Palacio de Justicia: Recusan a magistrado por tardar 10 años en resolver apelación
El magistrado encargado de revisar el fallo de 2011 que absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero lleva diez años con el expediente en su despacho, sin que haya tomado aún una decisión. Víctimas dicen que no se puede justificar una dilación de esa magnitud, pero la reciente entrada de Ramírez a la JEP podría ralentizar el proceso aún más.
Diez años ha tardado el Tribunal de Bogotá en resolver si tres militares señalados de desaparición forzada en el holocausto del Palacio de Justicia son culpables o inocentes. Ahora, los familiares de una de las víctimas quieren que el magistrado a cargo del expediente se aparte del caso y que sea otro miembro de la Sala Penal quien resuelva la apelación contra la sentencia de diciembre de 2011 que absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero, al coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al sargento (r) Gustavo Arévalo.
(En contexto: Palacio de Justicia: JEP admite al general (r) Iván Ramírez Quintero)
Ramírez Quintero estaba al frente del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del batallón Charry Solano del Ejército para noviembre de 1985. Junto al sargento (r) Arévalo fueron admitidos esta semana en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con lo que una eventual decisión sobre su responsabilidad podría demorarse aún más. Cuando fueron absuelto por la desaparición de 11 personas tras la retoma del Palacio de Justicia, los familiares de las víctimas apelaron. Pero el Tribunal de Bogotá aún no resuelve el recurso. En concreto, el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, quien ha tenido 3.650 días para tomar una decisión, según los familiares.
“Su actuación es revictimizante a todas luces, la ausencia de respuesta en 10 años hace que se mantenga el pacto de silencio y de impunidad absoluta”, le reprocharon las víctimas. La recusación la interpusieron los familiares de uno de los desaparecidos, Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia para 1985, cuando la guerrilla del M-19 se tomó el edificio y las Fuerzas Militares retomaron el control a sangre y fuego. “La dilación injustificada en términos de derecho a un acceso oportuno y pronto a la administración de justicia y a un juicio justo y razonable sigue haciendo más profunda la falta de confianza en el sistema judicial nacional”, escribieron.
(Lea también: Justicia ordinaria no debería frenar procesos contra militares: Tribunal para la Paz)
Y añadieron: “También es importante resaltar que las autoridades judiciales no han dado cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH en cuanto a la investigación y oportuno juzgamiento de los responsables de las desapariciones y demás delitos cometidos por el Estado en el Palacio de Justicia. La extrema dilación en resolver el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria del oficial retirado Iván Ramírez contribuye a la impunidad y a la revictimización de nuestros desaparecidos”. Rodríguez, en efecto, es una de las víctimas de desaparición reconocidas en la histórica sentencia de la Corte Interamericana que condenó al Estado colombiano por el holocausto.
Si los colegas del magistrado aceptan el recurso, el proceso ahora debería pasar a otro magistrado de la Sala Penal. Sin embargo, esta misma semana la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento del general (r) Ramírez Quintero y del sargento (r) Arévalo, lo que podría ralentizar un fallo, bien sea a favor o en contra. El meollo del asunto es que la decisión de la JEP sobre estos dos militares y otros dos implicados en el holocausto del Palacio de Justicia le ordena a la Fiscalía, al Tribunal de Bogotá y a los juzgados donde se investigan los hechos suspender el proceso si ya se cerró la fase de investigación.
(Le puede interesar: Palacio de Justicia: nuevos detalles sobre lo que sucedió tras la toma y retoma)
De hecho, se cita un fallo de la Sección de Apelación del Tribunal de Paz que estableció: “si la actuación ha superado esta etapa (de investigación), es decir, si se encuentra en el estadio de juzgamiento, opera una suspensión total, dado que las actuaciones pendientes tienen que ver justamente con la determinación de responsabilidades o la práctica del juicio”. Falta ver cómo resuelve el Tribunal de Bogotá la recusación y cuál será el rumbo que tome el caso holocausto del Palacio de Justicia en la JEP, investigación que aún no ha sido incluida en ninguno de los macrocasos hasta ahora abiertos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Diez años ha tardado el Tribunal de Bogotá en resolver si tres militares señalados de desaparición forzada en el holocausto del Palacio de Justicia son culpables o inocentes. Ahora, los familiares de una de las víctimas quieren que el magistrado a cargo del expediente se aparte del caso y que sea otro miembro de la Sala Penal quien resuelva la apelación contra la sentencia de diciembre de 2011 que absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero, al coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al sargento (r) Gustavo Arévalo.
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Ramírez Quintero estaba al frente del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del batallón Charry Solano del Ejército para noviembre de 1985. Junto al sargento (r) Arévalo fueron admitidos esta semana en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con lo que una eventual decisión sobre su responsabilidad podría demorarse aún más. Cuando fueron absuelto por la desaparición de 11 personas tras la retoma del Palacio de Justicia, los familiares de las víctimas apelaron. Pero el Tribunal de Bogotá aún no resuelve el recurso. En concreto, el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, quien ha tenido 3.650 días para tomar una decisión, según los familiares.
“Su actuación es revictimizante a todas luces, la ausencia de respuesta en 10 años hace que se mantenga el pacto de silencio y de impunidad absoluta”, le reprocharon las víctimas. La recusación la interpusieron los familiares de uno de los desaparecidos, Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia para 1985, cuando la guerrilla del M-19 se tomó el edificio y las Fuerzas Militares retomaron el control a sangre y fuego. “La dilación injustificada en términos de derecho a un acceso oportuno y pronto a la administración de justicia y a un juicio justo y razonable sigue haciendo más profunda la falta de confianza en el sistema judicial nacional”, escribieron.
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Y añadieron: “También es importante resaltar que las autoridades judiciales no han dado cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH en cuanto a la investigación y oportuno juzgamiento de los responsables de las desapariciones y demás delitos cometidos por el Estado en el Palacio de Justicia. La extrema dilación en resolver el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria del oficial retirado Iván Ramírez contribuye a la impunidad y a la revictimización de nuestros desaparecidos”. Rodríguez, en efecto, es una de las víctimas de desaparición reconocidas en la histórica sentencia de la Corte Interamericana que condenó al Estado colombiano por el holocausto.
Si los colegas del magistrado aceptan el recurso, el proceso ahora debería pasar a otro magistrado de la Sala Penal. Sin embargo, esta misma semana la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento del general (r) Ramírez Quintero y del sargento (r) Arévalo, lo que podría ralentizar un fallo, bien sea a favor o en contra. El meollo del asunto es que la decisión de la JEP sobre estos dos militares y otros dos implicados en el holocausto del Palacio de Justicia le ordena a la Fiscalía, al Tribunal de Bogotá y a los juzgados donde se investigan los hechos suspender el proceso si ya se cerró la fase de investigación.
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De hecho, se cita un fallo de la Sección de Apelación del Tribunal de Paz que estableció: “si la actuación ha superado esta etapa (de investigación), es decir, si se encuentra en el estadio de juzgamiento, opera una suspensión total, dado que las actuaciones pendientes tienen que ver justamente con la determinación de responsabilidades o la práctica del juicio”. Falta ver cómo resuelve el Tribunal de Bogotá la recusación y cuál será el rumbo que tome el caso holocausto del Palacio de Justicia en la JEP, investigación que aún no ha sido incluida en ninguno de los macrocasos hasta ahora abiertos.
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