El reclamo por resultados a los gestores de paz designados por Petro

El presidente Gustavo Petro tiene bajo designación, desde noviembre de 2024, a una larga lista de personas como gestores de paz en las mesas de negociación que adelanta el Gobierno Nacional con las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un puñado de grupos armados.

El presidente Gustavo Petro tiene bajo designación, desde noviembre de 2024, a una larga lista de personas como gestores de paz en las mesas de negociación que adelanta el Gobierno Nacional con las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un puñado de grupos armados.

Pese a que ese nombramiento fue justificado en su momento como clave para destrabar la política de paz total que hace parte de las banderas del gobierno, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se han mostrado en desacuerdo y la oposición política ya empezó a ponerle la lupa a los resultados de los gestores nombrados, pero no han tenido respuesta por parte de la Presidencia.

Las designaciones y prórrogas, que causaron polémica y el rechazo de la oposición y de entidades especializadas en derechos humanos, se hicieron efectivas mediante cuatro actos administrativos en los que están nombrados Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo y hasta el depredador sexual Hernán Giraldo.

El nombramiento de exparamilitares y guerrilleros como gestores de paz se fundamentó en las consideraciones de la Ley 2272 de 2022, que regula el proyecto de paz total del gobierno Petro. El objetivo, según se lee en la resolución sobre exparamilitares, es “que contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.

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Tras la designación, la defensora del Pueblo, Iris Marín, fue una de las primeras en pronunciarse. Cuestionó la idoneidad moral de algunos de los designados, especialmente los exparamilitares, para cumplir las funciones mencionadas. “No son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz en Colombia”, dijo Marín.

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A su reacción se sumó la saliente procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien mostró su desacuerdo con los nombramientos y debatió su validez jurídica, especialmente en el caso de Salvatore Mancuso. “Quién le puede creer a una persona que quiere ser gestor de paz si está eludiendo su responsabilidad en Colombia. (...) Más bien que vaya y diga la verdad en Justicia y Paz, que venga y cumpla sus investigaciones por lavado de activos”, dijo Cabello.

Marín agregó en su momento que debería existir “un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo para evitar cualquier riesgo que permita que desvíen la labor de gestoría que se les va a solicitar”.

Mes y medio después del llamado de la Defensoría y la Procuraduría, en su alocución de final de año, Petro no tuvo palabra alguna al respecto. Desde una tienda del barrio Pescaíto, en Santa Marta, el presidente habló sobre un incremento del 14% de las incautaciones de cocaína, respecto a 2023; y una reducción en la incidencia de todos delitos, “excepto la extorsión”, entre otros temas. Pero sobre los alcances de la paz total y el apoyo prestado por los gestores de paz a su hoja de ruta para negociar, guardó silencio.

Recientemente, el congresista Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, envió una solicitud a la Presidencia de la República en la que pidió información sobre la labor de los gestores de paz.

El congresista le dijo a El Espectador que no buscaba tener información exacta sobre dónde están los gestores de paz y qué tareas reservadas están cumpliendo, solo al menos tener conocimiento sobre la entrega puntual de los informes trimestrales que las personas nombradas para tal función deben hacer. “La oficina del Alto Comisionado para la Paz ha planteado una razón jurídica que entraremos a discutir vía tutela, porque queremos conocer los alcances que hoy tienen”, dijo Cadavid.

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Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, entidad que le ha seguido la pista a la paz total, aseguró a este diario que “el gobierno de Petro tiene una alta focalización en resolver el pasado y está mucho menos preocupado en pensar el presente para pensarse un futuro distinto”.

Aseguró que hacerlo está bien, porque encontrar la verdad es importante para cerrar los ciclos de violencia. Sin embargo, dijo que el presidente “cometió una ligereza” al nombrar a personajes como Mancuso y Giraldo, pues indiferente a los aportes que puedan hacer a la verdad, la gravedad de sus crímenes “hace que simbólicamente su presencia como gestores de paz produzca un dolor muy grande en las víctimas”.

Los nombres más polémicos

De la designación de 18 antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la más sonada fue la de Salvatore Mancuso, que regresó a Colombia en febrero de 2024 tras pagar una condena de 16 años por narcotráfico, en Estados Unidos. Se convirtió en el informante para el Ejército sobre los movimientos del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Córdoba, donde su familia tenía propiedades.

Creó grupos paramilitares con los hermanos Carlos y Vicente Castaño, que luego se concretaron como las AUC, bajo su mando. La Comisión de la Verdad documentó su participación en la creación de las Convivir, en 1994, y el mismo Mancuso reconoció ante la justicia colombiana su participación en el escándalo de la parapolítica.

Junto a Mancuso fue nombrado también Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien hizo parte de los fundadores de las AUC y dirigió el Bloque Norte del grupo paramilitar. Tovar Pupo también fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico, donde estuvo 12 años en prisión. Es señalado como responsable de masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y otros crímenes de lesa humanidad en Cesar, Magdalena y Atlántico, principalmente.

Tovar Pupo le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su sometimiento voluntario, al reconocerse como “ideólogo, propulsor e integrante del proyecto de las autodefensas”. Sin embargo, el tribunal de cierre negó su solicitud en 2023, por falta de voluntad para aportar a la verdad.

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Un tercer nombramiento que causó rechazo fue el de Hernán Giraldo Serna, alias Taladro, conocido como el depredador sexual de las AUC. Este era el jefe del frente Resistencia Tayrona, con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, y tras regresar de su extradición en Estados Unidos fue llevado a una cárcel de Itagüí (Antioquia), pues enfrenta cargos por su participación en decenas de delitos sexuales en contra de menores de 14 años.

También entró en el grupo Ramón Isaza, alias El Viejo, exjefe de las AUC en el Magdalena Medio. En 2021 el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá lo condenó, junto a otros 59 exparamilitares, por su responsabilidad en al menos 1.900 hechos violentos en los departamentos de Antioquia y Caldas.

A la lista de exintegrantes de las AUC se suman Arnubio Triana Mahecha, Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez, José Baldomero Linares, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Diego Fernando Murillo Bejarano, Hebert Veloza García, Rodrigo Pérez Alzate, Fredy Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez y Héctor Germán Buitrago.

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Las otras tres resoluciones de noviembre de 2024 dictaron disposiciones importantes, pero al momento sin efectos porque las mesas de negociación siguen congeladas ni hay informes para medir los avances de su función pública.

Una de ellas prorrogó el nombramiento de 15 integrantes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, que ya habían sido designados en agosto por un período de tres meses. Otra resolución nombró por ocho meses a 12 integrantes de Comuneros del Sur, la facción disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), “para que contribuyan con su conocimiento y experiencia a la estructuración del proceso de paz”.

La última nombró a cinco representantes para el Espacio de Conversación Sociojurídico con organizaciones criminales de Medellín y el Valle de Aburra; una mesa coordinada de parte del Gobierno por la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico.

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Sin hoja de ruta clara

Más allá de la polémica generada por los perfiles que entraron en la lista de los gestores de paz, ahora lo que está bajo la lupa de opositores del gobierno Petro y entidades de derechos humanos es la ausencia de una hoja de ruta clara para destrabar las negociaciones varadas. El nombramiento de los 18 exparamilitares va inicialmente por seis meses, que se cumplirán en mayo de 2025.

Desde la Consejería Comisionada de Paz aseguraron, en un documento divulgado el pasado 18 de diciembre por este diario, que el conocimiento del territorio de las personas nombradas será tomado para “elaborar el plan de trabajo que cada uno de los gestores deberá cumplir durante la vigencia de su designación”. Mientras tanto, el presidente Petro no se refiere a los resultados de su proyecto y la ejecución de un plan que no inicia en forma, al tiempo que en los territorios la violencia continúa.

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