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                                                                                                                                Paro Nacional: ¿Y las cárceles?

                                                                                                                                Cuando las personas privadas de la libertad se levantan y protestan por esta situación inaceptable, el Estado responde con su fuerza letal, tal y como sucede en las calles colombianas estos días.

                                                                                                                                Manuel Iturralde*

                                                                                                                                En las cárceles también se vive la represión que se ve en las calles.
                                                                                                                                Foto: pixabay
                                                                                                                                En este proyecto, El Espectador, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, junto al Grupo de Prisiones y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, nos unimos para medirle el pulso a la situación de las prisiones colombianas y latinoamericanas en medio de la pandemia del COVID-19.
                                                                                                                                Foto: Gráfico
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                La situación de tensión social y de violencia que está viviendo Colombia, en la que ya han muerto al menos 28 personas y hay cientos de heridos y desaparecidos, es grave mas no excepcional si se mira desde una perspectiva amplia e histórica. A pesar de las diferentes expresiones de indignación y demandas de los protestantes, todas tienen algo en común: el hartazgo de las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los grupos étnicos, los excluidos, las clases media y trabajadora frente a una insoportable situación de pobreza, desigualdad e injusticia social, en buena medida toleradas y propiciadas por el Estado. Colombia es, y ha sido por décadas, uno de los países más inequitativos de Latinoamérica, la región más inequitativa del mundo. Tal situación de injusticia tiene un impacto negativo en la convivencia social; no es de extrañar que la violencia sea espejo de la desigualdad: Colombia es, y ha sido por largo tiempo, uno de los países más violentos de América Latina, la región más violenta del globo.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                (Lea también: El olvido de los derechos ancestrales: indígenas en las cárceles y Covid-19)

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                (Le puede interesar: Las prisiones brasileñas en pandemia: la ausencia de información y el drama de los familiares)

                                                                                                                                Frente a esta grave, sistemática y masiva violación de derechos humanos de un grupo vulnerable (pues todos los aspectos de la existencia de las personas privadas de la libertad dependen del Estado) la respuesta estatal ha sido construir más cárceles para depositar en ellas más individuos “peligrosos”, siempre en condiciones deplorables de vida y con escasas perspectivas de un futuro mejor. Cuando las personas privadas de la libertad se levantan y protestan por esta situación inaceptable, el Estado responde con su fuerza letal, tal y como sucede en las calles colombianas estos días. La COVID-19, y la falta de una respuesta oportuna y adecuada del gobierno, fueron la chispa que desató la protesta y la violencia en las cárceles, como lo fue la insensata reforma tributaria en el caso de las protestas sociales que sacuden hoy a Colombia. Ante la protesta carcelaria, el Estado hizo presencia por medio de su fuerza letal: 24 personas privadas de la libertad murieron en la Modelo el 21 de marzo de 2020, la mayoría de ellas por balas disparadas por agentes estatales. Decenas resultaron heridas y otras tantas fueron objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso de torturas. Y una vez más, como en las calles, el discurso del enemigo justificó la represión estatal: no eran protestantes sino delincuentes; no exigían derechos, pretendían fugarse y sembrar el caos, bajo el manto conspirativo de oscuros grupos criminales. Frente a esta masacre, las autoridades no han establecido responsabilidades y no parecen querer hacerlo, a pesar de que anuncian reiteradamente que hay procesos en curso, pero con escasos resultados. Tal y como sucede con las investigaciones con respecto a las 10 personas que fueron asesinadas en Bogotá el 9 de septiembre en medio de las protestas en contra de la violencia policial, las cuales cayeron muertas por disparos probablemente hechos por policías, que además hirieron al menos a 75 personas.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Las protestas en las prisiones y las calles y su brutal represión ponen de manifiesto varias cosas: que el abuso de la violencia estatal no se reduce a “algunos” casos aislados, como insisten el gobierno y la fuerza pública, sino que son reiterados, amplios y sistemáticos, lo que muestra un preocupante patrón de conducta de las fuerzas de seguridad estatales, con el apoyo del gobierno, como lo confirman el alto número de víctimas en diversas partes del país y en distintos escenarios de protesta; que los jóvenes excluidos en contextos urbanos son las víctimas desproporcionadas de la violencia letal del Estado; que, a pesar de la diversidad de las protestas y de sus manifestantes, les une un problema común, estructural y de larga trayectoria, que es la extrema injusticia social y económica que caracteriza a Colombia, alimentada por la indiferencia del Estado y de los sectores económicos más poderosos; que, en consecuencia, la respuesta estatal, en defensa de los intereses de grupos privilegiados, es el uso autoritario, excesivo y letal de la fuerza; que todo lo anterior no hace más que ampliar le brecha social y las tensiones que la acompañan, lo que a su vez es caldo de cultivo para una mayor deslegitimación del Estado y su autoridad, el aumento de las protestas y la consecuente reacción de un aparato estatal cada vez más autoritario y menos democrático.

                                                                                                                                (Lea también: Incendio en el CAI de San Mateo: el lado más oscuro de la política de seguridad ciudadana)

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                En las cárceles también se vive la represión que se ve en las calles.
                                                                                                                                Foto: pixabay
                                                                                                                                En este proyecto, El Espectador, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, junto al Grupo de Prisiones y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, nos unimos para medirle el pulso a la situación de las prisiones colombianas y latinoamericanas en medio de la pandemia del COVID-19.
                                                                                                                                Foto: Gráfico
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                La situación de tensión social y de violencia que está viviendo Colombia, en la que ya han muerto al menos 28 personas y hay cientos de heridos y desaparecidos, es grave mas no excepcional si se mira desde una perspectiva amplia e histórica. A pesar de las diferentes expresiones de indignación y demandas de los protestantes, todas tienen algo en común: el hartazgo de las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los grupos étnicos, los excluidos, las clases media y trabajadora frente a una insoportable situación de pobreza, desigualdad e injusticia social, en buena medida toleradas y propiciadas por el Estado. Colombia es, y ha sido por décadas, uno de los países más inequitativos de Latinoamérica, la región más inequitativa del mundo. Tal situación de injusticia tiene un impacto negativo en la convivencia social; no es de extrañar que la violencia sea espejo de la desigualdad: Colombia es, y ha sido por largo tiempo, uno de los países más violentos de América Latina, la región más violenta del globo.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                (Lea también: El olvido de los derechos ancestrales: indígenas en las cárceles y Covid-19)

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                (Le puede interesar: Las prisiones brasileñas en pandemia: la ausencia de información y el drama de los familiares)

                                                                                                                                Frente a esta grave, sistemática y masiva violación de derechos humanos de un grupo vulnerable (pues todos los aspectos de la existencia de las personas privadas de la libertad dependen del Estado) la respuesta estatal ha sido construir más cárceles para depositar en ellas más individuos “peligrosos”, siempre en condiciones deplorables de vida y con escasas perspectivas de un futuro mejor. Cuando las personas privadas de la libertad se levantan y protestan por esta situación inaceptable, el Estado responde con su fuerza letal, tal y como sucede en las calles colombianas estos días. La COVID-19, y la falta de una respuesta oportuna y adecuada del gobierno, fueron la chispa que desató la protesta y la violencia en las cárceles, como lo fue la insensata reforma tributaria en el caso de las protestas sociales que sacuden hoy a Colombia. Ante la protesta carcelaria, el Estado hizo presencia por medio de su fuerza letal: 24 personas privadas de la libertad murieron en la Modelo el 21 de marzo de 2020, la mayoría de ellas por balas disparadas por agentes estatales. Decenas resultaron heridas y otras tantas fueron objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso de torturas. Y una vez más, como en las calles, el discurso del enemigo justificó la represión estatal: no eran protestantes sino delincuentes; no exigían derechos, pretendían fugarse y sembrar el caos, bajo el manto conspirativo de oscuros grupos criminales. Frente a esta masacre, las autoridades no han establecido responsabilidades y no parecen querer hacerlo, a pesar de que anuncian reiteradamente que hay procesos en curso, pero con escasos resultados. Tal y como sucede con las investigaciones con respecto a las 10 personas que fueron asesinadas en Bogotá el 9 de septiembre en medio de las protestas en contra de la violencia policial, las cuales cayeron muertas por disparos probablemente hechos por policías, que además hirieron al menos a 75 personas.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                (Lea también: El silenciamiento de los presos en Colombia y cómo contrarrestarlo)

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Las protestas en las prisiones y las calles y su brutal represión ponen de manifiesto varias cosas: que el abuso de la violencia estatal no se reduce a “algunos” casos aislados, como insisten el gobierno y la fuerza pública, sino que son reiterados, amplios y sistemáticos, lo que muestra un preocupante patrón de conducta de las fuerzas de seguridad estatales, con el apoyo del gobierno, como lo confirman el alto número de víctimas en diversas partes del país y en distintos escenarios de protesta; que los jóvenes excluidos en contextos urbanos son las víctimas desproporcionadas de la violencia letal del Estado; que, a pesar de la diversidad de las protestas y de sus manifestantes, les une un problema común, estructural y de larga trayectoria, que es la extrema injusticia social y económica que caracteriza a Colombia, alimentada por la indiferencia del Estado y de los sectores económicos más poderosos; que, en consecuencia, la respuesta estatal, en defensa de los intereses de grupos privilegiados, es el uso autoritario, excesivo y letal de la fuerza; que todo lo anterior no hace más que ampliar le brecha social y las tensiones que la acompañan, lo que a su vez es caldo de cultivo para una mayor deslegitimación del Estado y su autoridad, el aumento de las protestas y la consecuente reacción de un aparato estatal cada vez más autoritario y menos democrático.

                                                                                                                                (Lea también: Incendio en el CAI de San Mateo: el lado más oscuro de la política de seguridad ciudadana)

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Que todo esto suceda al mismo tiempo, tanto en las calles como en las cárceles de Colombia, no es causal; como tantas veces se repite, pero pocas se escucha, las prisiones son un reflejo de nuestra sociedad. Por esto es importante que como ciudadanos sepamos, entendamos y nos hagamos cargo de lo que les sucede a las personas privadas de la libertad y que también marchemos por ellas; la próxima protesta, la próxima masacre en alguna cárcel del país pueden ser un anuncio de lo que sucederá en nuestras calles si no hacemos algo al respecto, distinto a disparar.

                                                                                                                                Por Manuel Iturralde*

                                                                                                                                Ver todas las noticias
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