Palacio de Justicia: JEP estudia protección para la Casa del Florero y otros sitios
Gracias a una solicitud de Helena Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, víctima del Palacio de Justicia en 1985, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudia la posibilidad de ordenar medidas cautelares para proteger la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur en Bogotá.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudia la posibilidad de otorgar medidas cautelares para proteger la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur en Bogotá. El trámite se da luego de que la sala conoció la solicitud Helena Urán Bidegain, hija de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado desaparecido y asesinado en la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
La JEP indica que la solicitud de Urán salvaguarda de los derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición de las víctimas de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. En el trámite, la Sección solicitó información que permita recopilar nuevos elementos probatorios para adoptar una decisión y así ordenar o no medidas cautelares sobre estos espacios.
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Como le contó Helena Urán a Cecilia Tascón para este diario, la solicitud argumenta que “la arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática”, explicó la hija del magistrado.
Helena Urán dijo también en la entrevista que debería haber placas, exposiciones y tareas pedagógicas que consignen la memoria de aquellas víctimas del Palacio en espacios como el Cantón Norte, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas; o el Museo del Florero, “el cual fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”, justificó la víctima.
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Justo el pasado 6 de julio, un juez de Bogotá ordenó la captura del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, quien fue comandante de Inteligencia del Ejército y condenado a 40 años de prisión, al ser declarado responsable en la desaparición forzada de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, durante los hechos del Palacio de Justicia. La decisión también cobija a los exmilitares condenados, en esa misma decisión, Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardín Causayá Peña.
El pasado 16 de marzo ya la Corte Suprema de Justicia había confirmado la condena de 40 años de prisión contra Sánchez Rubiano, el entonces capitán Óscar William Vásquez Rodríguez, Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardín Causayá Peña por su responsabilidad en las desapariciones mencionadas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudia la posibilidad de otorgar medidas cautelares para proteger la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur en Bogotá. El trámite se da luego de que la sala conoció la solicitud Helena Urán Bidegain, hija de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado desaparecido y asesinado en la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
La JEP indica que la solicitud de Urán salvaguarda de los derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición de las víctimas de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. En el trámite, la Sección solicitó información que permita recopilar nuevos elementos probatorios para adoptar una decisión y así ordenar o no medidas cautelares sobre estos espacios.
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Como le contó Helena Urán a Cecilia Tascón para este diario, la solicitud argumenta que “la arquitectura y los espacios oficiales guardan la memoria de todo, incluyendo los horrores ocurridos en ellos. Es esencial que esos espacios sean transformados en lugares de memoria y que sirvan para la pedagogía democrática”, explicó la hija del magistrado.
Helena Urán dijo también en la entrevista que debería haber placas, exposiciones y tareas pedagógicas que consignen la memoria de aquellas víctimas del Palacio en espacios como el Cantón Norte, en donde desaparecieron y, después de muchos años, aparecieron los restos de varias personas; o el Museo del Florero, “el cual fue usado como centro de operaciones adonde llevaban a quienes salían vivos del Palacio para después trasladarlos y desaparecerlos”, justificó la víctima.
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El pasado 16 de marzo ya la Corte Suprema de Justicia había confirmado la condena de 40 años de prisión contra Sánchez Rubiano, el entonces capitán Óscar William Vásquez Rodríguez, Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardín Causayá Peña por su responsabilidad en las desapariciones mencionadas.
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