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“El camino no son las armas. El camino no es una guerra civil. Mi intención no es hacer un llamado al odio ni al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada en el marco del paro nacional”, son las palabras de Andrés Escobar, el empresario que aparece en múltiples videos con un arma de fogueo, a su juicio, defendiendo a los policías y el CAI de Ciudad Jardín en Cali que, supuestamente, iba a ser incinerado por algunos manifestantes que se dieron cita para adelantar la jornada de Paro Nacional al cumplirse un mes de que fue convocado.
Escobar a través de redes sociales denuncia que por estos hechos ha sido víctima de “injurias y calumnias” ya que lo han tildado de paramilitar por portar un arma. “Me tildan de asesino, de genocida y una cantidad de barbaridades que no soy. No solo he recibido esas amenazas yo sino también mi familia (…) se ve mi cara en las fotos. Yo no soy ningún paramilitar, tengo la cara limpia, aporto a la sociedad con empleo, hago labor social, pago impuestos”.
El hombre consideró que debía hacer pública su versión en los hechos, que no solo dejó un daño en su nombre, sino también la identificación de cinco personas que portaban armas y alrededor de 10 uniformados identificados que habrían omitido acciones para evitar que así como Escobar varias personas apuntaran en contra de la ciudadanía.
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“Me veo en la obligación de aclarar esa situación. Les voy a mostrar el arma que estaba utilizando”, dijo a través de un video en el que deja en evidencia un revolver de color negro, que a su juicio, no es letal, es traumática o de fogueo. Mostró el proveedor junto con las balas, así como el documento de la Dian sobre la exportación del elemento y la factura de compra. “En el video se ve claramente que estoy haciendo unos disparos al aire. No tenía intención de causarle lesiones a nadie. No se presentó ningún herido ni mucho menos un homicidio”.
Escobar reseñó que tuvo la necesidad de usar el arma debido a que los presuntos vándalos estaban avanzando hacia el CAI para su posterior incineración. “Iban a quemar el CAI de Ciudad Jardín. Lo hubieran logrado si nosotros no hubiéramos estado allí para evitarlo en un momento necesario”. El empresario añadió que durante las últimas semanas Cali ha estado sumida en un sinnúmero de situaciones delictivas que han dejado afectaciones no solo a la vida de los ciudadanos sino daños en la infraestructura.
“Estos son los manifestantes pacíficos de los que se me acusa haberles disparado. Defender la propiedad privada de mi Comuna 22 es normal para cualquier ser humano (…) qué pasaría si usted tiene en peligro sus casas, sus familias, sus empresas. Usted sale a defenderse. Hemos creado un grupo para el beneficio de toda la comunidad. Salimos a defender la Comuna, no con el objetivo de causar daño sino que los vándalos se retiraran. Los fuerza pública no podía reaccionar”.
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Para Escobar, su actuar, fue un sentimiento de solidaridad de ahí que considere que su nombre “no debe quedar en duda”. Reiteró que la ciudadanía tiene la responsabilidad de apoyar a la fuerza pública para que la situación que padece el país por cuenta del orden público cese. Respecto de las personas que, a su juicio, lo han tildado con señalamientos indebidos aseguró que adelantará denuncias.
Así como Escobar pretende tomar acciones legales, la Policía anunció que tiene identificados cinco civiles que junto con el empresario estarían portando estos elementos en medio de las manifestaciones. La información fue remitida a la Fiscalía. El general Fernando Murillo, director de la Dijin confirmó que esperan identificar si las armas eran de fuego o de fogueo. Mientras ello ocurre, desde la Inspección General de la institución remitieron información a la Justicia Penal Militar de al menos 10 uniformados que estuvieron en el lugar de los hechos y no habrían reaccionado para evitar que los ciudadanos se levantaran en armas en contra de los manifestantes.
En los despachos de la Procuraduría también reposa información de lo ocurrido en Cali. La Policía remitió la información para que asuma el poder preferente. El Ministerio Público tiene en su reporte más de 70 investigaciones disciplinarias en contra de miembros de la fuerza pública. Al menos 23 procesos fueron asumidos como poder preferente.