Militares aportaban información para estigmatizar organizaciones sociales: Mancuso

Salvatore Mancuso, durante su segundo día de audiencia ante la JEP en Montería.

Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Luego de entregar información, en su mayoría ya contada en otras instancias judiciales, sobre como las Convivir fueron fachada para permitir la expansión y el fortalecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el país, y de cómo se desarrollaron operaciones conjuntas entre paramilitares y la Fuerza Pública. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso asiste este lunes a la tercera audiencia única de verdad a la que fue convocado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que tiene la última oportunidad de entrar a esta justicia transicional. En esta ocasión se espera que el exjefe paramilitar hable sobre las alianzas que se fraguaron entre paramilitares, funcionarios, civiles, y miembros de la fuerza pública.

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Durante el primer día de audiencia, que se desarrolló el pasado miércoles 10 de mayo, el exlíder paramilitar contó cómo se establecieron los vínculos entre las Convivir y la fuerza pública. En medio de esto se refirió a la influencia de los clanes políticos en varias zonas del país para promover a los paramilitares y mencionó, como lo ha hecho en otras oportunidades, que las AUC contaron con el apoyo del clan político Gnecco en el Cesar, principalmente de Jorge Gnecco Cerchar, quien además de ocupar cargos públicos en el departamento, hizo parte de la estructura paramilitar. Incluso, fue asesinado por ese mismo grupo criminal en agosto de 2001.

Al día siguiente, el jueves 11 de mayo, Mancuso volvió a presentarse en audiencia ante la JEP y narró como políticos y generales venezolanos, les propusieron a las Autodefensas dar un golpe de Estado al entonces presidente de ese país y hoy fallecido, Hugo Chávez, y narró como se dio la presunta falsa desmovilización de la guerrilla del EPL.

El magistrado Pedro Elías Díaz, en medio de la diligencia, le preguntó a Salvatore Mancuso por su responsabilidad en el crimen del exalcalde de Roble (Sucre) Eudaldo ‘Tito’ Díaz, quien contestó que su homicidio “fue solicitud directa del gobernador (Salvador Arana). Después el entonces presidente Uribe le quitó el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, afirmó. Mancuso dijo que tenía otro tipo de información novedosa sobre ese caso, pero que la suministraría en algún espacio reservado por tratarse de “información delicada”.

David Díaz, uno de los hijos de Eudaldo ‘Tito’ Díaz estaba presente en la diligencia en Montería. Minutos después de las declaraciones del exparamilitar, David se quebró y tuvo que salir del recinto por algunos minutos. Después de la confesión, no volvió a entrar al recinto. El Espectador alcanzó a hablar con Díaz, minutos antes de la sesión, quien aseguró que esperaba que en esta diligencia Mancuso explicara cuál fue rol en el crimen contra su padre.

or este mismo caso, el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, fue condenado en 2009 a 40 años de prisión por haber ordenado el homicidio de alcalde Díaz. Actualmente, Arana comparece ante la JEP y en una reciente entrevista con este diario dijo que no se llevará “secretos a la tumba” y que está dispuesto a entregar verdad a la justicia transicional. David Díaz, la víctima que participó de la diligencia, afirmó que con el exgobernador están trabajando en un plan de reparación para su familia, que incluye la construcción de una sede educativa del SENA en El Roble y otros hechos simbólicos.

El magistrado también le pidió nueva información sobre el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina. La funcionaria judicial, asesinada en 2001, para esa época investigaba los hechos que rodearon las masacres de Macayepo (octubre de 2000), de Chengue (febrero de 2021) y de Ovejas (enero de 2021). Todas perpetradas por los paramilitares en los departamentos de Sucre y Bolívar. Sin embargo, señaló que por ahora tendría que hacer un análisis en profundidad sobre sí tenía alguna información adicional.

El exjefe paramilitar habló sobre el papel que tuvieron el periodismo para que el discurso paramilitar fuera conocido en todo el país. Señaló que tenía permanente contacto porque los medios de comunicación tenían mucho interés en que se conociera lo que estaba pasando “por el nivel de prominencia que tuvimos en el conflicto armado”. Mancuso señaló que tenía permanente contacto con el periódico local El Meridiano de Córdoba, pero que varios medios a nivel nacional le reprochaban que tuviera prioridad con el periódico de regional.

A renglón seguido Mancuso dio detalles de cómo fueron estigmatizados varias organizaciones sociales que denunciaban la barbarie paramilitar, entre ellos, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) de Gustavo Gallón, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en concreto al abogado Alirio Uribe). Además de señalar a José Miguel Narváez, exsubdirector de inteligencia del DAS, señaló que recibían información de la inteligencia de la policía y el Ejército para “etiquetar” a estos sectores y estigmatizarlos.

Sobre este episodio, ampliamente documentado, se sabe que varios crímenes ordenados por los paramilitares eran ejecutados por la banda sicarial de la Terraza. Sin embargo, el principal hueco de la historia es saber qué militares apoyaron y colaboraron en asesinatos como el de Jaime Garzón, Eduardo Umaña, Jesús María Valle y los investigadores del CINEP Elsa Alvarado y Mario Calderón. Hoy Mancuso todavía sigue sin entregar información al respecto o solo repite información que ya reposa en expedientes judiciales.

Durante la diligencia, Mancuso se refirió, además, a la relación que varias empresas del país tuvieron con las Autodefensas para que lograran su consolidación. En primer lugar, se refirió a Fedegan y al Fondo Ganadero de Córdoba. Dijo que hubo varias reuniones con el expresidente de la empresa ganadera, Jorge Visbal, y Rodrigo García, gerente de Fedegan. A estas también asistió, según el exparamilitar, el condenado exministro de Justicia, Sabas Pretelt. “En esas reuniones el doctor Jorge Visbal solicitaba presencia de Autodefensas (…) igual sucedió con el tema de los comerciantes y de los transportadores”.

Sobre Ecopetrol, Mancuso dijo que esta empresa les entregó información sobre qué tipo de combustible iba a ser bombeado y los días que esto se iba a realizar y permitía que se extrajera combustible. Dijo que esto se acordó con funcionarios de alto nivel, pero no entregó los nombres.

Sobre Bavaria dijo que recibieron pagos y a cambio esta empresa pudo distribuir sus productos en zonas donde hacían presencia las Autodefensas. Misma situación, dijo Mancuso, ocurrió con Postobon. Dijo que pagaba 10 millones de pesos mensuales, que fue un acuerdo directo, pero tampoco entregó ningún nombre y prometió que la entregará en el futuro.

Ante la actitud de Mancuso, el magistrado Pedro Díaz, le recordó que tiene entregar nuevos elementos si quiere ser aceptado en la JEP. “Yo le voy a pedir por favor, que usted tiene que enseñar eventual conocimiento de los hechos y de las personas. La Sección de Apelación señaló unas condiciones para que la información que usted entregue sea efectiva en este momento, permita conocer que usted sabe más de eso. Eso es material para que la subsala pueda hacer el estudio del sometimiento a la JEP”, explicó el magistrado.

Durante la diligencia Salvatore Mancuso reafirmó lo dicho por él mismo en Justicia y Paz en años anteriores, acerca de que las Autodefensas apoyaron las candidaturas presidenciales de Horacio Serpa, quien se presentó tres veces como candidato, pero no fue elegido, (1998, 2002 y 2006); Andrés Pastrana, presidente de la República desde 1998 a 2002 y Álvaro Uribe, presidente del país entre 2002 y 2010.

“Para estas elecciones incluso en el año 2002, y es algo importante a saber porque no solamente se dio a nivel regional, sino también nacional, las Autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo de 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo de presidencia”, explicó Mancuso.

Durante su declaración Mancuso reitero también que todos los políticos tenían que hacer un pacto con las Autodefensas para poder operar en la región. Dentro de los políticos que mencionó están los condenados Miguel Alfonso de la Espriella, Mario Salomón Náder, Juan Manuel Cabrales y Julio Manzur.

Luego de un acto realizado por dos mujeres víctimas de la masacre de Las Brisas, ocurrida el 11 de marzo del año 2000, quienes interpretaron un Lumbalú que narra la masacre y el desplazamiento del que fueron víctimas, Mancuso reconoció que se realizaron operaciones conjuntas entre las fuerzas militares y los paramilitares, y que en muchas ocasiones cuando los paramilitares cometían asesinatos se resguardaron tanto en la Policía como en la base militar de Tierralta, Córdoba. “Es cierto que compartíamos la inteligencia. Es cierto que en operaciones como la de Tierradentro estuvimos mezclados, y es cierto que era una persona que me rodeaba con las poblaciones, entraba a sus casas y comía de lo que ellos tenían”.

Acto seguido Mancuso se refirió a la acción de los paramilitares en Norte de Santander. Confesó que en varias de las masacres que se ejecutaron en 1999 en esa zona del país, hubo coordinación con la Policía y las Fuerzas Militares. Salpicó a los generales Fernando Roa Cuervo (fallecido) y el coronel Víctor Matamoros, pero al ser cuestionado por nuevos nombres dijo que lo haría en privado.

Dijo lo mismo cuando fue cuestionado por la masacre del Aro, cometida el 22 de octubre de 1997 por paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

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