Paro nacional: cuatro agentes del ESMAD irán a juicio disciplinario por uso de Venom
Se trata de un mayor, un teniente y dos patrulleros. Esta arma, que fue muy cuestionada durante el Paro nacional de 2021, es un lanzador múltiple de proyectiles electrónicos. Cuesta cerca de $400 millones.
El mayor Wilmer Sandoval, el teniente Julián David Sierra y los patrulleros Nilson Javier Valverde y Óscar Eduardo Robayo irán a juicio disciplinario porque habrían usado irregularmente el lanzador múltiple de proyectiles electrónicos Venom durante el Paro Nacional de 2021 en Popayán, Cauca.
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Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2021 en las inmediaciones del parque Caldas de esa ciudad. Ese día, según la Procuraduría, el patrullero Nilson Javier Valverde operó el lanzador múltiple, sin que, aparentemente, tuviese permiso para ello por parte de sus superiores ni hiciera parte de su función. Además, habría introducido su bota debajo de la base del aparato para alterar el ángulo de disparo.
La investigación del Ministerio público revela además que Eduardo Robayo era la única persona habilitada para operar esa arma no “letal” y presuntamente permitió que su compañero Nilson Javier Valverde la utilizara contra la ciudadanía “lo que pudo haber generado un inadecuado control del dispositivo a su cargo” explicó la Procuraduría.
Lea: Venom: el arma en la tanqueta del Esmad, que causó pánico en el sur de Bogotá, en el Paro Nacional
Por último, la Procuraduría explicó que envió a juicio al teniente Julián David Sierra porque presuntamente permitió y avaló que personal no capacitado utilizara el lanzador múltiple eléctrico, al igual que al mayor Wilmer Sandoval, por su presunta negligencia en su servicio, porque el lanzador no tenía reglamentación específica de la operación en el departamento.
En 2021 El Espectador pudo conocer que esta arma, no letal, es una de las más sofisticadas y costosas que tiene el Esmad para dispersar manifestaciones. Según un derecho de petición que respondió el Ministerio de Defensa a la Comisión Sexta del Senado, tiene un costo cercano a los $400 millones. Según la descripción, es elaborado en materiales metálicos, de alta resistencia, y cuenta con tres compartimientos de carga, con capacidad para alojar 10 cartuchos electrónicos cada uno, “los cuales pueden eyectar su contenido hasta 150 metros de distancia, en un ángulo de 45 grados, en cadencia de disparo cíclica o repetitivas, de acuerdo con el propósito táctico y operacional. Es alimentado por seis baterías AA y controlados a través de un Joystick, bien sea desde el interior de un vehículo o ser alimentado con una fuente externa, que puede ser conectada a la batería del vehículo”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El mayor Wilmer Sandoval, el teniente Julián David Sierra y los patrulleros Nilson Javier Valverde y Óscar Eduardo Robayo irán a juicio disciplinario porque habrían usado irregularmente el lanzador múltiple de proyectiles electrónicos Venom durante el Paro Nacional de 2021 en Popayán, Cauca.
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Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2021 en las inmediaciones del parque Caldas de esa ciudad. Ese día, según la Procuraduría, el patrullero Nilson Javier Valverde operó el lanzador múltiple, sin que, aparentemente, tuviese permiso para ello por parte de sus superiores ni hiciera parte de su función. Además, habría introducido su bota debajo de la base del aparato para alterar el ángulo de disparo.
La investigación del Ministerio público revela además que Eduardo Robayo era la única persona habilitada para operar esa arma no “letal” y presuntamente permitió que su compañero Nilson Javier Valverde la utilizara contra la ciudadanía “lo que pudo haber generado un inadecuado control del dispositivo a su cargo” explicó la Procuraduría.
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Por último, la Procuraduría explicó que envió a juicio al teniente Julián David Sierra porque presuntamente permitió y avaló que personal no capacitado utilizara el lanzador múltiple eléctrico, al igual que al mayor Wilmer Sandoval, por su presunta negligencia en su servicio, porque el lanzador no tenía reglamentación específica de la operación en el departamento.
En 2021 El Espectador pudo conocer que esta arma, no letal, es una de las más sofisticadas y costosas que tiene el Esmad para dispersar manifestaciones. Según un derecho de petición que respondió el Ministerio de Defensa a la Comisión Sexta del Senado, tiene un costo cercano a los $400 millones. Según la descripción, es elaborado en materiales metálicos, de alta resistencia, y cuenta con tres compartimientos de carga, con capacidad para alojar 10 cartuchos electrónicos cada uno, “los cuales pueden eyectar su contenido hasta 150 metros de distancia, en un ángulo de 45 grados, en cadencia de disparo cíclica o repetitivas, de acuerdo con el propósito táctico y operacional. Es alimentado por seis baterías AA y controlados a través de un Joystick, bien sea desde el interior de un vehículo o ser alimentado con una fuente externa, que puede ser conectada a la batería del vehículo”.
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