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Seis años han pasado desde que representantes del Estado y de las antiguas Farc firmaron el Acuerdo de Paz en La Habana (Cuba). Entre las propuestas está que, en un período de 12 años, Colombia le entregue tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra o con poca. Además, garantizar la seguridad de los excombatientes en proceso de reincorporación, pues desde 2016 han muerto más de 300. Sin embargo, la Procuraduría informó que hay muchos rezagos. Además, recomendó a las instituciones del Estado que, para lograr la paz, deben ayudar a superar las condiciones generadoras de violencia. Así explica el informe Zeneida de Jesús López, procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.
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¿Cuáles son las cinco claves del nuevo informe de avances?
Frente a los hallazgos, encontramos que es necesario fortalecer el proceso de adjudicación de tierras a campesinos establecido en el Acuerdo de Paz, ya que solo se ha cumplido con el 16 % de la meta fijada, lo que significa que hasta ahora se han entregado 485.349 hectáreas de un total de tres millones. Igualmente, es necesario fortalecer el proceso de formalización de tierras; es decir, la entrega de títulos que acreditan la propiedad sobre estas, pues de siete millones de hectáreas solo se han regularizado 2’612.983, cifra equivalente el 37 %.
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La Procuraduría también encontró que para el reporte de los tres millones de hectáreas de adjudicación se están teniendo en cuenta los procesos de entrega de baldíos y fiscales patrimoniales con o sin ocupaciones previas y los demás mecanismos de acceso (compras directas, subsidios, créditos y derechos de uso); y por formalización, todos los procesos orientados a sanear la propiedad rural que componen los procesos de regularización de las ocupaciones en baldíos y demás formas de tenencia con la tierra que tiene la población campesina; en resumen, regularizar todos los predios rurales que ocupa.
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También se encuentra que persiste la situación de inseguridad en los territorios, afectando a las personas en proceso de reincorporación, así como las de los defensores de DD. HH. y líderes sociales, por lo que es necesario reforzar las medidas para su protección. Finalmente, se resalta la necesidad de acelerar la implementación del capítulo étnico, pues las acciones realizadas aún no se reflejan en la superación de las condiciones de marginalidad, exclusión y victimización de estos pueblos y comunidades.
¿Cuál es la idea general que le deja el nuevo informe de avances?
De manera general, consideramos que la construcción de paz debe ir más allá de la disminución de los hechos de violencia, pues debe sustentarse en la superación de las condiciones generadoras del conflicto armado. En este sentido, el marco de acción y la dimensión temporal de la consolidación de la paz deben tener una visión a largo plazo que, desde las bases, aseguren la firme transición de la violencia hacia la paz. Esto implica la adecuada inclusión de los enfoques diferenciales, étnico y de género; así como garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, las poblaciones que habitan en las áreas rurales, los firmantes del Acuerdo de Paz y, en general, todas las poblaciones que día a día siguen enfrentando el conflicto y sus consecuencias.
Desde la Procuraduría hemos priorizado la vigilancia del cumplimiento de lo acordado con énfasis en la situación de la ruralidad, y con un enfoque especial en la defensa de los derechos de las víctimas. La visión que tenemos es preventiva, por eso en el Informe identificamos los avances, retos y barreras en el cumplimiento del Acuerdo de Paz; con lo que desarrollamos acciones para anticiparnos a la ocurrencia de situaciones que vulneren los derechos de la población y puedan generar escenarios de revictimización.
¿Por qué, seis años después del Acuerdo, persisten la estigmatización y las limitaciones de financiación para los militantes del Partido Comunes?
Se evidenció que la respuesta institucional para minimizar los riesgos específicos de las personas en proceso de reincorporación no ha logrado los resultados esperados, teniendo en cuenta que aún se presentan situaciones de rechazo, hostigamiento y deslegitimación. Se ha conocido sobre posibles casos de estigmatización que podrían derivar en riesgos a la vida e integridad personal de quienes se encuentran en proceso de reincorporación y sus familias, al tiempo que contribuyen a profundizar los discursos de odio, la desconfianza institucional y dificultan la construcción de la paz en los territorios con plena garantía de los derechos.
El 76 % de los 13.000 desmovilizados han abandonado los espacios de capacitación y reincorporación. ¿La Procuraduría hace seguimiento a su proceso de inclusión a la sociedad? En caso afirmativo, ¿qué ha visto?
La Agencia para la Reincorporación y Normalización indicó que el universo de personas acreditadas en proceso de reincorporación es de 13.616; asimismo, que el 76 % de ellos ya no residen en los Espacios de Capacitación y Reincorporación a que algunas personas han migrado y se han reagrupado en zonas urbanas o rurales, desde donde continúan con sus procesos individuales y colectivos de reincorporación. En cuanto a los beneficios económicos, se entregan a la población en proceso de reincorporación independiente de su ubicación en el territorio nacional, como lo recomendó esta delegada en su tercer Informe.
¿Qué decir del trabajo de la Unidad de Búsqueda, que tiene un universo de casi 100.000 personas dadas por desaparecidas?
En 2021, la UBPD estableció el universo de desaparecidos en 99.325 personas, el 100 % de este universo fue incluido en el Registro Nacional de Desaparecidos. Asimismo, se recuperaron 256 cuerpos de personas dadas por desaparecidas, dos personas dadas por desaparecidas fueron encontradas con vida y se reencontraron con sus familiares, y 247 presuntos lugares fueron ingresados al Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.
Durante el período que cubre este informe, la UBPD realizó 746 acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda (125 de ellas, prospecciones), 352 acciones de recuperación y 269 cuerpos de personas dadas por desaparecidas fueron recuperados, los cuales fueron entregados a Medicina Legal para el respectivo análisis y trámite. La Procuraduría encontró que el incremento de la violencia en algunos territorios del país dificulta la puesta en marcha de acciones de los planes regionales de búsqueda y afecta los procesos de recolección de información y el trabajo con organizaciones, líderes y aportantes de información.
Durante este año se habló del redireccionamiento, al parecer corrupto, de dinero administrado por el OCAD Paz. ¿Qué evidenciaron ustedes?
Para la Procuraduría, es preocupante el nivel de avance físico por debajo del 25 % en más de la mitad de los proyectos financiados por el OCAD Paz (50,1 %, representados en 411 proyectos), así como el avance financiero por debajo del 25 % (35,5 %, representados en 291 proyectos). Así mismo se evidenció que $76.908 millones han sido aprobados para trámites de vigencias futuras en los sectores vivienda, minas y energía, y transporte para las subregiones PDET: Catatumbo, Putumayo, cuenca de Caguán y piedemonte caqueteño.
Respecto a su ejecución, la Procuraduría señaló que, frente a los avances físicos, los proyectos en los sectores minas y energía, y vivienda, ciudad y territorio presentan los niveles más bajos: 2 % y 3 % respectivamente, y el sector transporte presenta un avance del 50 %. El reporte financiero muestra avances superiores a los físicos; en efecto, se advierte una importante diferencia entre el avance físico del 3 % y la ejecución financiera del 96 % en los tres proyectos del sector vivienda, ciudad y territorio. Así mismo, en el proyecto del sector minas y energía se observa una diferencia entre el avance físico del 2 % y la ejecución financiera del 48 %.
¿Qué observó la delegada con respecto a la implementación de la Política Ruta Futuro? ¿Es cierto que la política nacional antilavado de activos avanzó solo en un 9 %, aunque el avance financiero quedó en 53 %?
Es necesario que en el desarrollo de la Ruta Futuro, en su pilar 2 sobre la reducción de la disponibilidad de drogas, en particular, exista una mayor armonía entre la sustitución voluntaria con las operaciones de erradicación forzosa. En este cuarto Informe presentado al Congreso se mencionó que el plan de acción de la Política Ruta Futuro integra acciones interinstitucionales para 43 entidades a escala nacional con la definición de 19 objetivos específicos y 268 actividades. Sin embargo, no se presentan las metas de los indicadores, solo sus avances, lo cual dificulta a este órgano de control realizar un análisis a profundidad sobre su cumplimiento.
Sobre el pilar de desarticulación de estructuras criminales se reportan los siguientes avances por cada indicador: personas privadas de la libertad por delitos asociados a drogas de 310, capturas anuales por delito según código penal de 44.055, extradiciones por año por delitos de drogas de 198 y organizaciones criminales desarticuladas entre 2018-2020 de seis. Sobre la afectación a economías ilegales y organizaciones criminales se reporta la incautación de $794 millones en joyas, $27.435 en medios de transporte, $46.998 millones en bienes muebles e inmuebles y $281.087 millones en sociedades.
¿Qué recomienda la delegada con respecto al Informe Final de la Comisión de la Verdad?
Frente al Informe Final de la Comisión de la Verdad se recomendó garantizar su divulgación y apropiación; así como el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, particularmente las relacionadas con la satisfacción de los derechos de las víctimas y la no repetición del conflicto armado. También se recomendó al Comité de Seguimiento y Monitoreo fortalecer el efectivo relacionamiento con entidades públicas como alcaldías, gobernaciones y entidades y ministerios del ámbito nacional, el Centro Nacional de Memoria Histórica e instancias como la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia.
Igualmente, para la efectiva difusión del Informe en aquellos territorios más apartados, se recomendó que se aproveche la capacidad instalada en estas zonas del país, lograda en el marco de la implementación del Acuerdo Final, por ejemplo, a través de los PDET, PNIS, las instancias de género y étnicas establecidas, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, los equipos territoriales de la Unidad de Búsqueda, la JEP, la Unidad para las Víctimas y Mesas de Víctimas, entre otras.
Al Comité de Seguimiento y Monitoreo se le recomendó realizar acciones de incidencia para que en el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH) se desarrollen acciones en función de la apropiación del Informe, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, que señala esta acción como una medida de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos que busca aportar a la no repetición.