Paro Nacional: Procuraduría advierte que alcaldes del Valle podrían ser investigados

Un día después de que en Buga (Valle del Cauca) se registraran fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y manifestantes que bloquearon la vía Panamericana, y también confrontaciones en zona urbana del municipio, la Procuraduría les advirtió a cinco alcaldes del departamento que podrían ser investigados por omisión de funciones en medio del Paro Nacional. Se trata de Julián Adolfo Rojas, Víctor Hugo Vidal y Martín Alfonso Mejía, mandatarios de Buga, Buenaventura y Calima respectivamente, entre otros mandatarios locales.

En contexto: Paro Nacional: En Buga, las confrontaciones no cesaron

“La indiferencia es omisión y la omisión tiene consecuencias disciplinarias. ¿Serían investigados los alcaldes y gobernadores, por omisión? Lo cierto, es que la Procuraduría General de la Nación envió una comunicación a las autoridades territoriales, especialmente a los alcaldes de Yotoco, Restrepo, Calima El Darién, Buga y Buenaventura, para que adopten las medidas que consideren necesarias para garantizar el derecho a la protesta, sin restringir los derechos fundamentales del resto de la población”, explicó el Ministerio Público.

Aunque en la comunicación de la Procuraduría se reconoce el derecho a la manifestación pacífica, la entidad enfatizó en que los marchantes estarían vulnerando derechos de otros ciudadanos a la vista de los alcaldes. Los mandatarios podrían ser sancionados si no permiten la libertad de locomoción, la seguridad alimentaria, el suministro de oxígeno y medicinas, e insumos de primera necesidad. Incluso, la entidad se refirió al traslado de personas enfermas y personal de salud que estarían afectadas por los bloqueos.

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La Procuraduría advirtió que los alcaldes tienen entre sus funciones conservar el orden público de sus municipios y coordinar la administración de su jurisdicción “de manera articulada con el Gobierno Nacional y la Gobernación del departamento”. Al final de cada comunicación, se les advirtió a los funcionarios que podrían estar violando el artículo 6 de la Constitución: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

El alcalde Julián Adolfo Rojas, de Buga, podría enfrentar una sanción disciplinaria por los hechos de las últimas dos semanadas en el lugar. Ayer, por ejemplo, alrededor de 270 miembros de la Policía llegaron a la vía Panamericana para despejar una de las arterias más importantes del país. El director de la Dijín de la Policía, el general Fernando Murillo, aseguró que los manifestantes no dejaron entrar decenas de camiones de carga. Incluso, que resultaron heridos nueve uniformados y seis marchantes, en lo que quedó registrado como una batalla campal.

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“Hemos logrado un trabajo coordinado de la Fuerza Pública y que más de 130 camiones se movilicen hacia la ciudad de Cali. Preocupan los daños a los bienes públicos, a las carreteras, a los camiones que han quemado, a sus conductores que hemos encontrado asustados por este escenario. Lo que queremos hacer aquí, es restablecer el orden y la cadena de abastecimiento”, agregó el viceministro de Defensa Jairo García.

Lea también: “Dicen que el Esmad está entrando a los barrios de Buga y no es verdad”: Policía

Mientras en la vía Panamericana se desató el fuego cruzado, cinco congresistas llegaron a Buga para intentar mediar con los manifestantes del Paro Nacional: María José Pizarro, León Fredy Muñoz, César Ortíz Zorro, Jhon Jairo Hoyos y Fabían Díaz. Denunciaron públicamente que quedaron en medio de bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, cuando se disponían a realizar una audiencia al aire libre. Evidenciaron una grave situación de orden público y una presencia desbordada de agentes del Esmad.

En Buenaventura, por otro lado, los ciudadanos llevan dos semanas sin gas domiciliario por bloqueos en la vía Buga-Buenaventura y en el sector conocido como La Delfina. El municipio estaría enfrentando una crisis, pues no tiene infraestructura para el almacenamiento de gas y, por tal razón, recibía diariamente tres carrotanques procedentes de Buga. Recién hasta el pasado lunes 10 de mayo entró el primer vehículo, gracias al trabajo de líderes sociales que mediaron con los manifestantes.

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Tal ha sido la escasez del recurso que quienes preparan alimentos con estufas eléctricas o cilindros de gas decidieron a ver turnos en la cocina para permitir que sus vecinos puedan cocinar. “En otros sectores hicieron fogones de leña. Es ponerse a disposición de los otros con lo que se tiene y la gente trabaja en red. Hemos sido recursivos desde todo punto de vista, creativos y solidarios”, le explicó a El Espectador Brayan Montaño, director de la Fundación Progreso y Paz. También hay alertas por escasez de gasolina y productos de la canasta básica.

Y, entre tanto, el alcalde Víctor Hugo Vidal denunció el asesinato de un niño de 14 años en Buenaventura, quien -según lo reportó el medio regional TuBarco- fue atacado por hombres que se movilizaban en moto, cuando estaba jugando con su bicicleta en el barrio Cascajal. “No soy de mostrar estas imágenes, pero lo hago para que vean en lo que nos hemos convertido este niño tenía 14 años iba en su cicla dicen que cruzar una frontera le costó la vida. ¿Hasta cuándo nuestros niños reciben balas en lugar de amor de la sociedad?”, agregó el líder social Leonard Rentería.

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“La indiferencia es omisión y la omisión tiene consecuencias disciplinarias. ¿Serían investigados los alcaldes y gobernadores, por omisión? Lo cierto, es que la Procuraduría General de la Nación envió una comunicación a las autoridades territoriales, especialmente a los alcaldes de Yotoco, Restrepo, Calima El Darién, Buga y Buenaventura, para que adopten las medidas que consideren necesarias para garantizar el derecho a la protesta, sin restringir los derechos fundamentales del resto de la población”, explicó el Ministerio Público.

Aunque en la comunicación de la Procuraduría se reconoce el derecho a la manifestación pacífica, la entidad enfatizó en que los marchantes estarían vulnerando derechos de otros ciudadanos a la vista de los alcaldes. Los mandatarios podrían ser sancionados si no permiten la libertad de locomoción, la seguridad alimentaria, el suministro de oxígeno y medicinas, e insumos de primera necesidad. Incluso, la entidad se refirió al traslado de personas enfermas y personal de salud que estarían afectadas por los bloqueos.

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El alcalde Julián Adolfo Rojas, de Buga, podría enfrentar una sanción disciplinaria por los hechos de las últimas dos semanadas en el lugar. Ayer, por ejemplo, alrededor de 270 miembros de la Policía llegaron a la vía Panamericana para despejar una de las arterias más importantes del país. El director de la Dijín de la Policía, el general Fernando Murillo, aseguró que los manifestantes no dejaron entrar decenas de camiones de carga. Incluso, que resultaron heridos nueve uniformados y seis marchantes, en lo que quedó registrado como una batalla campal.

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En Buenaventura, por otro lado, los ciudadanos llevan dos semanas sin gas domiciliario por bloqueos en la vía Buga-Buenaventura y en el sector conocido como La Delfina. El municipio estaría enfrentando una crisis, pues no tiene infraestructura para el almacenamiento de gas y, por tal razón, recibía diariamente tres carrotanques procedentes de Buga. Recién hasta el pasado lunes 10 de mayo entró el primer vehículo, gracias al trabajo de líderes sociales que mediaron con los manifestantes.

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