El pleito entre indígenas y Estado que tiene cerrado el Parque El Cocuy
Desde el pasado 25 de junio la Nación U’wa, que coadministra el lugar, se declaró en asamblea permanente. Aseguran que el gobierno se desentendió y no cumplió los acuerdos que tenían. Con la gobernación de Boyacá la relación es hostil.
Valentina Gutiérrez Restrepo
El Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy está cerrado desde el pasado 25 de junio, debido a que el pueblo indígena U´wa, que coadminstra el lugar con Parques Nacionales Naturales de Colombia, entró en huelga permanente. La razón de la comunidad para tomar esa decisión fue el incumplimiento del gobierno de Gustavo Petro en la Mesa de Concertación, Intercambio cultural y diálogo permanente, a los acuerdos que el 1 de mayo de este año cumplieron una década de haber sido suscritos entre los indígenas y el Estado para el reconocimiento de los territorios de estas comunidades.
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El Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy está cerrado desde el pasado 25 de junio, debido a que el pueblo indígena U´wa, que coadminstra el lugar con Parques Nacionales Naturales de Colombia, entró en huelga permanente. La razón de la comunidad para tomar esa decisión fue el incumplimiento del gobierno de Gustavo Petro en la Mesa de Concertación, Intercambio cultural y diálogo permanente, a los acuerdos que el 1 de mayo de este año cumplieron una década de haber sido suscritos entre los indígenas y el Estado para el reconocimiento de los territorios de estas comunidades.
Tras la decisión de los U’wa, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá —donde se encuentra el Nevado—, dijo que “que si ellos van a cerrar el Parque, olvídense que existe la Gobernación de Boyacá, olvídense para siempre”. El político Amaya consideraba que cerrar el Parque un solo día resultaba “gravísimo”, y que no podía creer que la “Gobernación de Boyacá hace acueductos, hace dos colegios, compra dos buses, termina el hospital, está invirtiendo recursos en el Centro de Pensamiento, y ahora los perjudicados somos nosotros”, refiriéndose a las afectaciones económicas que conlleva el cierre del Nevado para los sectores turísticos.
Sin embargo, las prioridades para la comunidad U’wa no son las mismas que para la Gobernación del departamento. Edgardo Moreno, consejero nacional por la curul indígena, manifestó que exigen que no haya más coadministración del nevado con Parques Nacionales, porque el turismo ha dejado impactos negativos en la conservación del territorio del Zizuma, nombre original dado por los U’wa al Nevado del Cocuy. “Muchos turistas llegaban allá a jugar fútbol en la nieve, a celebrar, a tomar alcohol. El Zizuma es un lugar sagrado para nosotros y es de suma protección porque nosotros vemos la tierra con los ojos de conservación”, expresó Moreno, quien calificó las declaraciones del gobernador Amaya, como una amenaza, coerción y abuso de autoridad. El Espectador intentó contactarse con el gobernador Amaya, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
En enero de 2016, el Nevado el Cocuy fue cerrado por Parques Nacionales debido a una petición de los indígenas U’wa, quienes observaban con preocupación cómo el flujo de turistas aumentaba el derretimiento del glaciar. El parque estuvo cerrado por dos años y durante ese periodo se evidenció, a través de un estudio de Parques Nacionales, que la capa de la nieve había incrementado unos tres centímetros. La conservación del nevado y el páramo, fuente hídrica de los U’wa y parte de la vertiente Occidental, es uno de los puntos principales que se pretende dialogar en la Mesa de Concertación, Intercambio cultural y diálogo permanente con el pueblo indígena U’wa.
La completa soberanía sobre el Nevado del Cocuy hace parte de muchos otros reclamos que están contemplados en una demanda que lleva la comunidad U’wa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), contra el Estado Colombiano. En la petición, que fue recibida el 28 de abril de 1998 por la Corte, los U’wa exigen la completa autonomía de su territorio y denuncian las actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura, que han perjudicado su resguardo, el cual está dividido en 34 comunidades indígenas asentadas en Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander.
El caso que se encuentra en el escenario internacional tuvo su génesis en 1994, cuando Evaristo Tegría, primer abogado de los indígenas U’wa, recibió un llamado del gobierno nacional de la época, por medio de los Ministerios del Interior y de Ambiente. Tegría fue notificado que la multinacional estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY) estaba interesada en explorar Cubará (Boyacá), debido a la alta probabilidad de encontrar petróleo en la zona. Los indígenas se negaron, pues para ellos el crudo es la ‘sangre’ de la tierra que amenaza las fuentes subterráneas de agua. En una nueva reunión en Arauca, en 1955, el abogado explicó su rechazo al gobierno debido a los impactos culturales y territoriales que iban a afectar la supervivencia del pueblo U’wa.
“Nosotros no venimos acá a que ustedes digan si sí o no quieren. Nosotros venimos acá, es porque es nuestra obligación informarles a ustedes qué es lo que va a hacer el gobierno colombiano”, fue la respuesta del gobierno, según recuerda Tegría, en diálogo con El Espectador. Tiempo después, el Gobierno entregó la licencia ambiental a OXY para la exploración del proyecto Bloque Samoré en el departamento. La Defensoría se negó y, luego de dos años, presentó una tutela que fue resuelta a favor de las comunidades por la Corte Constitucional, y obligó al Gobierno a realizar una verdadera consulta. Sin embargo, un mes después del fallo, el Consejo de Estado declaró la legalidad de la licencia a la multinacional estadounidense.
Desde la década de 1980, delimitando con el territorio U’wa, se encuentra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, una infraestructura de hidrocarburos administrada por Ecopetrol, y que transporta hasta 205.000 barriles de crudo al día. Este, al igual que el campo de gas Gibraltar, que desde 2008 abastece a Bucaramanga, Cúcuta y a municipios santandereanos y antioqueños, son considerados por los indígenas como agentes contaminantes, y exigen a la Corte IDH alejar estas infraestructuras de su territorio. Se espera que en unos meses la Corte IDH de un veredicto sobre este caso entre los U’wa y el Estado Colombiano, que se ha pronunciado alegando que, de acuerdo con la Constitución, el petróleo es propiedad exclusiva de la Nación.
Por ahora, en el Zizuma, la Guardia Indígena hace presencia para vigilar el ingreso al territorio, mientras la población U’wa se encuentra a la expectativa de ser escuchados por el Gobierno en el próximo encuentro de la Mesa de Concertación, Intercambio cultural y diálogo permanente, que tendrá lugar el próximo 16 de agosto en Cubará (Boyacá). La Nación U’wa hace un llamado a entablar un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro, sobre los acuerdos firmados el 1 de mayo de 2014, y la coadministración del Parque Nacional Natural El Cocuy, que dará respuesta a la continuación, o no, del cierre del Nevado.
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