Paramilitarismo y palma en el Catatumbo

I. Recordando a Luis Carlos Restrepo

El 5 de diciembre de 2004, Nicolás, al ver un helicóptero verde del que descendieron dos generales, por mera precaución —“porque uno ya no sabía quién era quién”— se tapó en una rastrojera. Los militares miraron, midieron, y cuando se iban a ir, otro campesino corrió a ver qué era el revuelo. Vamos a hacer un campamento para la desmovilización, le dijeron los oficiales. Una palabra que la gente sólo entendió cuando llegaron los primeros paramilitares. Los militares ya habían preparado el campo, incluida la instalación de unos baños traídos por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado. Al día siguiente llegaron más paramilitares: 700 encabezados por Mauro; luego el propio Mancuso con otros tantos. El 10 de diciembre aterrizaron los generales, los obispos, los periodistas, los altos funcionarios y, claro, los fotógrafos. Mancuso entregó una pistola Beretta 9 mm. Se desmovilizaron 1.434 y entregaron 1.115 armas.

Nicolás es un campesino de Ragonvalia que llegó a La Gabarra a raspar coca en 1995. Ahorró unos pesos y se casó. Cuando llegó el primer hijo trabajó en la hacienda Brisas del Sardinata. Por esos días, la guerrilla había atacado el cuartel de Policía un par de veces y el Ejército pasaba de tarde en tarde. Las Farc eran la ley; los comandantes, jueces y alcaldes. Extorsionaban, cobraban impuestos a cocaleros, raspachines y traquetos, aunque en Campo Dos la coca era cultivada en pequeña escala. La guerrilla tenía instalado un retén para controlar el paso de pasajeros y mercancía.

Cuando llegaron los paramilitares y la guerrilla huyó —recuerda— reunieron al pueblo e informaron que, desde ahora, mandaban ellos. Nicolás cuenta: “A las 5 de la mañana golpearon en mi casa. Me pusieron un fusil en la cabeza: ‘Usted se muere hoy, hijueputa, rece y llore’”. Duré 24 horas amarrado esperando los tiros. No me mataron, pero tocó servirles: habían llegado cien unidades de La Gabarra. Algunos guerrilleros se volvieron informantes. Para afianzar su autoridad, mataron a un colaborador de la guerrilla, arrastrándolo por el pueblo hasta que dejó de moverse. Estaban acostumbrados a la sangre, venían de hacer la masacre de La Gabarra. Instalaron un retén en el mismo lugar donde funcionaba el de la guerrilla.

II. El baño de sangre

El paramilitarismo en el Catatumbo hace parte de una estrategia que tiene su origen en el Magdalena Medio, en Aguachica y San Martín, Cesar. Después del Paro del Nororiente, la guerrilla tenía mucha fuerza. La bonanza algodonera había hecho crisis, los recolectores quedaron desempleados, el comercio se desplomó y los cultivos de marihuana y coca se regaron. Ganaderos y comerciantes eran secuestrados; la guerrilla reclutaba jóvenes sin trabajo. La situación se hizo insostenible para los empresarios. Con apoyo de la Policía aparecieron Los Masetos, dirigidos por los hermanos Prada. Se aliaron con Carlos Castaño, Mancuso y Jorge 40 para invadir el Catatumbo, rico en coca, petróleo y contrabando. En la conformación de este bloque jugaron un destacado papel el mayor del Ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel, comandante de Aguachica, y un teniente del batallón Santander, de Ocaña. De una finca cerca de Aguachica salieron, con la protección del Ejército y de la Policía, en 7 camiones, 280 hombres armados hacia el Tarra, Tibú y La Gabarra.

Fue la época en que monseñor José de Jesús Quintero Díaz, obispo de la diócesis, había sido secuestrado por el Epl. Los paramilitares —recuerda Alcides, testigo presencial— llegaron vestidos de azul, muchos con pasamontañas y fusiles. La luz se fue cuando entraron al hotel El Río y sacaron a hombres y mujeres que —se supo después— eran negociantes de coca. Los asesinaron en la oscuridad. El cura comenzó a tocar las campanas de la iglesia con la esperanza de que el Ejército Nacional acudiera en auxilio. Nada oyeron. No habían acabado de asesinar a la gente cuando volvió la luz. Entonces se abrieron a sacar a los señalados de sus casas y a matarlos en las calles. El cura tocó las campanas hasta el amanecer cuando recorrió el pueblo dando extremaunciones. Contó 49 cadáveres y 112 desaparecidos, muchos de los cuales tres días después bajaron destripados por el río. El mayor había dicho que eran mejor los desaparecidos porque los muertos hacían mucha bulla. Se denunciaron más de 200 desapariciones. A la masacre de La Gabarra de aquel día, 21 de agosto de 1999, siguieron otras que permitieron a los paramilitares el control total del Catatumbo, puerta oriental de un corredor que unió a Venezuela con Urabá.

Según el informe del Colectivo Luis Carlos Pérez, los paramilitares del bloque Catatumbo asesinaron a por los menos 11.200 personas; desplazaron a más de 19.000 familias, entre 1998 y 2005, y cometieron 60 masacres. Los desaparecidos son 600, según 2.500 denuncias. Las víctimas pueden ser 114.000. Semejante terror obligó a huir a unas 40.000 personas, según Codhes [1]. Las organizaciones populares quedaron destrozadas, las relaciones sociales, interrumpidas. La gente huía y la tierra quedaba expósita, sus precios se desplomaron. Las ventas y permutas se generalizaron. Los que gozaban del amparo paramilitar o de la fuerza pública hicieron fortuna. La composición de los sectores poseedores se fue transformando a fondo. Se preparó así el terreno para nuevos usos del suelo y nuevas formas de tenencia.

III. Irrumpe la palma

Tres años después de la llegada de los paramilitares al Catatumbo nació el proyecto de palma de aceite, a través del programa presidencial de sustitución de cultivos ilícitos, Plante, preparado desde 2001 [2], aunque en 1995 ya había sido anunciado. Un dirigente recuerda: “Los campesinos de La Llana, La Soledad, Llano Grande, Campo Tres y Brisas solicitamos al Ministerio de Agricultura la construcción de un minidistrito de riego. El viceministro de esa época, Carlos Fernando Barco, dijo que ese era muy costoso y que lo que se tenía preparado para 2005 era sembrar palma y caña para producir biocombustibles”. En efecto, en casi esas mismas veredas del corregimiento Campo Dos fueron instaladas 143 familias en 1.000 hectáreas como proyecto piloto de sustitución de coca por palma, financiado por USAID, con una inversión de 4.353 millones de pesos, cuyos operadores fueron Chemonics —empresa química estadounidense— y la Cooperativa Palmas de Risaralda. Se estrenaron así las tan cacareadas “alianzas productivas”, una idea que impuso Carlos Murgas siendo ministro de Agricultura de Pastrana: se asociaba a los campesinos con grandes productores o comercializadores de palma mediante pactos económicos.

En Campo Dos, las 143 personas hicieron parte de la Asociación Gremial de Productores de Palma Africana de Campo Dos, Asogpados. Los socios no eran todos campesinos ni todos de la región. Y no todos los campesinos cultivaban coca, se cultivaba maíz, arroz, cacao y se criaba ganado; la coca era una actividad marginal en pequeña escala. Los cultivos grandes estaban en La Gabarra, a ocho horas por carretera.

Promotora Hacienda Las Flores, de propiedad de Carlos Murgas Guerrero, asesoraba y suministraba la semilla de palma. En Montes de María, Murgas desarrolló una estrategia idéntica. En ambas partes el éxito fue constatable y público. Hoy hay en el Catatumbo 14 asociaciones de productores de palma que cultivan unas 12.500 hectáreas y producen 125.000 toneladas de fruta anuales. Promotora La Flores es la aliada comercial —o articuladora— de todas ellas.

El esquema general de la alianza no es tan sencillo. El productor —pequeño o mediano— aporta la tierra y la mano de obra. Los asociados reciben un préstamo del Banco Agrario —del que Murgas había sido uno de los creadores— con fondos de Finagro, que oscila entre 4.000 y 5.000 millones de pesos, a 12 años. El Fondo Nacional de Garantías respalda el crédito y el Incentivo de Capacitación Rural (ICR), la operación. Los recursos se manejan a través de una fiduciaria. Los créditos son solidarios, o sea que la asociación respectiva responde por ellos en primera instancia, pero, claro está, si el socio no puede pagar, la asociación se queda con la tierra, que es la prenda real del negocio.

El aliado comercial —Promotora Hacienda Las Flores— suministra la semilla, los fertilizantes —un plan de fertilización para 10 hectáreas cuesta 12 millones de pesos anuales—, los fungicidas y la asistencia técnica. La Promotora maneja los créditos, por lo tanto descuenta las deudas adquiridas por las asociaciones y naturalmente con el banco; la diferencia se entrega a los productores, que están obligados a vender el fruto a la Promotora Hacienda Las Flores durante 25 años. La fruta es entregada y pesada en Tibú y transportada hasta la planta extractora de biodiesel en Codazzi, Cesar. Por último, Las Flores retiene una cuota para la construcción en Tibú de una planta de biodiesel que será una empresa mixta compuesta en el 49% de capital por las asociaciones y el 51% por la Promotora. La planta ha sido prometida desde 2005 y se construirá cuando la base militar se inaugure. Tal como yo entiendo las cosas, el señor Carlos Murgas, fundador y principal accionista del grupo empresarial Hacienda Las Flores —Hacienda Las Flores, Murgas & Lowe-Dami Las Flores, Oleoflores, Fundeflores-Fundemaría, Promotora Hacienda Las Flores S.A.—, que tiene el mismo negocio de alianzas productivas en el Magdalena Medio, Montes de María y Cesar, controla el proceso de punta a punta: avala y gestiona los créditos con el Banco Agrario, sucursal El Prado en Barranquilla —agencia donde se movió el programa Agro Ingreso Seguro—, vende la semilla y presta la asistencia técnica y luego compra toda la producción de fruta a un precio determinado por la bolsa de Róterdam. Murgas podría no tener una sola hectárea en palma y manejar todo el negocio dado que goza de un verdadero monopolio establecido y alcahueteado por el Gobierno. Toda la palma de ese gran cinturón que atraviesa el país entre el Catatumbo y Montes de María y que proyecta —digo yo— alcanzar la cuenca del río Atrato está controlada por la misma compañía.

IV. El problema de la tierra

En 2009, el Gobierno detectó una compra masiva de tierras en el Catatumbo por parte de una persona jurídica, Bioagroindustrial de Colombia, manejada por una persona natural, el señor Murgas. “Uno de los últimos predios adquiridos por Bioagroindustrial, la finca Finlandia, de 86 hectáreas, fue pagada en 21’775.000 pesos. Es decir, a 253.157 pesos la hectárea” [3]. El mismo diario informó que: “La compra masiva de tierras en Norte de Santander se ha extendido a El Carmen, Convención y Gramalote. Cooperativas de paramilitares desmovilizados estarían también tras las ofertas, para proyectos agroindustriales” [4]. En el Catatumbo hay hoy unas 20.000 hectáreas de palma y se aspira a llegar en un par de años a 50.000, dadas las condiciones de humedad y exposición solar. No todos los cultivadores trabajan bajo este modelo. Hay grandes productores que tienen cultivos en otras regiones y que no están obligados a vender el corozo a Murgas. Y otro grupo, Los Costeños, recién llegados a la región y a la actividad, que —se dice— tiene vínculos con el narcotráfico. La expansión de palma es tan rápida y masiva, que hay empresas que han comprado veredas enteras como las de El Milagro, Líbano, M25, P30. Por eso en Campo Hermoso, Cerro Madera, Caño Indio se han cerrado las escuelas: ya no hay familias campesinas en zonas de palma.

Se podría decir que la mayoría de los cultivadores de palma ha adquirido sus tierras y sus títulos del 2000 en adelante, lo que pone sobre la mesa la tradición de las escrituras. El terror paramilitar activó el mercado de tierras con énfasis en la oferta de fincas a bajos precios, cuando no la mera sustitución del poseedor o la venta coactiva. Así, los precios de la tierra antes de la Ley de Justicia y Paz se desplomaron y el precio de la hectárea llegó a 50.000 pesos. Los campesinos abandonaban la tierra o vendían muy barato. Las masacres sembraron el terror y en ese río revuelto se hicieron infinidad de transacciones y se creó un verdadero caos jurídico. Muchos carecían de títulos diferentes a la mera posesión; otros, teniéndolos, los transfirieron y otros más abandonaron la tierra. Así, entre los que tenían tierra y los que hoy la tienen existe una enredada tradición que se puede iniciar con testaferros y terminar con negocios de buena fe.

Se trata de un contínuum difícil de clarificar por parte de los jueces agrarios que crearon la Ley de Víctimas. De todas maneras es un tema que aún no se ha comenzado a ventilar en la región, pero que ya se teme y que muy pronto van a salir a la palestra los defensores armados del statu quo. Numerosos negocios de tierras se limpiaron en notarías y oficinas de registro, y hoy sus titulares hacen parte de asociaciones de palmicultores y de una u otra gran empresa.

V. Las alianzas productivas

Hoy en el Catatumbo los pueblos se mueven. En Tibú, La Gabarra, El Tarra, Sardinata, la actividad es frenética. No sólo debido a la palma, porque los cultivos de coca siguen produciendo; el contrabando de gasolina y ganado aumenta, la explotación petrolera no cesa, como tampoco la de canteras y ríos para sacar materiales de construcción. Con el crecimiento de los mercados de India y China, los precios del aceite de palma se mantienen o crecen poco a poco. Colombia es el quinto productor mundial, con algo más de 350.000 hectáreas de palma sembrada, que Uribe prometió aumentar a 800.000. Pese a una nueva enfermedad, pudrición del cogollo (PC), la oferta aumenta. Sin embargo, hay serias amenazas. El gran rival del aceite de palma es la soya, cultivo que en Brasil, Perú, Bolivia y México ha crecido muy rápidamente. De otro lado, Colombia no puede competir con los aceites de Malasia e Indonesia por las oscilaciones en la tasa de cambio, el costo de la tierra, la infraestructura de transporte y los costos de seguridad. En Colombia producir una tonelada cuesta 350 dólares, en Malasia 250 y en Indonesia, 150. El 70% de la producción de aceite de palma se consume en el país y por tanto los precios se mantienen por ahora. En este plano hay amenazas, pero no crisis.

Toda la producción amarrada a las alianzas productivas con Promotora Las Flores es transformada en agrodiesel en la planta de Codazzi, que es de Oleoflores S.A. y que puede procesar 50.000 toneladas de aceite crudo al año. El biocombustible tiene un mercado asegurado por el Gobierno al imponer que el diesel tenga incorporado el 20% de biodiesel.

El panorama parecería despejado, no sólo para los grandes palmicultores, sino para los productores asociados en alianzas productivas y para los comercializadores. No obstante, las perspectivas abiertas por el TLC con EE.UU. podrían comenzar a preocupar a los fabricantes de biodiesel. El mercado estadounidense de biodiesel está saturado y necesita exportar la producción de sus 150 plantas que lanzan al mercado 1.500 millones de litros anuales. ¿Qué pasará si el TLC permite la entrada —arancel cero— a la producción gringa? Simple: las extractoras de aceite dejarían de comprar a los productores la fruta. Mejor dicho, trasladarían el problema a los cultivadores.

El mecanismo funciona también con la oscilación de los precios del aceite: todo cambio desfavorable para las extractoras y comercializadoras puede ser transferido a los productores. Hoy el 60% del aceite de palma es producido por pequeños y medianos y las grandes compañías optan por las alianzas productivas porque permiten trasladar la inseguridad y la contingencia del negocio a los cultivadores asociados, que situados en esa eventualidad no pueden defenderse. Y la palma no es un cultivo transitorio.

¿De qué otra manera se podría entender el interés de los grandes negociantes de aceite de palma y productores de biodiesel en el modelo de las alianzas productivas?