Paro armado: balance de cuatro días de afectaciones en al menos 11 departamentos

El paro armado convocado por el Clan del Golfo completó cuatro días, y con ello, la zozobra en al menos 11 departamentos. La acción promovida, según las autoridades, como retaliación a la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien fuere su máximo cabecilla, ha dejado confinadas alrededor de 74 comunidades. La fuerza pública, por su parte, ha capturado a más de 200 personas, de las cuales, 21 tenían por procesos judiciales vigentes, y las 71 restantes en flagrancia. El reporte da cuenta que Antioquia, Bolívar, Magdalena, Chocó, Córdoba y Sucre, son las regiones con más afectaciones.

Desde el Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, se le ordenó a la fuerza pública combatir la criminalidad que ha dejado a su paso las acciones criminales del Clan del Golfo. Lo que se ha visto desde que comenzó el paro han sido hostigamientos y amenazas a través de panfletos, prohibiciones en la movilidad, cierre del comercio en algunas zonas del país, bloqueo de vías y la incineración de más de 180 vehículos. Si bien el jefe de la cartera aumentó la recompensa sobre alias Chiquito Malo y Siopas, sucesores de Otoniel, la ofensiva criminal continúa.

Lea aquí: Así está el panorama en el Bajo Cauca por el paro armado del Clan del Golfo

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Alejandro Bustamante, anunció que, hasta la fecha, se han incautado 12 armas de fuego, 481 cartuchos, siete proveedores, granadas, un vehículo y una motocicleta que serían usados para amedrentar a la población civil y a la fuerza pública. Además, anunció la captura de alias Pedro, quien, al parecer, estuvo detrás de los hostigamientos en las vías del departamento de Cesar.

“Alias Pedro delinque en la Sierra Nevada de Santa Marta y es el que ha liderado las disputas de territorio con Los Pachenca. Alias Pedro ha tenido relación con los ataques perpetrados durante el paro armado en esa zona del país. Tenemos toda la información de lo sucedido en Pivijay donde tuvimos la quema de dos vehículos que fue el último reporte que tuvimos en este departamento”, resaltó el general. Añadió que la captura es importante porque con ello evitan más acciones bélicas por parte del Clan.

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Hasta el viernes pasado, la Unidad de Investigación y Acusación de las Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reportó que durante el jueves y viernes de la semana pasada se registró un hostigamiento cada 20 minutos. Además, el paro hasta esa fecha ha dejado cinco tentativas de homicidios a la población civil, 10 vías bloqueadas, 12 homicidios selectivos, alrededor de 50 cese de actividades de transporte.

Además, 20 municipios de los 119 afectados, tienen grafitis alusivos a las AGC o el Clan del Golfo. Alrededor de 74 comunidades se encuentran en confinamiento. Ocho medios de comunicación locales han sido afectados, y hasta el viernes, se habían registrado 8 ataques a la fuerza pública, y 80 actos de destrucción a inmuebles.

Además de los hechos violentos, las autoridades han reportado que en el Urabá antioqueño al menos 120 mil personas se quedaron sin el servicio de gas natural. Aunque la situación ha ido mejorando paulatinamente, hoy 80 mil ciudadanos siguen sin tener acceso. Según EPM, el corte se debe a las condiciones de seguridad del territorio. Los municipios afectados son: Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, Turbo San Juan de Urabá. San pedro de Urabá, Urrao, Remedios y Frontino.

Por otro lado, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, alertó que en Córdoba hay pacientes que no han podido acceder a medicamentos vitales. Según la entidad, desde el pasado 5 de mayo, 162 pacientes con problemas renales no han podido tener diálisis en sus casas (en el sur del departamento).

“Exigimos respeto por las misiones médicas y esperamos que no se impongan trabas al tránsito de ambulancias ni del personal de la salud, ya que el respeto por el derecho a la vida es fundamental. Los grupos armados ilegales no pueden jugar con la vida de los pacientes, la situación es crítica porque los tratamientos, como la diálisis, deben hacerse a diario”, expresó Camargo.

Según autoridades locales, en Córdoba la situación ha sido crítica. Para el 8 de mayo, al menos el 99 % del transporte municipal estuvo suspendido por la quema de 20 vehículos en los municipios de Montería, Cereté, Tierralta, Ayapel, Buenavista, Planeta Rica, Puerto Libertador, Montelíbano, Lorica, Chimá, Momil, Purísima y Tuchín.

A su vez, organizaciones de derechos humanos han reportado que en estos cuatro días de paro, se han registrado siete asesinatos en Córdoba, tres amenazas en contra de líderes sociales, un desplazamiento masivo en Puerto Libertador y al menos 15 intimidaciones con disparos al aire.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El paro armado convocado por el Clan del Golfo completó cuatro días, y con ello, la zozobra en al menos 11 departamentos. La acción promovida, según las autoridades, como retaliación a la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien fuere su máximo cabecilla, ha dejado confinadas alrededor de 74 comunidades. La fuerza pública, por su parte, ha capturado a más de 200 personas, de las cuales, 21 tenían por procesos judiciales vigentes, y las 71 restantes en flagrancia. El reporte da cuenta que Antioquia, Bolívar, Magdalena, Chocó, Córdoba y Sucre, son las regiones con más afectaciones.

Desde el Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, se le ordenó a la fuerza pública combatir la criminalidad que ha dejado a su paso las acciones criminales del Clan del Golfo. Lo que se ha visto desde que comenzó el paro han sido hostigamientos y amenazas a través de panfletos, prohibiciones en la movilidad, cierre del comercio en algunas zonas del país, bloqueo de vías y la incineración de más de 180 vehículos. Si bien el jefe de la cartera aumentó la recompensa sobre alias Chiquito Malo y Siopas, sucesores de Otoniel, la ofensiva criminal continúa.

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El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Alejandro Bustamante, anunció que, hasta la fecha, se han incautado 12 armas de fuego, 481 cartuchos, siete proveedores, granadas, un vehículo y una motocicleta que serían usados para amedrentar a la población civil y a la fuerza pública. Además, anunció la captura de alias Pedro, quien, al parecer, estuvo detrás de los hostigamientos en las vías del departamento de Cesar.

“Alias Pedro delinque en la Sierra Nevada de Santa Marta y es el que ha liderado las disputas de territorio con Los Pachenca. Alias Pedro ha tenido relación con los ataques perpetrados durante el paro armado en esa zona del país. Tenemos toda la información de lo sucedido en Pivijay donde tuvimos la quema de dos vehículos que fue el último reporte que tuvimos en este departamento”, resaltó el general. Añadió que la captura es importante porque con ello evitan más acciones bélicas por parte del Clan.

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Hasta el viernes pasado, la Unidad de Investigación y Acusación de las Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reportó que durante el jueves y viernes de la semana pasada se registró un hostigamiento cada 20 minutos. Además, el paro hasta esa fecha ha dejado cinco tentativas de homicidios a la población civil, 10 vías bloqueadas, 12 homicidios selectivos, alrededor de 50 cese de actividades de transporte.

Además, 20 municipios de los 119 afectados, tienen grafitis alusivos a las AGC o el Clan del Golfo. Alrededor de 74 comunidades se encuentran en confinamiento. Ocho medios de comunicación locales han sido afectados, y hasta el viernes, se habían registrado 8 ataques a la fuerza pública, y 80 actos de destrucción a inmuebles.

Además de los hechos violentos, las autoridades han reportado que en el Urabá antioqueño al menos 120 mil personas se quedaron sin el servicio de gas natural. Aunque la situación ha ido mejorando paulatinamente, hoy 80 mil ciudadanos siguen sin tener acceso. Según EPM, el corte se debe a las condiciones de seguridad del territorio. Los municipios afectados son: Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, Turbo San Juan de Urabá. San pedro de Urabá, Urrao, Remedios y Frontino.

Por otro lado, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, alertó que en Córdoba hay pacientes que no han podido acceder a medicamentos vitales. Según la entidad, desde el pasado 5 de mayo, 162 pacientes con problemas renales no han podido tener diálisis en sus casas (en el sur del departamento).

“Exigimos respeto por las misiones médicas y esperamos que no se impongan trabas al tránsito de ambulancias ni del personal de la salud, ya que el respeto por el derecho a la vida es fundamental. Los grupos armados ilegales no pueden jugar con la vida de los pacientes, la situación es crítica porque los tratamientos, como la diálisis, deben hacerse a diario”, expresó Camargo.

Según autoridades locales, en Córdoba la situación ha sido crítica. Para el 8 de mayo, al menos el 99 % del transporte municipal estuvo suspendido por la quema de 20 vehículos en los municipios de Montería, Cereté, Tierralta, Ayapel, Buenavista, Planeta Rica, Puerto Libertador, Montelíbano, Lorica, Chimá, Momil, Purísima y Tuchín.

A su vez, organizaciones de derechos humanos han reportado que en estos cuatro días de paro, se han registrado siete asesinatos en Córdoba, tres amenazas en contra de líderes sociales, un desplazamiento masivo en Puerto Libertador y al menos 15 intimidaciones con disparos al aire.

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