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A punto de entrar a la cuarta semana de protestas en el país, en el marco del paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril, el balance de la situación que enfrentan cientos de periodistas en Colombia no podría ser más alarmante. Aunque los comunicadores están protegidos por toda clase de leyes, normas y tratados, no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, lo que han vivido comunicadores en el país en estos 25 días de manifestaciones es el recrudecimiento de una violencia en su contra, según expertos, completamente indiscriminada y arbitraria. Y no solo es preocupante que en estas tres semanas se hayan registrado más de 129 agresiones a casi 150 periodistas, sino que, hasta ahora, el silencio haya sido la única respuesta del Gobierno.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lleva la cuenta del número de agresiones, amenazas, obstrucción para hacer su trabajo, robo de material y hostigamiento, entre otras cosas, que han enfrentado los reporteros tratando de hacer su trabajo. Su director, Jonathan Bock, expresó su preocupación por lo que está pasando en el país. “Estas manifestaciones sociales han expuesto la vulnerabilidad y desprotección de los periodistas en el país. La libertad de expresión y prensa se ha visto gravemente afectada por el alto nivel de violencia que se ha vivido en Colombia en los últimos días. Es urgente que se implementen acciones diferenciadas para garantizar su seguridad. El trabajo de una prensa libre es un imperativo para salvaguardar el Estado democrático”, señaló Bock.
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Su preocupación no es para menos. La FLIP y la organización Human Rights Watch han insistido ante la comunidad nacional e internacional en que jamás habían visto en Colombia este grado de agresiones contra la prensa. No solo porque en muchos de los casos son los agentes de la fuerza pública quienes atacan e incluso agreden a los periodistas, como ya ha ocurrido en Sibaté, Duitama y Medellín, sino porque los mismos manifestantes son los que han obstruido el trabajo de muchos de ellos, con arengas y amenazas. “Cualquiera que tenga un casco o un chaleco que diga prensa lo sacan de las manifestaciones a punta de gritos o piedras. Y ni hablar si son periodistas de grandes medios”, relató un periodista que prefirió no identificarse por seguridad.
La mayoría de las agresiones registradas por la FLIP ya son de conocimiento de las autoridades. En la Fiscalía, por ejemplo, ya está el caso del ataque de agentes del Esmad al equipo periodístico del medio alternativo Loco Sapiens en Sibaté, del cual dos periodistas resultaron heridos por impactos de perdigones disparados por los uniformados, pese a haberse identificado plenamente como reporteros. Y también ya es de conocimiento de los fiscales un caso ocurrido en Duitama (Boyacá), que es de especial preocupación para la FLIP, por los hechos vividos por el periodista. Se trata del reportero Santiago Amaya, periodista del medio alternativo Contradicción, quien fue retenido ilegalmente y agredido por agentes de la Policía en esa ciudad.
En diálogo con El Espectador, Amaya relató lo que vivió con el ojo agudo de un periodista. El hecho ocurrió en la tarde del 1° de mayo, en su camino para cubrir una marcha de antorchas en la plaza principal del municipio. El periodista iba corriendo por una calle prácticamente solitaria porque se le había hecho tarde para empezar a transmitir la manifestación. Desde un carro de la Policía, los agentes le pidieron que se detuviera, pero siguió corriendo. “Al segundo llamado me acorralaron unos diez agentes contra una pared. Nunca me pidieron una identificación. Simplemente escuché que uno dijo: ‘Ese es. Llévenselo’. Yo traté de mostrarles mi carné donde dice claramente que soy estudiante de Comunicación y Periodismo, y que era reportero de Contradicción”, relató Amaya.
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Pero todo fue en vano. “Me arrastraron hacia el carro. Me ahorcaron para hacerlo. Yo traté de seguir grabando con mi celular que lo tenía en mis manos con toda la fuerza para que no me lo quitaran. Un agente me dio un golpe muy fuerte que me dejó sin aire y sin fuerzas. Ahí perdí mi teléfono. Una vez montado en el carro, logré ponerme mi carné y traté, nuevamente, de explicarles que soy periodista. ‘Me importa un culo que usted sea periodista’, me dijeron. Me empiezan a pegar bolillazos. En la estación me tiran en una carceleta que, por el olor, debía estar completamente orinada. Ahí me siguen pegando. Recibo patadas y me intentan ahorcar con mi carné. ‘Eso es lo que les hacemos a los que tienen su oficio’, me dice otro uniformado’”, agregó Santiago Amaya.
Lo que el periodista le relató a la FLIP y a la Fiscalía tiene pensando a los abogados que lo que vivió, mientras estuvo retenido por la Policía, fue una tortura solo por el hecho de ser periodista. Luego de llevarlo a la estación, dos agentes lo sacaron de allí y lo volvieron a meter a una camioneta. Amaya recuerda que “lo pasearon” durante por lo menos una hora por una zona alejada del lugar en donde fue retenido. “Me querían desorientar y que perdiera la noción de tiempo y lugar”, añadió. Toda su denuncia ya está en manos del ente investigador y de la Procuraduría, en donde, además, señaló que él y su familia han sido contactados por la Policía, al parecer, para persuadirlos de no hablar. El Espectador trató de comunicarse con la institución sin obtener respuesta.
“Al tiempo que no se condenan estos ataques, algunas de las voces más visibles del Gobierno atacan abiertamente las fuentes de información independiente”, señaló la FLIP en un reciente comunicado de prensa. En concreto, la Fundación que dirige Bock se refiere a que el pasado 6 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, presentaron una campaña dirigida en contra de lo que ellos mismos denominan “terrorismo digital”. Estas autoridades repitieron de forma enfática que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de la fuerza pública, en el marco de las manifestaciones sociales, están realizando labores de terrorismo.
“Esa campaña expone a los periodistas a un ambiente de autocensura, pues muchos terminan cortándose para evitar ser judicializados. La intención de la campaña exacerba la tensión que ya existe debido a la violencia dirigida. El pronunciamiento del Ministerio tuvo efecto en varios portales de periodismo independiente que le han reportado a la FLIP que sienten temor, ya que sus publicaciones hacían eco de lo que ocurría en las manifestaciones sociales e informaban sobre actos de violencia por parte de la fuerza pública”, agregó la organización. Además, algunos periodistas le han hecho saber a la Fundación que optarán por la autocensura para evitar seguimientos, bloqueos o eliminación de contenido por parte de las autoridades nacionales.
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El Gobierno no se ha pronunciado sobre el caso de Amaya, ni en el de los periodistas de Sibaté ni el caso más reciente de Medellín, en donde el reportero Cristian Guzmán, del medio La Direckta, recibió el impacto en la espalda de un gas lacrimógeno lanzado de manera directa a muy corta distancia. La abogada Ana Bejarano, coodirectora de La Veinte, una organización especializada en la defensa y el estudio del derecho a la libertad de expresión, habló con este diario de su preocupación por lo que se está viviendo en el país. Según la jurista, desde 2019 en Colombia ha cogido fuerza un discurso de odio en contra de la prensa, ya sea independiente o de grandes medios de comunicación, que este año se ha materializado en agresiones directas a los periodistas.
“Es como un campo de batalla en donde no hay reglas. Y eso es clave entenderlo porque, incluso en una guerra hay reglas y una muy clara es que los periodistas tienen que estar protegidos. Aquí no vemos ni siquiera eso”, agregó Bejarano, quien insistió en que en el fondo de esos enfrentamientos hay esfuerzos legítimos por conocer la verdad y relatar lo que sucede en el país. A pesar de que organizaciones como la FLIP, la red Global del International Freedom of Expression Exchange (IFEX), el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros sin Fronteras le enviaron una carta al gobierno Duque alertando sobre la situación que viven los periodistas en todo el país, pero hasta ahora el Ejecutivo no se ha referido al tema. Mientras tanto, las agresiones se siguen acumulando.