Paro Nacional: Fiscalía registra 14 homicidios e investiga 70 casos de abuso policial

Este miércoles 12 de mayo, tras su intervención en la Plenaria de la Cámara de Representantes, que discutía el contexto de manifestaciones y represión policial de las últimas dos semanas, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que la entidad tiene en sus cuentas 14 homicidios relacionados con las jornadas en las principales ciudades del país.

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“Frente a los homicidios, frente a los 14 homicidios, debemos decir lo siguiente: tenemos cuatro homicidios esclarecidos, esto es muy importante. En un tiempo muy rápido. Tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas y un homicidio fue cometido contra un capitán de la Policía en la ciudad de Soacha”, aseguró el fiscal Barbosa, quien no dio más detalles sobre los casos que se le atribuyen a la fuerza pública o qué significa que estén ”esclarecidos”, pues, que se sepa, a la fecha no ha habido condenas relacionadas con el paro.

Con respecto al asesinato del capitán Jesús Alberto Solano, quien el pasado 28 de abril fue apuñaleado en Soacha (Cundinamarca), también es demasiado pronto para considerar el crimen resuelto. Jesús Antonio Castillo, alias El Enano, y los hermanos Juan Sebastián y Maicol Steven Vélez fueron imputados recientemente por su posible participación en el asesinato y están detenidos, pero no aceptaron cargos y el proceso apenas comienza.

En contexto: A la cárcel los presuntos homicidas del capitán Jesús Alberto Solano en Soacha

La cuenta oficial de la Fiscalía agregó que les siguen la pista a siete homicidios en Cali, uno en Bogotá, dos en Madrid (Cundinamarca), uno en Pereira, uno en La Virginia (Risaralda) y otro en Ibagué. El homicidio en la capital tolimense coincide con el caso de Santiago Murillo, quien recibió un disparo en el pecho presuntamente originado por un miembro de la Policía, el pasado 1° de mayo. De hecho, ayer la Fiscalía reclamó competencia a la Justicia Penal Militar a través de un juez ordinario.

“La entidad cuenta con importantes elementos materiales probatorios que han sido recaudados desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos. En esta y en todas las investigaciones cuya competencia sea de la Justicia Penal Ordinaria, la Fiscalía General de la Nación velará por el esclarecimiento eficaz y oportuno de los hechos”, agregó la Fiscalía. La Justicia Penal Militar, respondió que sus investigadores tienen el caso en sus manos desde el mismo 1° de mayo pasado. En todo caso, la Corte Constitucional resolverá este conflicto de competencias jurisdiccionales.

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Frente al tema de Cali, sitiada en algunos barrios por la violencia entre manifestantes y policías, sumado a la presencia de la Minga del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Francisco Barbosa habló de un panorama que requiere urgente intervención. “Uno no pude bloquear una ciudad, ni una sociedad. Ayer estuve en la ciudad de Cali observado filas de 200 o 300 carros para proveerse de gasolina, no hay recolección de basura, entre el norte y el centro de la ciudad se está quemando la basura en las calles. Tenemos una situación de zozobra”, agregó.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en colaboración con Temblores ONG, solo en Cali habría registro de 26 asesinatos contra manifestantes. Uno de los hechos más graves denunciados por la ciudadanía es la incursión de civiles armados en Jamundí (Valle), quienes dispararon contra ocho miembros del Cric. Por otro lado, desde la Alcaldía de Cali hasta la Presidencia de Iván Duque se cuestionó la manifestación de los indígenas, invitándolos durante días a que dejaran el Valle del Cauca.

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“Frente al tema de abuso de autoridad o lesiones personales agravadas por autoridad, tenemos 180 denuncias. Además, se aperturaron 70 noticias criminales por presunto abuso de autoridad. Tenemos frente a capturas (de manifestantes) 625, imputaciones 152, medidas de aseguramiento 43, tenemos entre los delitos más importantes el hurto agravado, el daño en bien ajeno, la obstrucción de vías públicos y la violencia contra servidor público. Tenemos 612 policías lesionados”, agregó Francisco Barbosa en cuanto a las cifras que va dejando el Paro Nacional.

Por otro lado, el jefe del ente investigador habló ante los congresistas sobre la labor de identificación a personas dadas por desaparecidas, trabajo que está realizando en compañía de la Defensoría del Pueblo desde la semana pasada. De acuerdo con el último reporte, se activó el mecanismo de Búsqueda Urgente por 168 manifestantes de las cuales no se tiene información desde el pasado 28 de abril. Asimismo, establecieron que 227 personas ya fueron ubicadas y que se devolvieron 153 solicitudes por falta de información.

“A la fecha se han reportado 1269 bloqueos, 1256 acciones vandálicas contra la propiedad privada y más de 1208 actos vandálicos contra la infraestructura del transporte público”, agregó la Defensoría en el reciente informe del Paro Nacional. Por su parte, Francisco Barbosa enfatizó en los daños ocasionados en Cali: “Destruyeron parte del sistema masivo MIO. La protesta está muy bien, pero lo que no podemos permitir es la delincuencia detrás de todas estas manifestaciones. Eso daña a la sociedad”.

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Temblores ONG, en su registro diario, aseguró que en su plataforma Grita han llegado casi 2.000 denuncias por violencia policial en el Paro Nacional. Tiene estadísticas de 313 víctimas de violencia física, 40 casos de “víctimas de violencia homicida” cuyo agresor sería un miembro de la Fuerza Pública, 1003 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 418 intervenciones violentas en el marco de la protesta pacifica y 12 presuntas víctimas de violencia sexual. Las estadísticas no tienen en cuenta posibles desapariciones atribuidas a la Policía.

Este miércoles 12 de mayo, tras su intervención en la Plenaria de la Cámara de Representantes, que discutía el contexto de manifestaciones y represión policial de las últimas dos semanas, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que la entidad tiene en sus cuentas 14 homicidios relacionados con las jornadas en las principales ciudades del país.

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“Frente a los homicidios, frente a los 14 homicidios, debemos decir lo siguiente: tenemos cuatro homicidios esclarecidos, esto es muy importante. En un tiempo muy rápido. Tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas y un homicidio fue cometido contra un capitán de la Policía en la ciudad de Soacha”, aseguró el fiscal Barbosa, quien no dio más detalles sobre los casos que se le atribuyen a la fuerza pública o qué significa que estén ”esclarecidos”, pues, que se sepa, a la fecha no ha habido condenas relacionadas con el paro.

Con respecto al asesinato del capitán Jesús Alberto Solano, quien el pasado 28 de abril fue apuñaleado en Soacha (Cundinamarca), también es demasiado pronto para considerar el crimen resuelto. Jesús Antonio Castillo, alias El Enano, y los hermanos Juan Sebastián y Maicol Steven Vélez fueron imputados recientemente por su posible participación en el asesinato y están detenidos, pero no aceptaron cargos y el proceso apenas comienza.

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La cuenta oficial de la Fiscalía agregó que les siguen la pista a siete homicidios en Cali, uno en Bogotá, dos en Madrid (Cundinamarca), uno en Pereira, uno en La Virginia (Risaralda) y otro en Ibagué. El homicidio en la capital tolimense coincide con el caso de Santiago Murillo, quien recibió un disparo en el pecho presuntamente originado por un miembro de la Policía, el pasado 1° de mayo. De hecho, ayer la Fiscalía reclamó competencia a la Justicia Penal Militar a través de un juez ordinario.

“La entidad cuenta con importantes elementos materiales probatorios que han sido recaudados desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos. En esta y en todas las investigaciones cuya competencia sea de la Justicia Penal Ordinaria, la Fiscalía General de la Nación velará por el esclarecimiento eficaz y oportuno de los hechos”, agregó la Fiscalía. La Justicia Penal Militar, respondió que sus investigadores tienen el caso en sus manos desde el mismo 1° de mayo pasado. En todo caso, la Corte Constitucional resolverá este conflicto de competencias jurisdiccionales.

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Frente al tema de Cali, sitiada en algunos barrios por la violencia entre manifestantes y policías, sumado a la presencia de la Minga del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Francisco Barbosa habló de un panorama que requiere urgente intervención. “Uno no pude bloquear una ciudad, ni una sociedad. Ayer estuve en la ciudad de Cali observado filas de 200 o 300 carros para proveerse de gasolina, no hay recolección de basura, entre el norte y el centro de la ciudad se está quemando la basura en las calles. Tenemos una situación de zozobra”, agregó.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en colaboración con Temblores ONG, solo en Cali habría registro de 26 asesinatos contra manifestantes. Uno de los hechos más graves denunciados por la ciudadanía es la incursión de civiles armados en Jamundí (Valle), quienes dispararon contra ocho miembros del Cric. Por otro lado, desde la Alcaldía de Cali hasta la Presidencia de Iván Duque se cuestionó la manifestación de los indígenas, invitándolos durante días a que dejaran el Valle del Cauca.

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“Frente al tema de abuso de autoridad o lesiones personales agravadas por autoridad, tenemos 180 denuncias. Además, se aperturaron 70 noticias criminales por presunto abuso de autoridad. Tenemos frente a capturas (de manifestantes) 625, imputaciones 152, medidas de aseguramiento 43, tenemos entre los delitos más importantes el hurto agravado, el daño en bien ajeno, la obstrucción de vías públicos y la violencia contra servidor público. Tenemos 612 policías lesionados”, agregó Francisco Barbosa en cuanto a las cifras que va dejando el Paro Nacional.

Por otro lado, el jefe del ente investigador habló ante los congresistas sobre la labor de identificación a personas dadas por desaparecidas, trabajo que está realizando en compañía de la Defensoría del Pueblo desde la semana pasada. De acuerdo con el último reporte, se activó el mecanismo de Búsqueda Urgente por 168 manifestantes de las cuales no se tiene información desde el pasado 28 de abril. Asimismo, establecieron que 227 personas ya fueron ubicadas y que se devolvieron 153 solicitudes por falta de información.

“A la fecha se han reportado 1269 bloqueos, 1256 acciones vandálicas contra la propiedad privada y más de 1208 actos vandálicos contra la infraestructura del transporte público”, agregó la Defensoría en el reciente informe del Paro Nacional. Por su parte, Francisco Barbosa enfatizó en los daños ocasionados en Cali: “Destruyeron parte del sistema masivo MIO. La protesta está muy bien, pero lo que no podemos permitir es la delincuencia detrás de todas estas manifestaciones. Eso daña a la sociedad”.

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