Paro Nacional: Corte Constitucional, dividida por respaldo al Gobierno

Presidente Iván Duque durante diálogo con magistrados de las altas cortes

Foto: Presidencia

Dividida. Así está la Sala Plena de la Corte Constitucional en este momento, luego de que dos de sus integrantes, los magistrados Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez, expusieran su punto de vista sobre la reunión que se llevó a cabo este jueves en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque, a la que asistieron los dignatarios de las altas cortes.

Los togados expusieron que no comparten que el presidente de la corporación, magistrado Antonio José Lizarazo, haya suscrito una declaración conjunta con el Gobierno Nacional en la que, si bien se respalda el orden institucional y democrático, dejaron de lado la separación de las funciones y la independencia que debe tener el alto tribunal en el ejercicio de sus funciones de control de justicia que incluye, entre otras cosas, decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional.

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Los magistrados aseguraron que el jefe de la corporación debió mantenerse en su postura emitida este miércoles en compañía de los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la que exhortaron a los diferentes sectores del país a adelantar consensos basados en un lenguaje “claro, sincero e impecable”, y además, en el que se solidarizaron con las familias de las víctimas de la población civil y de la fuerza pública que han resultado agredidos en el marco del paro nacional.

“Así como válida y legítimamente se condenaron y rechazaron los actos criminales de violencia, de terrorismo, de vandalismo, y de vías de hecho que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana también ha debido condenarse y rechazarse el uso excesivo de la fuerza, el desvío del poder y el abuso de la autoridad que también afectan el orden jurídico de los derechos humanos y en general el Estado de Derecho”, consignaron los dos magistrados en un documento emitido este jueves.

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El reproche de los magistrados también se basa en que a la Corte, en cabeza de Lizarazo no le corresponde reconocer el cúmulo de acciones que está ejecutando el Gobierno Nacional respecto de la atención a la situación sanitaria, que padece el país por cuenta del COVID-19, así como tampoco los desafíos sociales y económicos que enfrenta la nación, los cuales pueden ser analizados en un futuro en la corporación en caso de que las iniciativas tomadas sean demandadas.

Estas precisiones las entregaron los dos magistrados al conocer los cinco puntos en los que el Gobierno Nacional y los dignatarios de las altas cortes suscribieron el documento en el que expresaron rechazo por los actos criminales que se han presentado durante el paro nacional que completó nueve días; la intención de respetar la protesta pacífica y buscar la manera correcta de dirimir las controversias y desescalar la violencia; la iniciativa de que los delitos cometidos durante estos días se investiguen con celeridad y el reconocimiento de las corporaciones judiciales por la labor adelantada por parte del Estado.