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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual espera respuesta del Gobierno para visitar Colombia por el Paro Nacional, fue alertada por el abogado Víctor Mosquera tras la reciente denuncia pública de una uniformada de la Policía de Cali. La mujer, quien interpuso acciones legales y habló desde el anonimato para medios de comunicación, asegura haber sido torturada y violentada sexualmente por manifestantes el pasado 29 de abril.
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La Firma Victor Mosquera Marín Abogados se permite hacer público informe que remitió a @CIDH @totonia68 sobre tortura, vejámenes y agresión sexual contra una integrante de la fuerza pública en el marco del Paro Nacional en Colombia - 2021. pic.twitter.com/aZfj0bUfuX
— Victor Mosquera Marin (@VictorMosqueraM) May 21, 2021
Para el abogado Mosquera se trata de una clara vulneración a los derechos humanos amparados en diferentes pactos y convenciones internacionales a las cuales está adscrito el Estado, en especifico sobre las torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes de los que nunca deben ser víctimas los colombianos. El caso de la uniformada se constituyó, tras casi un mes de manifestaciones, en el primer hecho de violencia sexual contra un funcionario público.
“Estos actos de violencia no pueden seguir presentándose, y mucho menos contra una mujer por su calidad de mujer y miembro de la fuerza pública, olvidando que quienes garantizan la protección de los derechos humanos de los ciudadanos son los policías y dejando de lado que detrás de un uniforme se encuentra un ser humano, una mujer y un colombiano más”, allegó Mosquera la CIDH.
De acuerdo con el informe del abogado, la patrullera denunció que el pasado 29 de abril, en la segunda jornada de manifestaciones en Cali, inició su día laboral en la estación de Policía de Aguablanca (Cali). Allí la asignaron para reforzar una de las zonas donde mayor número de manifestaciones se habían presentado. Mientras Mosquera asegura que el ataque se presentó en esa estación, medios que la entrevistaron, como RCN, dan cuenta de que fue en un CAI.
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En todo caso, Mosquera allegó a la CIDH que en cercanías de la estación Aguablanca manifestantes incendiaron llantas y les lanzaron rocas y botellas a los uniformados del edificio, lo cual se corrobora en las entrevistas concedidas por la patrullera. De acuerdo con la denuncia, uno de los marchantes indicó que debían sacar a la mujer del lugar tras considerarla “el eslabón más débil”. De acuerdo con el abogado, los compañeros de la denunciante intentaron ayudarla, pero los golpearon.
“La patrullera cuenta que los vándalos la sacaron de la estación de policía arrastrándola, por lo que ella en ese momento les rogó por su vida. Una vez los vándalos lograron sacarla de la estación la tiraron en el piso y sin piedad comenzaron a golpearla, insultarla, despojarla de sus pertenencias. No bastándoles con esto, un hombre se puso sobre ella y le quitó la chaqueta de su uniforme con la intención de desvestirla y la tocó de forma indebida por todo el cuerpo (…)”, agregó Mosquera.
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La denuncia de la patrullera, quien ha ocultado su nombre para proteger su intimidad, podría ser una de los centenares de violaciones a los derechos humanos, alertados por ONG’s y entidades oficiales, que podría conocer la CIDH si el gobierno decide darle luz verde a su visita. El pasado 14 de mayo el organismo interamericano solicitó urgente intervención en Colombia, para observar en terreno las jornadas de protestas que ya se han prologando durante más de tres semanas.
“En el marco de su mandato de monitoreo permanente a la situación de DD. HH en el país, la CIDH ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los DD. HH producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales. La información recibida señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas. De igual manera, recibió información sobre agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado”, dice un comunicado publicado por el organismo.
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De acuerdo con el último informe de Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en e Paro Nacional se habrían presentado 51 asesinatos, de los cuales 43 podrían atribuírsele a la Fuerza Pública. La estadística más alta está relacionada con los casos de violencia policial: 2387. Por su parte, la Defensoría y la Fiscalía reportan un total de 703 uniformados lesionados en las manifestaciones y 160 personas imputadas por presuntamente cometer actos vandálicos.