La Fiscalía General tiene en sus manos una nueva investigación que toca a las más altas esferas judiciales del país, esta vez relacionada con la seguridad de las altas cortes. El ente investigador adelanta desde el pasado 13 de agosto las averiguaciones para desenmarañar un presunto plan para atentar contra del Palacio de Justicia de Bogotá, donde funcionan la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. A inicio de la próxima semana, los presidentes de los altos tribunales, así como del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Disciplina Judicial, se reunirán para tratar el tema con las autoridades y medir el riesgo al que realmente se enfrentan.
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En un operativo que se realizó el pasado martes 13 de agosto en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, el ente investigador allanó dos inmuebles que según las denuncias que habían llegado a sus oídos, eran usados por una red de traficantes. En medio de las acciones, encontraron que dicho lugar era la vivienda de Miguel Ángel Alarcón Garcés, alias Alarcón, un hombre con antecedentes por tráfico de drogas, quien había sido asesinado un día antes, el lunes 12 de agosto. En el lugar, se encontró una maqueta del Palacio de Justicia y varios paquetes de explosivos y municiones.
El delicado tema se mantuvo en secreto hasta la mañana de este viernes, cuando se filtraron fragmentos de la comunicación entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra; y algunos magistrados de ese alto tribunal. En esas conversaciones, el presidente de la Corte le dio a conocer a sus compañeros de la Sala Plena la información que le había entregado directamente la fiscal general Luz Adriana Camargo. Asimismo, según manifestó públicamente el mismo Chaverra, se lo comunicó inmediatamente al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes; y a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina.
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Por dos días, quienes conocían lo que estaba sucediendo guardaron silencio. Incluso, el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Chaves García, se enteró del supuesto plan de atentado dos días después en Villavicencio (Meta), ciudad en la que estaba desde el 14 de agosto. Allí, Chaves, que estaba con la presidenta Remolina en un encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se llevó a cabo esta semana, supo lo que pasaba por una llamada que le hizo el magistrado Gerson Chaverra, cuando las alarmas ya estaban encendidas y las primeras decisiones de seguridad empezaban a tomarse.
Mientras que Chaves se enteraba de la noticia en Villavicencio, en Bogotá la Sala de Gobierno de la Corte Suprema ya había sostenido una reunión con las autoridades. La conclusión de ese encuentro fue que es necesario que se refuercen y adopten nuevas medidas de seguridad “en el Palacio de Justicia, para evitar de que se vaya a perpetrar un atentado terrorista”, como lo dijo el magistrado Chaverra. Ante los anuncios, el Congreso de la República, vecino del Palacio de Justicia cruzando la Plaza de Bolívar de Bogotá, pidió también que se aumentara su seguridad de sus edificios y la de los legisladores.
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Con todos los presidentes de las altas cortes al tanto de lo que ocurría, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Comisión Nacional Disciplina Judicial, se unieron para “rechazan enfáticamente cualquier acto que amenace la integridad de los (as) servidores judiciales y la autonomía de la labor que desempeña la justicia en Colombia”. Además, aunque saben que las investigaciones de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía avanzan, no minimizaron las alertas y consideraron que “este es un asunto de Seguridad Nacional”.
Por su parte, en el ala política, se pronunció el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde la Presidencia de la República manifestaron que desde que conocieron del supuesto plan para atentar contra las cortes, con ayuda de la Policía y el Ejército han instalado sistemas avanzados de vigilancia, dispuesto equipos antiexplosivos, y destinado drones para monitorear el edificio Alfonso Reyes Echandía, dentro de otras acciones. Sin embargo, más allá del papel, el presidente Petro, quien estuvo cara a cara con magistrados en Villavicencio el día que se filtraron las conversaciones de Chaverra, no se refirió públicamente a nada en relación con el tema de la seguridad en el Palacio de Justicia.
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Quien sí habló al respecto fue la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien dijo que aunque se están evaluando las pruebas y determinando el riesgo, “es una alerta que no se puede descuidar”. La alta funcionaria señaló que “esto sucedió igual en la toma del Palacio (1985), estaban alertados todos los órganos de seguridad y se hizo caso omiso”, razón por la que el tema de seguridad en la justicia es prioritario para ella. Aun así, las altas cortes seguirán trabajando desde el edificio, mientras que el martes atienden la reunión para marcar cuáles deben ser las medidas que tomen mientras se descubre quién está detrás del supuesto plan y qué tan factible es que se materialice.
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