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A punto de cumplirse dos meses de paro nacional, la Procuraduría tiene en investigación disciplinaria formal a cuatro miembros de la Fuerza Pública. Todos habrían permitido y originado situaciones irregulares, al parecer violatorias de los derechos humanos, en contra de manifestantes en Cali, Santander -la entidad no precisó el municipio- y Madrid (Cundinamarca).
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En el primer caso, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos tiene bajo investigación a una sección del Esmad, grupo del cual uno de sus miembros habría asesinado a Brayan Fernando Niño Araque en Madrid, el pasado 1° de mayo. El órgano de control aseguró que la víctima resultó “lesionada”, luego fue trasladada a centro asistencial y falleció por heridas a la altura de la región occipital “propinadas con arma blanca”.
Sin embargo, la Fundación de Defensores de la Dignidad de los Pueblos Bakia, tras denunciar el hecho ante Temblores ONG, explica que la víctima de 24 años murió por un proyectil que fue lanzado a su rostro por una de las tanquetas del Esmad. Incluso, la Fiscalía planteó conflicto de competencias y Medicina Legal estableció que la causa de su fallecimiento fue por “objeto contundente”. Alejandra Garzón, abogada de la familia, confirma que la causa de muerte no está relacionada con un arma blanca.
Por otro lado, la Procuraduría Regional de Santander tiene bajo investigación a un uniformado, quien habría violados los derechos del ciudadano Johan Sebastian Moreno en el momento de su procedimiento de captura. De acuerdo con la Campaña Defender la Libertas, desde el pasado 28 de abril más de 3.200 personas fueron retenidas por la Policía, las cuales habría sido sometidas a “caos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
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La Procuraduría Provincial de Cali, por otro lado, inició investigación disciplinaria contra el patrullero Solmar Alexis Alegría, de la Estación Diamante de la Policía. Está bajo evaluación su “actuación dentro del cumplimiento de sus funciones”. Por último, la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública tendría bajo la lupa al mayor José Fernando León por la omisión de los uniformados ante el ataque de civiles armados a manifestantes en el barrio Ciudad Jardín de Cali.
“El28 de mayo de 2021, siendo las 4:00 p.m., la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp), comunicó que según información ciudadana, en el sitió Jardón Plaza del barrio Ciudad Jardín de Cali, habrían personas heridas por arma de fuego. El mayor José Fernando León les informó que ‘no podría controlar la situación’, pero seguidamente de entre los uniformados salieron personas vestidas de civiles quienes los agredieron verbalmente e intimidaron, sin que la policía tomara acción alguna”, explicó la Procuraduría.
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Ese día quedó registrada la imagen del empresario Andrés Escobar, quien aseguró que intentó dispersar a los manifestantes con una supuesta arma de fogueo. Lo último que se sabe sobre su caso particular es que la Fiscalía lo llamó a indagatoria el pasado 1 de junio y, desde entonces, no hay avances por el asedio de personas vestidas de civil a los manifestantes. “Me tildan de asesino y de cosas que no soy”, explicó Escobar a la opinión pública.
Entre otros datos, la Procuraduría explicó que lleva a cabo 168 indagaciones preliminares contra uniformados, para un total de 172 expedientes contra integrantes de la Fuerza Pública. Asimismo, la entidad les sigue la pista a 20 funcionarios públicos de elección popular, entre ellos Alexánder López y Wilson Arias del Polo Democrático. También tendría problemas disciplinarios el gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo.
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