia, centro de pensamiento que sigue de cerca a la rama judicial, expresó: “El incendio de la sede judicial y el posible daño de un gran número de expedientes que allí reposan no solo recuerdan los momentos de barbarie ocurridos en noviembre de 1985, con relación al Palacio de Justicia en Bogotá, sino que deslegitima, irrespeta y pone en segundo plano toda forma pacífica de manifestación ciudadana”. El director de la organización, Hernando Herrera, dijo: “Un atentado contra la justicia es un atentado en general contra la sociedad”.