Paro Nacional: de 231 investigaciones por abuso policial, hay dos destituciones
La Dirección de Derechos Humanos de la Policía se estrena justo un día antes del aniversario del “9-S”, cuando al menos 13 jóvenes fueron asesinados presuntamente por uniformados en medio de protestas. El director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, pidió disculpas a las víctimas de abuso policial.
La Dirección de Derechos Humanos de la Policía es una realidad. En el marco de la “Transformación Integral de la Policía”, estrategia comunicada en pleno avance del pasado y turbulento paro nacional, se dio inicio a una seccional de la institución que tendrá el objetivo de garantizar la protección de las garantías de los ciudadanos durante los procedimientos policiales. En medio del anuncio, la institución entregó un balance sobre las denuncias que tienen en contra por las últimas movilizaciones, revelando que inició 231 investigaciones internas, cuyo resultado ha sido la destitución de dos uniformados.
En contexto: CIDH reconoce uso excesivo de la fuerza pública en Paro Nacional
De acuerdo con la Policía Nacional, durante 2021 inició 231 investigaciones internas por el paro nacional, de las cuales 176 empezaron de oficio y 55 por quejas recibidas. De ellas, 111 permanecen vigentes y 120 fueron cerradas. Sobre eso la institución entregó un dato clave, pues de todas las actuaciones que conoció, solo seis uniformados resultaron sancionados, dos de ellos destituidos, y siete están suspendidos provisionalmente. Además, este año identificó 13 casos por homicidio y 10 por lesiones personales. De acuerdo con Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al menos 80 personas habrían sido asesinadas por uniformados.
Por otro lado, la Policía Nacional entregó el balance general de investigaciones disciplinarias desde 2016. Según la entidad, permanecen vigentes 1.446 investigaciones disciplinarias, de las cuales 469 están en etapa preliminar. En total 1.643 miembros de la Policía Nacional están vinculados a denuncias o investigaciones por uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad. El dato clave, en esta seguidilla de cifras, es que 265 uniformados tienen un proceso por “manipulación imprudente de armas de fuego”.
En contexto: Presidente Duque anunció la transformación integral de la Policía
Durante la rueda de prensa en la que el Ministerio de Defensa y la Policía dio a conocer estas cifras y balance, el director de la institución, el general Jorge Luis Vargas, envió un mensaje directo a las víctima de abuso policial. Lo hizo de manera reiterada, rechazando también cualquier abuso de autoridad o uso de arma de fuego. “ La Policía nacional, hoy y siempre, va a lamentar y pedirle disculpas y perdón a las personas que han sido víctima de cualquier hecho en done un policía, de manera comprada, con todo el debido y proceso y la ley colombiana, se ha comprobado que ha cometió un acto contrario a la ley”, señaló el alto oficial.
Por otro lado, la Policía Nacional aseguró que, por los mismos hechos de abuso, desde 2019 han sido destituidos 101 uniformados y suspendidos otros 190. La Dirección de Derechos Humanos de la Policía se estrenó justo un día antes, hoy ocho de septiembre, del Día Nacional de los Derechos Humanos, pero también del asesinato presuntamente a manos de policías de 13 jóvenes en Bogotá y Soacha. El denominado “9-S” de 2020, cuando centenares de manifestantes irrumpieron las calles para protestar por la muerte violenta de Javier Ordóñez, sometido con sevicia por los expatrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda en el CAI Villaluz.
“En referencia al procedimiento policial que en la madrugada del 9 de septiembre de 2020 terminó con la muerte del ciudadano Javier Ordóñez, y ante hechos ocurridos durante ese mismo día y con corte al 14 de septiembre en los que ciudadanos perdieron la vida y otros resultaron lesionados, la Inspección General inició 97 procesos disciplinarios contra 108 uniformados (92 de los procesos a partir de la información recopilada en fuentes abiertas y medios de comunicación y 5 por quejas recibidas)”, agregó la institución.
Le puede interesar: Paro Nacional: los cabos sueltos de las denuncias contra la Policía en el Valle
Sobre el “9-S”, la Policía Nacional responde que el 8% de los procesos disciplinarios siguen vigentes y el resto, 89, ya fueron cerrados. “En total 10 terminaron con responsabilidad para 18 policías, que fueron sancionados; en 68 de los procesos no se determinó responsabilidad por falta de elementos probatorios que permitieran formular cargos contra integrantes de la Institución, y la Procuraduría General de la Nación aplicó su poder preferente en 11 de los casos”, concluyó la entidad.
Entre otros datos, la Policía dio a conocer que el director de la seccional de derechos humanos será Luis Alfonso Novoa Díaz, abogado con especialización en DD. HH y maestro en Derecho Penal Internacional. Entre su experiencia profesional está haber trabajado en el Centro Internacional de Justicia Transicional, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y la oficina de Derechos Humanos en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido, además, profesor de derechos humanos en Colombia, Honduras, Argentina, Perú y Costa Rica.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Dirección de Derechos Humanos de la Policía es una realidad. En el marco de la “Transformación Integral de la Policía”, estrategia comunicada en pleno avance del pasado y turbulento paro nacional, se dio inicio a una seccional de la institución que tendrá el objetivo de garantizar la protección de las garantías de los ciudadanos durante los procedimientos policiales. En medio del anuncio, la institución entregó un balance sobre las denuncias que tienen en contra por las últimas movilizaciones, revelando que inició 231 investigaciones internas, cuyo resultado ha sido la destitución de dos uniformados.
En contexto: CIDH reconoce uso excesivo de la fuerza pública en Paro Nacional
De acuerdo con la Policía Nacional, durante 2021 inició 231 investigaciones internas por el paro nacional, de las cuales 176 empezaron de oficio y 55 por quejas recibidas. De ellas, 111 permanecen vigentes y 120 fueron cerradas. Sobre eso la institución entregó un dato clave, pues de todas las actuaciones que conoció, solo seis uniformados resultaron sancionados, dos de ellos destituidos, y siete están suspendidos provisionalmente. Además, este año identificó 13 casos por homicidio y 10 por lesiones personales. De acuerdo con Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al menos 80 personas habrían sido asesinadas por uniformados.
Por otro lado, la Policía Nacional entregó el balance general de investigaciones disciplinarias desde 2016. Según la entidad, permanecen vigentes 1.446 investigaciones disciplinarias, de las cuales 469 están en etapa preliminar. En total 1.643 miembros de la Policía Nacional están vinculados a denuncias o investigaciones por uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad. El dato clave, en esta seguidilla de cifras, es que 265 uniformados tienen un proceso por “manipulación imprudente de armas de fuego”.
En contexto: Presidente Duque anunció la transformación integral de la Policía
Durante la rueda de prensa en la que el Ministerio de Defensa y la Policía dio a conocer estas cifras y balance, el director de la institución, el general Jorge Luis Vargas, envió un mensaje directo a las víctima de abuso policial. Lo hizo de manera reiterada, rechazando también cualquier abuso de autoridad o uso de arma de fuego. “ La Policía nacional, hoy y siempre, va a lamentar y pedirle disculpas y perdón a las personas que han sido víctima de cualquier hecho en done un policía, de manera comprada, con todo el debido y proceso y la ley colombiana, se ha comprobado que ha cometió un acto contrario a la ley”, señaló el alto oficial.
Por otro lado, la Policía Nacional aseguró que, por los mismos hechos de abuso, desde 2019 han sido destituidos 101 uniformados y suspendidos otros 190. La Dirección de Derechos Humanos de la Policía se estrenó justo un día antes, hoy ocho de septiembre, del Día Nacional de los Derechos Humanos, pero también del asesinato presuntamente a manos de policías de 13 jóvenes en Bogotá y Soacha. El denominado “9-S” de 2020, cuando centenares de manifestantes irrumpieron las calles para protestar por la muerte violenta de Javier Ordóñez, sometido con sevicia por los expatrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda en el CAI Villaluz.
“En referencia al procedimiento policial que en la madrugada del 9 de septiembre de 2020 terminó con la muerte del ciudadano Javier Ordóñez, y ante hechos ocurridos durante ese mismo día y con corte al 14 de septiembre en los que ciudadanos perdieron la vida y otros resultaron lesionados, la Inspección General inició 97 procesos disciplinarios contra 108 uniformados (92 de los procesos a partir de la información recopilada en fuentes abiertas y medios de comunicación y 5 por quejas recibidas)”, agregó la institución.
Le puede interesar: Paro Nacional: los cabos sueltos de las denuncias contra la Policía en el Valle
Sobre el “9-S”, la Policía Nacional responde que el 8% de los procesos disciplinarios siguen vigentes y el resto, 89, ya fueron cerrados. “En total 10 terminaron con responsabilidad para 18 policías, que fueron sancionados; en 68 de los procesos no se determinó responsabilidad por falta de elementos probatorios que permitieran formular cargos contra integrantes de la Institución, y la Procuraduría General de la Nación aplicó su poder preferente en 11 de los casos”, concluyó la entidad.
Entre otros datos, la Policía dio a conocer que el director de la seccional de derechos humanos será Luis Alfonso Novoa Díaz, abogado con especialización en DD. HH y maestro en Derecho Penal Internacional. Entre su experiencia profesional está haber trabajado en el Centro Internacional de Justicia Transicional, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y la oficina de Derechos Humanos en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido, además, profesor de derechos humanos en Colombia, Honduras, Argentina, Perú y Costa Rica.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.