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A un día de completar un mes desde que se convocó el Paro Nacional como negativa a las directrices del Gobierno de Iván Duque, las autoridades continúan reportando desmanes y daños estructurales en algunas ciudades del país. Los más recientes son la incineración del Palacio de Justicia “Lizandro Martínez” en Tuluá (Valle del Cauca), ocurrida en la noche de este martes; y tres situaciones más que se presentaron en Pasto (Nariño), Bogotá y Bucaramanga (Santander).
Sobre los hechos ocurridos en Tuluá, una comisión del Gobierno Nacional llegó hasta el lugar para verificar la situación. El Ministro de Defensa, Diego Molano, junto con la cúpula militar y policial ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien brinde información sobre los responsables de incinerar el edificio de la Rama Judicial. Del mismo modo, anunció que investigarán la muerte de Camilo Andrés Arango, un joven de 18 años, estudiante de derecho que perdió la vida, al parecer, por un impacto de bala. Al mismo tiempo el funcionario confirmó la captura de 17 personas entre las que se encuentra la de Eucardo alias “Solterosky” señalado de pertenecer a la “Dagoberto Ramos” de las disidencias de las Farc.
Respecto de la noche de este miércoles las autoridades expusieron que en Bucaramanga, al término de las movilizaciones, un grupo de encapuchados dañaron una entidad bancaria y otra más resultó averiada por la cercanía con la primera. El general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que rechazan los actos vandálicos de personas que “se camuflan en la protesta pacífica para salir en la tarde-noche a cometer situaciones ilegales”.
“Intentaron vandalizar algunos establecimientos comerciales. Intentaron agredir a una mujer de un establecimiento religioso. Tenemos evidencias y videos donde se ven la materialización de estas actividades delincuenciales. Acompañamos la protesta social pacífica pero rechazamos con contundencia los actos que conduzcan a hechos violentos”, expuso el oficial quien aseguró que las evidencias fílmicas serán remitidas a las autoridades judiciales para que puedan iniciar una investigación.
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Por su parte, el secretario del interior de Bucaramanga, José David Cavanzo, confirmó que desde horas de la mañana adelantaron acompañamiento a las movilizaciones que se registraron en la ciudad bumanguesa. A juicio del funcionario público, las manifestaciones culminaron de manera pacífica, no obstante, la jornada se vio empañada por las actuaciones vandálicas de algunos encapuchados que hicieron presencia en establecimientos de cadena con la intención de atentar contra la infraestructura. Estas situaciones fueron evitadas por las autoridades.
Por otro lado, en el pacífico colombiano, el coronel José Arturo Sánchez Valderrama, comandante de la Policía Metropolitana de San Juan Pasto (Nariño), alertó sobre investigaciones que pesarán contra varios uniformados que, supuestamente, protagonizaron actuaciones contrarias a su deber. En un video quedó registrada la manera en la que un grupo de policías intentan incinerar un Centro de Atención Inmediata (CAI) con un funcionario que estaba dentro.
“Se presenta un hecho donde se observa un procedimiento irregular por parte de unos uniformados. Estamos avanzando en establecer los responsables que incurrieron en estos hechos, quienes serán separados de sus cargos para adelantar las investigaciones correspondientes”, dijo el oficial y confirmó que con el fin de brindar imparcialidad, transparencia y garantizando el debido proceso se solicitó al CTI de la Fiscalía y a la Procuraduría General avanzar con las investigaciones.
De acuerdo con el oficial, los hechos se presentaron en actividades ajenas a las manifestaciones en el sector de Potrerillo, en horas de la noche cuando la jornada de movilizaciones había finalizado y estaba vigente el toque de queda. El coronel resaltó, en este caso, que fue la ciudadanía la que alertó el suceso y evitó que el funcionario policial que estaba dentro de la edificación resultara lesionado. “Lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con las familias de las personas lesionadas”.
En la capital del país también se registraron sendos desmanes en la localidad de Usme ubicada en el sur de la ciudad. En los actos violentos que se presentaron tuvo que intervenir el Escuadrón Móvil Antidisturbio (ESMAD), lo que trascendió es que miembros de la prensa también fueron atacados.
Los desmanes registrados en Nariño y Santander se suman a los que se han presentado en Cali y Bogotá por cuenta de las manifestaciones que este viernes completan un mes y que ha dejado cientos de personas civiles y uniformados de la fuerza pública lesionadas. Cabe mencionar que las autoridades – el Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía- han basado su hipótesis en que los daños a infraestructura y los atentados contra la ciudadanía se han presentado por directrices del Ejército de Liberación Nacional y las Disidencias de las Farc. Prueba de ello es la operación “San Isidro” que, según el general Jorge Vargas, director de la Policía, hay evidencia que permite confirmar que la “Segunda Marquetalia” estaría vinculada con los actos vandálicos perpetrados en las últimas semanas en Cali y Valle del Cauca.
En su más reciente informe rendido al sector defensa, el oficial destacó la captura de alias “Richard” quien tendría conexión directa con “Iván Márquez” y “El Paisa”. Según el reporte policial era el encargado de la reestructuración de las células urbanas de la “Segunda Marquetalia” en el departamento vallecaucano. El hombre estuvo en la cárcel y una vez se registró el proceso de reincorporación quedó en libertad, pero se unió directamente a las disidencias de las Farc. En el momento de su captura las autoridades hallaron que recibía dinero desde Arauca y Venezuela. “La plata recibida era para comprar artefactos y armas de fuego para atentar contra miembros de la Policía Nacional. Esto era para cometer actos criminales, no dentro de la manifestación, sino contra miembros de la institución en lugares de Cali que están bloqueados”.
De acuerdo con Vargas, en el allanamiento realizado a “Richard” encontraron un saludo de felicitación que le hicieron Iván Márquez y El Paisa, por los sucesos ocurridos en los últimos días en Cali. El jefe de la policía en rueda de prensa con el ministro de defensa leyó un aparte. “La Segunda Marquetalia como ejército del pueblo está poniendo su aporte en el avance de estas jornadas de edificación de una nueva Colombia”. Para el oficial esto es una prueba irrefutable de la participación de las disidencias en las manifestaciones. No se descarta que en los computadores que incautaron exista información que les permita ratificar sus hipótesis respecto de los nexos de estructuras ilegales con los desmanes en las manifestaciones.
El balance general del paro
En su más reciente informe, el Ministerio de Defensa informó que hasta el momento 17 personas han perdido la vida en el marco de las manifestaciones. Nueve casos aún se encuentran en proceso de verificación y ratificaron que 19 no guardan relación con las protestas. En cuanto al reporte de lesionados, hasta la fecha, se registran 1.065 personas que se ubican en Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, Bucaramanga, Pasto, Popayán, Pereira, Cartago, Yumbo y otros municipios del Valle del Cauca.
En cuanto a la afectación a los miembros de la fuerza pública, dos uniformados de la policía perdieron la vida, uno en Cali y otro en Soacha. Los hechos fueron perpetrados con arma cortopunzante y de fuego. Sobre los policías lesionados se tiene un reporte de 1.102 de los cuales 1.048 son hombres y 54 mujeres. Al menos 12 aún se encuentran en centros asistenciales.
En materia de infraestructura, alrededor de 1.175 vehículos de transporte público han resultado averiados, oficinas bancarias (439), Cajeros automáticos (422), establecimientos comerciales (399), estaciones de transporte público (206), estaciones de servicio (91), vehículos particulares y de emergencia (58), señales de tránsito (53), motos particulares (14), instituciones religiosas (2) y hoteles (1). En cuanto a afectaciones a entidades del gobierno se tiene reporte de 120 infraestructuras dañadas, así como cámaras de seguridad (118), semáforos (66), cámaras de fotomulta (47), peajes (28), bienes culturales (22), básculas de peajes (4) y puentes (1).
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La afectación a bienes de la Policía deja un saldo de 496 vehículos dañados, seguido de CAI (100), estaciones de policía (10), subestaciones (4), distritos de policía (3), comando policial (1). Por otro lado, por hechos que vinculan afectaciones por parte de uniformados, el Ministerio de Defensa ha abierto 157 investigaciones disciplinarias de los cuales 74 son por abuso de autoridad, 31 por agresiones físicas, 16 por lesiones personales, 11 por homicidio, dos por acoso sexual y 23 por otras conductas.
Cabe mencionar que en la Procuraduría reposan 54 indagaciones contra miembros de la fuerza pública, y en 23 situaciones el Ministerio Público asumió el poder preferente. Del mismo modo, en la Justicia Penal Militar reposan 34 acciones que son estudiadas para verificar si los uniformados incurrieron en alguna falta.
En cuanto al balance de las autoridades sobre acciones dirigidas a mantener el control de las manifestaciones, el reporte da cuenta que se han registrado 1.009 capturas en flagrancia, 58 por requerimientos judiciales y al menos 69 detenciones a menores de edad. Igualmente han incautado 29.686 armas cortopunzantes, 511 armas neumáticas, 1.149 armas de fuego y 165 artefactos explosivos.