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El talón de Aquiles de la ley de Justicia y Paz, a la luz de la estadísticas y los hechos que maneja la Fiscalía es la reparación a las víctimas. En diálogo franco con El Espectador, el coordinador de esa unidad, Héctor Eduardo Moreno, sostuvo que apenas hay $6.300 millones en efectivo y algo más de 700 bienes cuyo valor no ha terminado de calcularse para reparar a 460 mil víctimas registradas. En blanco y negro, esta es su radiografía.
Hay preocupación porque este año varios jefes paramilitares quedarán libres tras cumplir los ocho años de pena alterna en Justicia y Paz. ¿Ellos ya repararon a sus víctimas?
Todos los comandantes paramilitares que están en Justicia y Paz, ante la eventualidad de adquirir la sustitución de la medida cautelar próximamente, han debido reparar ya a sus víctimas. Uno de los requisitos y compromisos legales es la reparación. La proporción en que lo están haciendo es lo que hay que examinar.
¿Qué paso con Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, quien cumplió su pena el pasado 11 de marzo?
Él sigue detenido por muchos delitos base, como concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Además es coautor de muchos homicidios en la zona de la Costa donde era comandante.
Pero fíjese que ya cumplió su pena alternativa y condenas aún no tiene. ¿No es eso absurdo? ¿Estos señores, masacradores y violadores de derechos humanos recuperarán la libertad sin una sentencia?
No es un acto automático la recuperación de la libertad al término de los ocho años de pena. A partir de ese momento, cuando se concilie el tiempo de detención, hay que analizar los demás elementos dentro del proceso, por ejemplo si cumplió con los requisitos de elegibilidad y si tiene buen comportamiento en su centro de reclusión.
¿O sea, es poco probable que estos señores salgan este año?
El proceso de revisión sobre si cumplieron o no los requisitos de elegibilidad se hace de manera constante y permanente. Sólo que la decisión de sustituir o no la medida cautelar no depende la Fiscalía, sino de la magistratura.
Un panorama desolador en todo caso. ¿Qué radiografía hace usted del proceso de Justicia y Paz?
Hay algunas sentencias parciales como la de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, por delitos como concierto para delinquir y reclutamiento de menores; igualmente se le rompió la unidad procesal para investigar un tema de narcotráfico, ya que nunca aceptó haber participado en estas actividades. Por su parte, también están Don Antonio, condenado por delitos base; José Manuel Veloza, el hermano de alias H.H.; Jorge Iván Laverde Zapata, El Iguano; Edward Cobos, alias Diego Vecino, y Úber Banquez, alias Juancho Dique. Pero falta mucho.
Pero estos tipos están ad portas de recuperar su libertad, de volver a sus zonas de influencia y según su relato falta mucho por investigar. ¿Lo interpreto bien?
Es un proceso cuya realidad nos desbordó. Cuando se hizo la Ley de Justicia y Paz, nadie dimensionó la magnitud del problema al cual nos enfrentábamos. Tenemos un universo de 460.000 víctimas del conflicto armado. Todo eso frente a la lentitud aparente con la que se manejaron las cosas y al hecho de que resultaron más ágiles los procesos ordinarios, paradójicamente porque a partir de las confesiones que hacían los ‘paras’ nosotros compulsábamos copias a la justicia ordinaria y ahí se acogían a sentencia anticipada. En cambio Justicia y Paz obligaba a demostrar todos los hechos en conjunto. Por ejemplo, Salvatore Mancuso tiene cerca de 30 mil ilicitudes. Por eso empezamos la priorización.
El sistema tenía que colapsar así...
Empezamos a construir el camino antes de tener las herramientas legales. Ahora se investiga un fenómeno de macrocriminalidad en un contexto de conflicto, por lo que cambiamos la metodología de investigación. En un principio se identificaron 16 macroestructuras con 16 máximos responsables. Para evitar que ellos salieran sin condena se hizo un plan de priorización.
¿Puede un exjefe ‘para’ detenido salir sin sentencia?
En esta coyuntura en la que estamos es perfectamente posible, porque lo que se da es un fenómeno de sustitución de la pena.
¿Pero cómo explicarle a una señora a quien le desaparecieron a su hijo o torturaron a su marido en el Urabá, por poner un ejemplo, que ocho años después el responsable quedará libre sin condena?
Hay que darle una visión macro al fenómeno. Si bien es cierto que en este momento no tenemos sentencias condenatorias totales, el proceso sí ha generado muchas otras en la justicia ordinaria. Estamos empeñados en establecer qué sentencias se produjeron con base en las confesiones hechas en Justicia y Paz.
¿Sin rodeos se diría que Justicia y Paz fue un fracaso?
No. En el peor de los escenarios los postulados ya habrían cumplido la pena alternativa escogida por Colombia, de manera que ya eliminaríamos la impunidad. El modelo no fracasó, porque toca verlo en perspectiva, porque si uno lo compara frente a los procesos de justicia transicional que se han adelantado en el mundo —Sudáfrica, Ruanda y Serbia y Montenegro—, podríamos decir que el nuestro es altamente exitoso.
¿Por qué?
No sólo se puede ver el modelo desde el punto de vista de la imposición de una pena como elemento reivindicativo. La participación de las víctimas en ninguna justicia transicional ha sido tan efectiva como en Colombia. Ningún país ha podido obtener en materia de reparación por casos de desaparición forzada un registro de más de 2.800 exhumaciones y 5.406 cadáveres encontrados. Hemos entregado 2.551 restos humanos. Eso es un avance muy significativo.
Pero la reparación a las víctimas no parece haber sido efectiva...
La reparación también se debe ver desde una perspectiva integral. Si uno reduce el tema al componente económico, nadie quedará satisfecho. Pero si se mira como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió y el destino de las personas asesinadas y desaparecidas, ha sido altamente efectiva.
¿Cómo explicarles eso a los despojados de sus tierras o a sus familiares que no retornaron?
La verdad no es el único componente. La Fiscalía está trabajando de la mano de la Unidad de Restitución de Tierras para la recuperación de los bienes.
El tema de reparación es clave para que los paramilitares recuperen su libertad sin líos. ¿Qué mensaje les enviaría usted hoy?
Si se llega a comprobar que la persona ocultó bienes o no entregó los suficientes para la reparación, podrían revocarse los beneficios y pagar una pena de 30 años. El llamado es a que no pongan en riesgo su proceso por no reparar a las víctimas de manera adecuada.
¿Qué tantos falsos testigos se colaron en Justicia y Paz?
Estamos en proceso de investigación de algunos casos puntuales, pero no hay un consolidado.
¿Qué ha sido lo más satisfactorio tras ocho años de Justicia y Paz?
La reconstrucción de la verdad, porque difícilmente hay un proceso en el mundo que haya logrado tanto en este tema como el colombiano. Son muchos los casos de delitos esclarecidos como masacres, homicidios y desapariciones.
¿Y lo más frustrante?
No es tanto frustración como insatisfacción. Nadie se siente totalmente satisfecho.
¿Cuántos bienes se han entregado?
Se han entregado 182 bienes desde el momento de la desmovilización. Se ofrecieron 582 bienes que tienen medidas cautelares. Hay otros 180 con sentencia de extinción de dominio y también 109 bienes en proceso de investigación. En dinero en efectivo tenemos una suma cercana a los $6.300 millones. Este es un proceso que sigue en consolidación.
¿Pero cómo vamos a reparar a 460 mil víctimas con apenas 700 bienes y algo más de $6.000 millones?
Eso es un tema difícil de explicar. De hecho, en países como Argentina y Chile el tema de reparación fue asumido por el Estado. Comenzó exitosamente hasta que se dieron cuenta de que nadie tiene la capacidad económica para indemnizar a tantas víctimas.
@jdlaverde9
@santsmartinez