Paro nacional: Organizaciones de derechos humanos piden “acciones concretas” de la OEA
Cientos de organizaciones de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa pidieron que la OEA tome acciones concretas para abordar la violencia que atraviesa Colombia, a un mes de paro nacional.
En una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cientos de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales le pidieron que tome acciones concretas por la violencia que se vive en el país. Por un lado, solicitaron que se convoque al consejo permanente de la OEA para abordar las graves violaciones de derechos que se han cometido en el paro nacional. Además, instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaborar un informe que recopile los hechos que se han presentado desde el 28 de abril.
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La carta fue firmada por 435 organizaciones sociales colombianas, 68 internacionales, de países como Argentina, Chile Venezuela, Francia, Perú y México; y 2.300 personas a nombre propio. Entre ellas, están: Women’s Link Worldwide, el Robert F. Kennedy Human Rights, Washington Office on Latin America (Wola), Testigos en la frontera, entre otras reconocidas oenegés. Además, hay ambientalistas, grupos feministas, movimientos de víctimas, asociaciones sindicales, indígenas, afro; así como organizaciones barriales. Según su misiva, escriben invocando la Carta Democrática Interamericana, de la que es firmante Colombia.
En el texto, denuncian que se ha vivido, “durante estos 29 días un uso desmedido de la fuerza y acciones reiteradas y masivas de brutalidad policial, reportándose al menos 43 ejecuciones por parte de la fuerza pública (cada 13 horas un manifestante asesinado), 715 personas han sufrido lesiones personales por el accionar desproporcionado de la fuerza pública (cada 46 minutos una persona herida), 96 agresiones a defensores derechos humanos (cada 6 horas una agresión), 1264 detenciones arbitrarias (cada 27 minutos una privación ilegal de la libertad) y 21 víctimas de violencia sexual (1,1 víctimas cada día)”.
(Le puede interesar: Vicepresidenta dice que la CIDH es bienvenida en cualquier momento)
En la misiva se hacen tres peticiones muy concretas a la OEA y otras cuatro a la CIDH. Al secretario Almagro le pidieron, en primer lugar, “convocar de manera pronta y con carácter de urgencia al Consejo Permanente de la OEA”, para abordar la situación de derechos humanos en Colombia. Asimismo, que rinda un informe él mismo ante esa instancia y ante la Asamblea General con un especial énfasis en “el papel de la fuerza pública en el control de las manifestaciones y el papel de los órganos de justicia y control”. Y, por último, que le pida al consejo exhortar a Colombia para que se conforme, en acuerdo con la CIDH, un grupo interdisciplinario que investigue lo sucedido.
Esta petición también se la hicieron a la Comisión y las organizaciones fueron muy específica respecto de lo que se debería investigar el eventual grupo interdisciplinario de expertos independientes: “las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 28 de abril de 2021 y hasta el desarrollo de las manifestaciones, otorgando pleno acceso a las información que repose en archivos y expedientes (públicos y privados), y produzca un informe en un plazo de un año que identifique tipologías de las violaciones, patrones, modus operandi y responsabilidades”.
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Este informe, pidieron, lo debería presentar la CIDH a la Asamblea General de la OEA y a su Consejo Permanente. Asimismo, le pidieron a la CIDH que incluya a Colombia en el capítulo IV de su informe anual sobre derechos humanos en la región. Esto quiere decir, que se elabore un informe especial que estudie las “graves, persistentes y masivas violaciones a los derechos humanos” que ha habido en este periodo en el país.
Ya el pasado 24 de mayo, en su gira por Washington (Estados Unidos), la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se reunió con el secretario Almagro. Aunque inicialmente Ramírez había dicho que la CIDH era bienvenida en Colombia para realizar una visita in loco, solo que “todavía no”, el pasado 26 de mayo dijo que fue la Comisión la que programó dicha diligencia hasta finales de junio, cuando se surtan una serie de audiencias con autoridades colombianas y organizaciones de derechos humanos que han documentado la violencia de estas semanas.
En una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cientos de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales le pidieron que tome acciones concretas por la violencia que se vive en el país. Por un lado, solicitaron que se convoque al consejo permanente de la OEA para abordar las graves violaciones de derechos que se han cometido en el paro nacional. Además, instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaborar un informe que recopile los hechos que se han presentado desde el 28 de abril.
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La carta fue firmada por 435 organizaciones sociales colombianas, 68 internacionales, de países como Argentina, Chile Venezuela, Francia, Perú y México; y 2.300 personas a nombre propio. Entre ellas, están: Women’s Link Worldwide, el Robert F. Kennedy Human Rights, Washington Office on Latin America (Wola), Testigos en la frontera, entre otras reconocidas oenegés. Además, hay ambientalistas, grupos feministas, movimientos de víctimas, asociaciones sindicales, indígenas, afro; así como organizaciones barriales. Según su misiva, escriben invocando la Carta Democrática Interamericana, de la que es firmante Colombia.
En el texto, denuncian que se ha vivido, “durante estos 29 días un uso desmedido de la fuerza y acciones reiteradas y masivas de brutalidad policial, reportándose al menos 43 ejecuciones por parte de la fuerza pública (cada 13 horas un manifestante asesinado), 715 personas han sufrido lesiones personales por el accionar desproporcionado de la fuerza pública (cada 46 minutos una persona herida), 96 agresiones a defensores derechos humanos (cada 6 horas una agresión), 1264 detenciones arbitrarias (cada 27 minutos una privación ilegal de la libertad) y 21 víctimas de violencia sexual (1,1 víctimas cada día)”.
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En la misiva se hacen tres peticiones muy concretas a la OEA y otras cuatro a la CIDH. Al secretario Almagro le pidieron, en primer lugar, “convocar de manera pronta y con carácter de urgencia al Consejo Permanente de la OEA”, para abordar la situación de derechos humanos en Colombia. Asimismo, que rinda un informe él mismo ante esa instancia y ante la Asamblea General con un especial énfasis en “el papel de la fuerza pública en el control de las manifestaciones y el papel de los órganos de justicia y control”. Y, por último, que le pida al consejo exhortar a Colombia para que se conforme, en acuerdo con la CIDH, un grupo interdisciplinario que investigue lo sucedido.
Esta petición también se la hicieron a la Comisión y las organizaciones fueron muy específica respecto de lo que se debería investigar el eventual grupo interdisciplinario de expertos independientes: “las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 28 de abril de 2021 y hasta el desarrollo de las manifestaciones, otorgando pleno acceso a las información que repose en archivos y expedientes (públicos y privados), y produzca un informe en un plazo de un año que identifique tipologías de las violaciones, patrones, modus operandi y responsabilidades”.
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Este informe, pidieron, lo debería presentar la CIDH a la Asamblea General de la OEA y a su Consejo Permanente. Asimismo, le pidieron a la CIDH que incluya a Colombia en el capítulo IV de su informe anual sobre derechos humanos en la región. Esto quiere decir, que se elabore un informe especial que estudie las “graves, persistentes y masivas violaciones a los derechos humanos” que ha habido en este periodo en el país.
Ya el pasado 24 de mayo, en su gira por Washington (Estados Unidos), la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se reunió con el secretario Almagro. Aunque inicialmente Ramírez había dicho que la CIDH era bienvenida en Colombia para realizar una visita in loco, solo que “todavía no”, el pasado 26 de mayo dijo que fue la Comisión la que programó dicha diligencia hasta finales de junio, cuando se surtan una serie de audiencias con autoridades colombianas y organizaciones de derechos humanos que han documentado la violencia de estas semanas.