Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Gobierno adelanta la construcción de un proyecto de energías limpias y renovables en La Guajira. La intención es construir 16 parques eólicos para surtir de electricidad a gran parte del país; sin embargo, algunas de las comunidades indígenas que habitan en la zona dicen que no se les han garantizado compensaciones justas, por lo cual no están de acuerdo con el avance de las construcciones. Tan preocupante ha resultado el proyecto, que la Procuraduría intercedió por las comunidades. Lo hizo en una carta que les envió a los ministerios del Interior y de Minas y Energía, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entre otras entidades.
En esa misiva, el Ministerio Público advirtió que con los proyectos se estarían afectando los derechos colectivos de las comunidades que habitan en la zona, no solo a su defensa del patrimonio cultural de la nación, sino también al de vivir en un ambiente sano. Asimismo, la Procuraduría escribió en la carta que otros de los derechos vulnerados con la iniciativa del Gobierno serían el de la moralidad administrativa, la participación colectiva, consulta previa y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades wayuus y tribales que se encuentran dentro del área de influencia de los proyectos de energía eólica.
(En contexto: Este año se adecuarán los primeros parques eólicos de la transición energética de Colombia)
Según la carta de la Procuraduría, la iniciativa estaría afectando a cinco municipios diferentes del departamento: Uribia, Albania, Maicao, Manaure y Riohacha. Por su extensión, los tres procuradores que firmaron la petición les pidieron puntualmente a los ministerios que suspendieran su avance y que organizaran unas mesas de concertación con la comunidad. Su objetivo era acordar con ellas un trato justo y un diálogo para poder avanzar en el proyecto, y pactar las compensaciones que fueran necesarias. Pese al llamado del Ministerio Público, habitantes del sector y la Organización Indepaz denuncian que las obras nunca se detuvieron.
Aunque aseguran que las mesas de diálogo que la Procuraduría pidió organizar sí se implementaron, el descontento de la comunidad continúa. Según Indepaz, se estima que el 45 % de la población wayuu vive en la Media y Alta Guajira, zonas de impacto de los parques eólicos, cifra equivalente a al menos 132.000 personas. El cálculo lo hacen porque, según esta organización, el proyecto “afecta a toda la zona, bien sea por la vías, por los tramos eléctricos, las líneas de evacuación o bien sea directamente por la afectación que tiene esta obra en su vida cultural”, explicó Joanna Barney, investigadora de Indepaz.
(Lea también: Publican reglas para la subasta de energía renovable de 2021)
Desde la organización en donde trabaja Barney se ha denunciado que las comunidades de La Guajira han recibido malos tratos solamente por exigir una compensación justa por el uso del territorio para la construcción del proyecto. “Esta electricidad que producen estos parques no es para La Guajira, es para centralizarlo (...) las zonas de impacto están mal delimitadas, porque hay torres que quedan a pocos metros de casas que no fueron consultadas por los dueños del territorio”, explicó Barney. Asimismo, aseguró que la construcción de estos parques tendría una repercusión negativa en aspectos económicos, sociales y ambientales para La Guajira.
La investigadora, además, agregó que Indepaz ya ha registrado casos de desplazados y hasta graves afectaciones de salud y de seguridad de la comunidad. Frente a esta situación, el Ministerio del Interior explicó que el impacto de estos parques es de alcance nacional. En diálogo con este diario, el viceministro Carlos Alberto Baena señaló que los proyectos “van a cambiar la matriz energética de todo el país” y que la razón de hacerlo en La Guajira radicó en que solamente allí existe la capacidad geográfica de albergar estas obras con las que, según él, aportarían el 70 % de la energía de todo el país.
(Le recomendamos leer: Anla otorga licencia ambiental a parque eólico en La Guajira)
Además, Baena dijo que, en caso de afectar a la comunidad, el Ministerio ya está acordando una compensación con ellas (una de las principales peticiones que hizo la Procuraduría). Aunque el alto funcionario reiteró que esos diálogos están en firme y avanzando, en La Guajira el panorama es otro. Luis Lobo es uno de los seis jóvenes que viven en esta zona del país y que, a raíz de la tensa situación con el avance de los proyectos, entró en huelga de hambre hace ocho días. “Mi huelga tiene todo que ver con los parques eólicos”, le dijo a El Espectador, aunque el viceministro Baena señaló que no había ninguna relación.
“Nosotros creemos que el desarrollo de la humanidad está en las energías renovables, pero no así. No de esa manera”, aseguró el huelguista, en referencia al hecho de que el Gobierno no haya consultado a todas las comunidades sobre estos proyectos y porque, según lo aseguró Luis Lobo, las autoridades les advirtieron que van a militarizar la zona de los parques. “¿Será que van a meter los generadores a punta de sangre?”, reflexionó el huelguista, quien aprovechó su relato para pedirle al Gobierno que haga públicos los resultados de una consulta previa realizada en la zona para que así organizaciones como Indepaz o la ONU intervenga en la situación.
Desde Indepaz aseguran que las recomendaciones consignadas en la carta de la Procuraduría no fueron tenidas en cuenta en su totalidad, pues, según la investigadora Barney, los proyectos siguen andando. Mientras tanto, entre huelgas de hambre, el descontento de una comunidad y la falta de compensaciones justas, está el proyecto que promete aportar el 70 % de la energía de todo el país.