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Al despacho del ministro de Defensa, Iván Velásquez, llegó una petición directa de Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Urán, de quien no se tiene información exacta de su asesinato, luego de la retoma del Ejército al Palacio de Justicia en 1985. Urán pidió retirarle la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Púbico al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien, como comandante de la Brigada XIII, lideró aquel “plan tricolor” por restablecer el orden en el Palacio y que terminó en la masacre de casi un centenar de guerrilleros, magistrados, civiles y militares.
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El mes pasado, el general (r) Arias Cabrales tuvo su primera audiencia de verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la cual se esperaba que ofreciera detalles novedosos sobre la retoma violenta del Ejército, que le valió al Estado una condena internacional ante la Corte Interamericana. Sin embargo, aunque reconoció que pudieron “cometerse errores”, en el ponderado de su testimonio quedó claro que sigue definiendo el “plan tricolor”, tras el cual, aseguró, se salvaron alrededor de 200 vidas. Llamó la atención que, en una parte de su intervención, reveló conservar la Medalla Servicios Distinguidos.
Según explica el Ministerio de Defensa, esa condecoración fue creada con “el fin de recompensar a los miembros de las Fuerzas Militares que, prestando sus servicios en Orden Público, en función del mismo, sobresalgan por una acción distinguida de valor, fuera del común cumplimiento del deber”. Para Urán, que Arias Cabrales conserve esa medalla y la presuma ante la JEP, es todo un despropósito. Agregó que es una ofensa para las víctimas y para el propio Ejército que cuenta con hombres honorables al servicio del país.
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“Los reconocimientos deben concedérselos a personas destacadas y con méritos, no a los que han deteriorado la institucionalidad. Por eso, es humillante y deshonroso para las víctimas de las personas desaparecidas, torturadas y ejecutadas en los hechos del ataque al Palacio de Justicia, y lo debe ser también para el país, que el condenado Arias Cabrales mantenga esta medalla y otras distinciones que, dice, el Ejército le ha dado por su labor”, señaló Urán en la petición conocida por El Espectador.
El recurso judicial fue firmado, además, por la periodista Diana López Zuleta, cuyo padre, Luis López Zuleta, fue asesinado en 1997. El principal sospechoso del crimen es el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, quien ese año fue elegido mejor alcalde del país por el Congreso y quien purga una condena por ordenar el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito. Además, la petición radicada en el Ministerio de Defensa fue firmada por el periodista Gonzalo Guillén.
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Los pasados 17 y 18 de enero, Arias Cabrales rindió audiencia pública, además, con el objetivo de convencer a los magistrados de la JEP de que su sentencia a 35 años de prisión debe ser revisada. El general (r) solicitó su inclusión en el órgano de justicia transicional, prometiendo nuevas verdades sobre la historia del conflicto. Recibió, a cambio de su sometimiento, el beneficio de la libertad condicional. No obstante, la Corte Suprema de Justicia, en la última instancia, lo sentenció por la desaparición forzada de Carlos Rodríguez, Bernardo Beltrán, Luz Mary Portela e Irma Franco.
Helena Urán tuvo su espacio en la reciente audiencia para cuestionar a Arias Cabrales. Primero, precisó que su padre salió con vida del Palacio de Justicia, como lo demuestran videos de Forensic Architecture, pero luego su cuerpo apareció en Medicina Legal como NN. Y, en un hecho que sigue sin explicación, y que tampoco fue aclarado por parte del general en retiro, la billetera del exmagistrado Urán apareció 22 años después de la masacre en las caballerizas del Ejército en el Norte de Bogotá.
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Además, Urán aprovechó el espacio para mencionar que tanto ella como otros familiares de víctimas ha padecido durante décadas persecuciones que las obligaron al exilio y, asimismo, han visto como defensores de derechos humanos resultan asesinados por defenderlos. “¿No le parece mucha casualidad?”, le preguntó Urán a Arias Cabrales. Ante ello, el general en retiro respondió: “No sé quiénes serían los autores de eso y por qué. Desde luego es una cosa reprochable, pero no tengo conocimiento de quienes serían los autores intelectuales que hubieran cometido ese tipo de hechos”, concluyó.
El abogado Jorge Molano, de DH Colombia, quien interrogó a Arias Cabrales hace unos días, le dijo a este diario que “debería existir una facultad administrativa directamente ejercida por el ministro de la Defensa y el presidente de la República, en el sentido de que no pueden mantener condecoraciones personas que hayan participado de graves violaciones a los derechos humanos. Es un mensaje equívoco hacia las tropas, en el sentido de que se mantiene una idea de la validez del comportamiento de los superiores, con lo cual se desconoce el derecho que tienen las víctimas y la sociedad a que los crímenes no se repitan”.
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