Desde hace por lo menos 20 años, las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia han dicho que existe un pacto de silencio que ha trancado todas las investigaciones judiciales y ocultado la verdad de lo que sucedió ese 6 y 7 de noviembre de 1985. El expediente de los desaparecidos, torturados, asesinados y ejecutados extrajudicialmente lo sigue tapando el manto de la impunidad sin que nadie, por lo menos en los últimos 10 años, haya avanzado en el esclarecimiento de los crímenes o en las condenas de los responsables. Hoy, la Comisión de la Verdad presenta un documento histórico que muestra detalles que la justicia, hasta ahora, no había dicho con tanta certeza.
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De la mano de Forensic Architecture, la Comisión revela, por primera vez en 36 años, qué pasó en la Casa del Florero, lugar al que llegaron cientos de víctimas del edificio tomado a la fuerza por la guerrilla del M-19 y retomado, también con armas, por el Ejército y otros agentes del Estado. Además, entrega nuevas hipótesis de cómo habría muerto el magistrado Carlos Horacio Urán, quien salió con vida del Palacio y apareció adentro del edificio sin vida; sobre qué habría pasado con varios los trabajadores de la cafetería, cuyos cuerpos estuvieron desaparecidos al menos 30 años; y de cómo la fuerza pública, apoyada por agentes infiltrados y de inteligencia, estuvieron en la primera línea de la operación que terminó en al menos 11 desaparecidos, torturados, asesinados y ejecutados extrajudicialmente.
La primera caja negra en la calle 11
“Las cajas negras son la forma de Forensic Architecture y la Comisión de la Verdad de nombrar la imposibilidad de acceso a la información durante el proceso histórico de análisis de lo que sucedió en aquellos días, el manejo de las personas y la información relativa a su paradero. La investigación inició asumiendo la imposibilidad de acceso a dicha información, por lo que construyeron una metodología que permitiera, si no dar luz a estas cajas negras, por lo menos definir sus contornos, explicar su rol y la forma en la que la imposibilidad de saber qué sucedió en esos sitios ha reproducido la impunidad del caso”, explicó el Banco de la República en una reseña sobre este trabajo.
La primera caja negra se situó en la calle 11 con carrera séptima. Durante las primeras horas de la toma guerrillera el 6 de noviembre, por lo menos una decena de periodistas, con camarógrafos y fotógrafos a bordo, se agruparon en esa intersección en una esquina de la Plaza de Bolívar. Otros, se ubicaron en justo al frente del Palacio de Justicia. Pero el plano de más acción fue en la esquina, justamente donde queda, a un lado la Casa del Florero, y al otro la Catedral Primada de Bogotá. Sus tomas y fotografías permitieron, años después de lo sucedido, identificar a muchas personas cuyo rastro perdieron sus familiares en noviembre de 1985.
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Al revisar 105 videos que suman 49 horas y 29 minutos de grabación, la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture concluyeron que existió un cordón de seguridad, coordinado por todo tipo de agentes del Estado, que sirvió para clasificar a los sobrevivientes entre quienes iban a ser liberados de inmediato y quienes fueron víctimas de torturas, asesinatos o desaparecidos. El primer filtro para identificar si eran marcados con la etiqueta de “especiales”, se ubicó en el umbral de la puerta del Palacio de Justicia. El segundo, muy cerca de allí, pero afuera del edificio, en una fila que se formó entre la puerta principal y la Casa del Florero. Y el tercero, adentro de esa casa colonial.
Gran parte de esa logística la lograron captar las cámaras de los primeros reporteros que llegaron al lugar. Sin embargo, mientras adentro del Palacio se desarrollaba una guerra campal entre guerrilleros y uniformados, la prensa y cualquier civil que estuviera cerca del lugar, fue retirado del sitio en donde podían ver con claridad quiénes entraban a la Casa del Florero y quiénes salían de ahí. Para la investigación, es claro que esa decisión de apartar a la prensa fue tomada con el único propósito de ocultar la operación de inteligencia que desplegó el Ejército y otros agentes del Estado que terminó en un complejo esquema de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos.
Otra de las revelaciones de la Comisión y Forensic Architecture sobre este punto de la toma y retoma del Palacio de Justicia tiene que ver con el uso de agentes infiltrados. Aunque desde hace varios años se sabía que los batallones de inteligencia participaron en estos crímenes, hasta ahora se conocen con mejor detalle el papel que jugaron estos hombres que se vistieron de civiles, de médicos o de personas que, supuestamente, auxiliaron a los heridos. Uno de ellos resultó ser un hombre de estatura mediana, de pelo oscuro y barba, vestido de traje y saco naranja opaco, que en varios videos se le alcanza a ver con carpetas y papeles debajo del brazo. Según la investigación, esos documentos serían archivos de contrainteligencia que se usaron “para documentar a ‘personas de interés’”.
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El hombre aparece escoltando a varios sobrevivientes hacia la Casa del Florero, también caminando entre el Palacio y la calle 11 y, la última vez que lo registran las cámaras, se le ve adentro de una camioneta que transportó a una de las víctimas mortales al Cantón Norte. Todo eso ocurrió el 6 de noviembre. Las cámaras que lo registraron en lo que serían labores de inteligencia, también dejaron prueba de la salida del Palacio de Justicia del magistrado Carlos Horacio Urán, herido en una pierna y auxiliado por dos hombres vestidos con un uniforme naranja que lo cargaron sobre una camilla hasta la entrada de la Casa del Florero. La última vez que los vieron eran las 2:19 de la tarde.
Mediante una reconstrucción en 3D, contrastada con documentos oficiales y otros videos y fotografías, para la Comisión y Forensic Architecture, existen dos posibilidades. Uno, que a Urán lo llevaron adentro de la Casa del Florero. Y el otro, que lo montaron a una ambulancia que estaba estacionada al frente. “Suponiendo que el certificado de defunción de Urán es correcto, fue encontrado muerto dentro del Palacio 41 minutos después a las 3:00 pm. No podemos afirmar con certeza cuál fue el camino que tomó. Pero dado el estrecho margen de tiempo desde que fue visto hasta que supuestamente apareció adentro del Palacio, es más probable que hubiera sido llevado a la ambulancia que pudo ser utilizada para devolverlo al Palacio sin ser detectado”, afirma la investigación.
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El rastreo de los últimos minutos de Urán en la calle 11 permitió a los investigadores detectar a otro posible agente infiltrado. Un hombre con un chaleco de lo que sería la Cruz Roja que solo observa lo que sucede. “Estas imágenes apoyan la afirmación hecha por organizaciones de derechos humanos que sugiere que las fuerzas del Estado usaron como fachada las organizaciones humanitarias y de salud, incluyendo las ambulancias, para detener, torturar, asesinar y desaparecer a algunos de los rehenes”, explica la investigación que alertó sobre la constante presión de los uniformados por no dejar tomar videos cerca a la Casa del Florero, mientras la Comisión de la Verdad agregó otra denuncia grave: se habría perdido material que mostraba, en planos cerrados, quién salió del Palacio de Justicia con vida.
La segunda caja negra: la Casa del Florero
Desde las primeras horas de la toma del Palacio de Justicia, quedó claro que la Casa del Florero, una edificación colonial construida en el siglo 16, que servía y sigue sirviendo de museo, se convirtió en un centro de operaciones de los agentes del Estado. Pero desde 1985, nadie sabe con certeza qué pasó adentro. Quienes utilizaron el museo como centro de interrogatorios y de tareas de inteligencia se encargaron de no dejar una sola pista de su rastro. La Comisión de la Verdad y Forensic Architecture recopilaron testimonios de quienes fueron retenidos y de uniformados que participaron de las operaciones para recrear, por primera vez en 36 años, lo que pasó en la Casa del Florero.
La investigación explica que el trabajo de inteligencia se realizó bajo las instrucciones de los Manuales de Contrainsurgencia que se crearon durante el Estatuto de Seguridad entre 1978 y 1982, que decretó del gobierno de Julio César Turbay. La primera instrucción de ese manual estipulaba hacer un interrogatorio inicial, tarea que se llevó a cabo en el primer piso de la Casa del Florero. Soldados pedían cédulas a los sobrevivientes, también sus direcciones y números de teléfono. La segunda orden era hacer una revista minuciosa que implicó decomisar documentos relevantes. Esa tarea también se llevó a cabo en el primer piso de la casa. La tercera instrucción correspondía a separar por sexos, edades o jerarquía a quienes consideraron como sospechosos para evitar que pudieran comunicarse entre ellos.
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El criterio que se usó en el primer piso del museo de la calle 11 con carrera séptima no cumplió con esa orden de los manuales de contrainsurgencia, y la separación se dio por quienes los soldados consideraron que eran “especiales”. Ese grupo de personas fueron los trabadores de la cafetería, dos estudiantes de Derecho de la Universidad Externado, varios de los conductores de los magistrados y, probablemente, guerrilleros del M-19. A ellos los llevaron al segundo piso de la Casa del Florero, en donde realizaron interrogatorios más extensos. Pero antes de contestar esas preguntas, a los rehenes los organizaron en la sala Antonio Nariño. Les ordenaron pararse mirando hacia la pared y con las manos alzadas.
Después de ese último interrogatorio, y según los manuales de contrainsurgencia, el Ejército ya consideraba a los rehenes como prisioneros de guerra. La mayoría de ellos fueron trasladados a unidades militares. A los dos estudiantes, Eduardo Matson y Yolanda Santofimio, los llevaron al Batallón Charry Solano y fueron torturados dentro de una camioneta y en las instalaciones militares. A ellos los trasladaron hacia las 8:00 pm del 6 de noviembre. El segundo grupo, que probablemente fue el de los conductores de los magistrados, los enviaron al cantón norte hacia las 8:45 am del 7 de noviembre. Y después de unas 30 horas de haber estado retenidos, de la Casa del Florero salió el tercer grupo en una camioneta, en la que estaba un guerrillero del M-19 y un hombre que sería un agente encubierto, también hacia el cantón norte.
La tercera caja negra: el cantón norte
La investigación señala que en algún punto de la mañana del 7 de noviembre, los conductores de los magistrados y los rehenes que fueron trasladados en la camioneta, se cruzaron en el batallón ubicado en la localidad de Usaquén en Bogotá. Diseñada como una hacienda, en 1936 pasó a ser un terreno de uso militar en donde están, hasta hoy, las instalaciones de la Escuela de Caballería. Durante el Estatuto de Seguridad de Turbay, las caballerizas y varias edificaciones aledañas fueron usadas como un centro de interrogación y tortura por inteligencia militar. Y, por primera vez desde 1985, la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture recrearon, a través de imágenes satelitales y testimonios de uniformados retirados y víctimas, lo que pudo ocurrir adentro de la escuela militar.
El lugar principal fueron las caballerizas, dos construcciones enfrentadas entre sí, con un bebedero para caballos justo en la mitad. Relatos recopilados por los investigadores narraron que los cubículos para los animales fueron utilizados como celdas y también como sitios de tortura. En esa prisión improvisada, además, se organizaron puntos para interrogar y torturar a quienes fueron detenidos en las caballerizas. Según el rastreo de la investigación, hacia las 3:00 pm del 7 de noviembre fueron liberados los conductores de los magistrados. Y, en algún momento entre las 4:00 y 7:00 pm de ese día, los hombres que fueron trasladados en la camioneta y los empleados de la cafetería se cruzaron en la el cantón norte.
Para la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture, existe una alta probabilidad de que todos los empleados de la cafetería habrían sido enviados a la Escuela de Caballería, pero no es claro todavía en qué momento fueron asesinados. La mayoría de ellos permanecieron desaparecidos más de tres décadas. La investigación también mencionó el caos que resultó la identificación de los cuerpos dentro de Palacio de Justicia, no solo porque estuvo a cargo de la Policía Militar, sino porque fue casi nula la verificación plena de la identidad de las víctimas. Solo 32 años después de lo sucedido, la Fiscalía logró documentar que los restos de varios de los empleados de la cafetería fueron entregados a otras familias que perdieron a seres queridos en noviembre de 1985.
Para la Comisión de la Verdad, este trabajo representa el primer avance de hallazgos investigativos para el Informe Final, como parte de las estrategias innovadoras. En palabras del escritor y crítico cultural, Jorge Carrión, la alianza con Forensic Architecture pone a esta investigación a la vanguardia de la memoria histórica y convierte a Colombia en “un modelo internacional de trabajo en la investigación y la difusión, con las herramientas más avanzadas, de la zona más problemática de la historia reciente de un país”.
Una prueba más de que la verdad puede, así sea asomarse, en un expediente corroído por el silencio y la impunidad. Al menos como una constancia histórica de que lo que se ha planteado como un caos en la liberación de rehenes por parte de las fuerzas militares, realmente ha sido, durante décadas, una historia de encubrimiento de una operación de contrainsurgencia planificada y organizada cuyos consecuencias han durado hasta el día de hoy.
La exposición “Huellas de desaparición”
Esta investigación sobre lo sucedido en 1985 hace parte de la exposición “Huellas de desaparición. Los casos de Urabá, Palacio de Justicia y territorio Nukak”, que este 10 de diciembre inauguró la Comisión de la Verdad en el segundo piso del Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU). Se trata de un trabajo en conjutno de esta entidad, con Forensic Architecture, agencia de investigación con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres.
“Los resultados que se presentarán en la exposición se enfocan en los mecanismos y patrones del despojo de tierras en el Urabá antioqueño, en la infraestructura y logística de la desaparición forzada en el caso del Palacio de Justicia, y en las formas de violencia y las prácticas de destrucción ambiental contra el territorio indígena Nukak en el Guaviare”, explicó la Comisión. Detrás del trabajo, además, estuvo el comisionado Alejandro Valencia.
“Entre las metodologías de investigación visual utilizadas están la reconstrucción de lugares en tercera dimensión y de entornos de realidad virtual, el análisis y la sincronización de vídeos y de imágenes, la fotogrametría, el análisis de fotografía aérea, satelital y la teledetección remota. Esta colaboración demuestra cómo los nuevos enfoques tecnológicos permiten nuevas formas de interacción con las víctimas, amplificando las voces y la agencia de las personas afectadas por el conflicto armado”, agregó la Comisión de la Verdad durante el estreno del proyecto.
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