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Pechugas de pollo a $40.000, huevos a $900 y 2.824 kilos de canela que no figuran en actas de entrega de ninguna de las instituciones educativas, son algunas de las irregularidades que evidenció la Contraloría General en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en Cartagena. El PAE es uno de los programas que promueve complementos alimentarios a los niños, niñas y adolescentes de los colegios más vulnerables del país.
Sin embargo, la totalidad de los recursos destinados para este programa gubernamental no se habrían destinado para tal fin. En el marco de la rendición de cuentas de su tercer aniversario de gestión, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, presentó este martes 21 de noviembre un nuevo balance en materia de hallazgos, procesos fiscales y recuperaciones.
En este caso, por ejemplo, la Contraloría encontró que el exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, contrató de manera directa $23.427 millones en una situación que, según la entidad, es abiertamente irregular. Duque Vásquez, actualmente, está detenido por cuenta las presuntas irregularidades en la elección de la contralora, Nubia Fontalvo Hernández.
Precisamente, en los contratos se encontraron pechugas de pollo a $40.000 que, en otros meses, el contratista facturaba a $7.000. El organismo de control también detectó que el contratista del PAE en Cartagena, para el primer semestre de 2016, adquirió 2.824 kilos de canela por más de $39 millones de pesos. Sin embargo, este producto nunca llegó a las escuelas, pues no figura en las actas de entrega de ninguna de las instituciones educativas.
Además, la Contraloría también encontró la compra de 2’600.000 panes con un valor de $400 pesos cada unidad, empero, solo se entregaron 1’500.000 raciones. “No hay derecho a que después de los malos manejos que venimos denunciando desde 2015, en las auditorías de 2017 se hayan repetido las irregularidades”, expresó Maya Villazón.
La Contraloría también evidenció que, durante el año pasado, más de 32 millones de raciones se habrían dejado de entregar por demoras en la contratación y en la ejecución de los recursos. Mediante una actuación especial de fiscalización, la entidad estableció hallazgos fiscales por un total de $32.951 millones.
En otro caso de los malos manejos del PAE pero, esta vez, en el departamento del Magdalena, se presentaron irregularidades que generaron un presunto detrimento patrimonial por más de $3.000 millones. Estas irregularidades, al parecer, se presentaron en la administración de la gobernadora Rosa Cotes Vives.
Y en el departamento del Amazonas, donde en su momento la Contraloría encontró gastos como un huevo por $900, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador, Manuel Antonio Carebilla, por $297 millones. “Son apenas tres casos de muchos otros”, manifestó el contralor.
Algunos casos en los que ha actuado la Contraloría este año
Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué: en este proceso la Contraloría inició 11 procesos de responsabilidad fiscal por más de $60.153 millones. Asimismo, se han decretado medidas cautelares sobre bienes y activos por más de $112 mil millones.
Malos manejos de recursos en Sucre: en recursos destinados para los enfermos mentales, la Contraloría encontró pagos suscritos directamente por el exgobernador Julio César Guerra a favor de dos IPS que generó un detrimento patrimonial por más de $2.000 millones. En hechos similares que se presentaron entre 2014 y 2015, la entidad adelanta 12 procesos de responsabilidad en cuantía de $4.841 millones.
Cartel de la Hemofilia: actualmente, el organismo de control tiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal por $50.000 millones contra exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Y, además, la Contraloría acaba de abrir un proceso, en cuantía superior a los $1.525 millones, relacionado nuevamente con el pago irregular de tratamientos para pacientes diagnosticados con hemofilia. A pesar de que ya se conocían los resultados de la auditoría realizada durante la vigencia 2015 y 2016, la Gobernación de Córdoba volvió a incurrir en la irregularidad pero, esta vez, bajo la administración de Edwin Besaile.
Bioenergy: este negocio de Ecopetrol en el que los costos se duplicaron y la tasa interna de retorno se redujo de 13,3% a 1,2%. En este proceso, la Contraloría estableció 10 hallazgos de alcance fiscal por valor de $709.342 millones.
Reficar: además del hallazgo de $8.5 billones, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por US$6.080 millones de dólares, que equivale a $17 billones, a raíz del daño patrimonial que se pudo dar en la modernización de la Refinería de Cartagena. Y fueron llamados a versión libre expresidentes de Ecopetrol y Reficar, miembros de las juntas directivas de ambas empresas, funcionarios de Reficar y empresas contratistas.