“Pedimos que la JEP declare el exilio crimen de lesa humanidad”: Mujeres Exiliadas

La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas tiene un objetivo claro: lograr que el crimen de exilio sea declarado de lesa humanidad por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si su petición es acogida, las conductas que obligaron medio millón de colombianos a exiliarse durante el conflicto armado, según la oficina de la ONU para refugiados, serán investigadas por siempre. En el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, El Espectador habló con dos de sus representantes: María Esperanza Ramírez y Claudia García Giraldo.

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Ambas son víctimas del conflicto armado y llevan casi una década en España, una de las delegaciones que la Colectiva tiene a nivel internacional. También tienen presencia en Canadá, Costa Rica, Panamá, Francia y Suiza, regiones donde colombianas han logrado escapar del conflicto. Solo en España son más de 50 y buscan el reconocimiento de sus derechos desde una perspectiva feminista. Dicen que tanto el exilio como el desplazamiento interno en Colombia vulneró de manera específica a las mujeres, cuyos cuerpos fueron utilizados “como botín de guerra” por miembros del Estado y los distintos grupos armados.

En marzo de este año pidieron a la JEP que el crimen de exilio sea declarado de lesa humanidad, por lo cual sus investigaciones no prescribirán. También en sus comunicaciones aseguran sentirse “invisibilizadas” ¿Cómo llegaron a esa conclusión?

La política pública no reconoce el exilio como un delito de lesa humanidad. No registra la importancia que tiene y debe tener. Luchamos por ese reconocimiento, para que no prescriba y siga siendo investigado a perpetuidad. Hubo sistematicidad hacia personas y comunidades, hubo ataques constantes, persecución, destierro, secuestro violencia sexual, como lo establece la Corte Penal Internacional para crímenes de lesa humanidad. Ese es el universo del desplazamiento forzado, tanto interno como transnacional.

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Nosotras no somos, como nos califican, ciudadanas internacionales. Aquí carecemos de derechos, tenemos una ley de extranjería que nos vulnera. La Unidad de Víctimas viene a España, nos dicen que sigamos declarando y solo nos revictimiza. Nos hablan de recursos a favor de nosotras las víctimas, pero nunca llegada en términos de reparación integral colectiva. Solo recogen datos, regresan y las campañas de indemnización administrativa se quedan en promesas. Somos un pilar esencial para consolidar la democracia. Sin nosotras le falta un componente muy importante a la construcción de la paz.

¿Cómo ha sido el proceso de ustedes ante la JEP?

Hemos hecho dos informes para estas entidades que surgieron tras el Acuerdo de Paz. Estamos evidenciando todo lo que hemos hecho. Ante la Comisión de la Verdad hemos presentado un informe que se llama “La Memoria de las Mujeres Refugiadas Colombianas”. Tenemos otro informe ante la JEP, en la cual relatamos nuestra participación en esa jurisdicción. Nos interesa instar a la JEP para que se pronuncie a favor de nosotras.

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Háblenme sobre el impacto diferencial y de género que acusan ante la JEP

Hay tantos perjuicios en esa parte. Por eso intentamos hacer talleres de duelo, donde podemos mirar la estigmatización que venimos sufriendo solo por el hecho de ser mujeres. Nos vemos impedidas a donde llegamos para conseguir la documentación, para estar legalmente en el país. Son muchos los obstáculos para volver a iniciar un proyecto de vida. La mayoría de las mujeres asumimos una jefatura femenina, asumimos la crianza de nuestros hijos e hijas. En estos países eso se convierte en una doble carga.

Todo el trabajo que veníamos realizando en Colombia, esos liderazgos tan importantes, quedan en un trabajo feminizado, mal pagado y sin derechos en estos países. Estos procesos que traemos de mujeres se quedan escondidos en la fregona y en la limpieza. Esa es la feminización del exilio. Muchas han tendido también que dejar sus familias, sabiendo que la dejan en medio de la guerra. Es un impacto diferencial. Ya no tenemos la influencia que teníamos en la Asociación Nacional de Desplazadas y Desplazados para la Convivencia Pacífica, de donde nos sacaron por amenazas. A mí, Claudia García, me mataron el único hermano que tenía.

¿Qué han allegado a la JEP sobre la victimización de la mujer en el conflicto armado?

Dentro del auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional se habla de los impactos desproporcionados que sufrimos las mujeres dentro del conflicto. El cuerpo de las mujeres es usado como botín de guerra. Trafican con nuestros cuerpos. Nos obligan a la prostitución forzada. Nos secuestran. Nos torturan por el hecho de ser mujeres. Y si denunciamos, nos callan. Nos dicen que nuestras hijas van a sufrir lo mismo que sufrimos nosotras. Infunden miedo. Nos minimizan al silencio y a la vergüenza. Marcan nuestro cuerpo.

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Es una violencia sistemática. Tenemos esa agravante que es contra nosotras y nuestra esencia. Nos encierran en unos mitos perversos: que las defensoras de derechos humanos somos lesbianas. Los actores armados nos dicen que nos quieren enseñar a ser mujeres. Nos minimizan.

¿De esas vivencias nace la Colectiva particular de mujeres?

Nosotras tenemos hijos, pareja. No obstante, hemos notado que en Occidente las políticas están hechas por los varones. Lo que hacemos las mujeres nos lo tenemos que ganar. Nosotros somos las más dadas al cuidado. Nos dicen que tenemos que estar calladitas, que así nos vemos más bonitas. Nosotras no creemos eso: trabajamos desde una postura feminista para poder visibilizar todo lo acentuado de la guerra en nuestras vidas y nuestros cuerpos. Hemos trabajado mucho en la autoprotección. Entre mujeres nos sentimos en más confianza estando en el exilio.

Yo pienso que también el amor de la mujer nos permite seguir en la lucha. Encontramos compañeras con el mismo sentir, con el mismo deseo de seguir adelante. No te imaginas la alegría de encontrarnos en la colectiva, el anhelo de vernos, de reconocer nuestros logros. Hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, instamos a la JEP y a la Corte Constitucional que le abone a la deuda que tienen con la población exiliada, especialmente de mujeres.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas tiene un objetivo claro: lograr que el crimen de exilio sea declarado de lesa humanidad por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si su petición es acogida, las conductas que obligaron medio millón de colombianos a exiliarse durante el conflicto armado, según la oficina de la ONU para refugiados, serán investigadas por siempre. En el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, El Espectador habló con dos de sus representantes: María Esperanza Ramírez y Claudia García Giraldo.

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Ambas son víctimas del conflicto armado y llevan casi una década en España, una de las delegaciones que la Colectiva tiene a nivel internacional. También tienen presencia en Canadá, Costa Rica, Panamá, Francia y Suiza, regiones donde colombianas han logrado escapar del conflicto. Solo en España son más de 50 y buscan el reconocimiento de sus derechos desde una perspectiva feminista. Dicen que tanto el exilio como el desplazamiento interno en Colombia vulneró de manera específica a las mujeres, cuyos cuerpos fueron utilizados “como botín de guerra” por miembros del Estado y los distintos grupos armados.

En marzo de este año pidieron a la JEP que el crimen de exilio sea declarado de lesa humanidad, por lo cual sus investigaciones no prescribirán. También en sus comunicaciones aseguran sentirse “invisibilizadas” ¿Cómo llegaron a esa conclusión?

La política pública no reconoce el exilio como un delito de lesa humanidad. No registra la importancia que tiene y debe tener. Luchamos por ese reconocimiento, para que no prescriba y siga siendo investigado a perpetuidad. Hubo sistematicidad hacia personas y comunidades, hubo ataques constantes, persecución, destierro, secuestro violencia sexual, como lo establece la Corte Penal Internacional para crímenes de lesa humanidad. Ese es el universo del desplazamiento forzado, tanto interno como transnacional.

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Nosotras no somos, como nos califican, ciudadanas internacionales. Aquí carecemos de derechos, tenemos una ley de extranjería que nos vulnera. La Unidad de Víctimas viene a España, nos dicen que sigamos declarando y solo nos revictimiza. Nos hablan de recursos a favor de nosotras las víctimas, pero nunca llegada en términos de reparación integral colectiva. Solo recogen datos, regresan y las campañas de indemnización administrativa se quedan en promesas. Somos un pilar esencial para consolidar la democracia. Sin nosotras le falta un componente muy importante a la construcción de la paz.

¿Cómo ha sido el proceso de ustedes ante la JEP?

Hemos hecho dos informes para estas entidades que surgieron tras el Acuerdo de Paz. Estamos evidenciando todo lo que hemos hecho. Ante la Comisión de la Verdad hemos presentado un informe que se llama “La Memoria de las Mujeres Refugiadas Colombianas”. Tenemos otro informe ante la JEP, en la cual relatamos nuestra participación en esa jurisdicción. Nos interesa instar a la JEP para que se pronuncie a favor de nosotras.

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Hay tantos perjuicios en esa parte. Por eso intentamos hacer talleres de duelo, donde podemos mirar la estigmatización que venimos sufriendo solo por el hecho de ser mujeres. Nos vemos impedidas a donde llegamos para conseguir la documentación, para estar legalmente en el país. Son muchos los obstáculos para volver a iniciar un proyecto de vida. La mayoría de las mujeres asumimos una jefatura femenina, asumimos la crianza de nuestros hijos e hijas. En estos países eso se convierte en una doble carga.

Todo el trabajo que veníamos realizando en Colombia, esos liderazgos tan importantes, quedan en un trabajo feminizado, mal pagado y sin derechos en estos países. Estos procesos que traemos de mujeres se quedan escondidos en la fregona y en la limpieza. Esa es la feminización del exilio. Muchas han tendido también que dejar sus familias, sabiendo que la dejan en medio de la guerra. Es un impacto diferencial. Ya no tenemos la influencia que teníamos en la Asociación Nacional de Desplazadas y Desplazados para la Convivencia Pacífica, de donde nos sacaron por amenazas. A mí, Claudia García, me mataron el único hermano que tenía.

¿Qué han allegado a la JEP sobre la victimización de la mujer en el conflicto armado?

Dentro del auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional se habla de los impactos desproporcionados que sufrimos las mujeres dentro del conflicto. El cuerpo de las mujeres es usado como botín de guerra. Trafican con nuestros cuerpos. Nos obligan a la prostitución forzada. Nos secuestran. Nos torturan por el hecho de ser mujeres. Y si denunciamos, nos callan. Nos dicen que nuestras hijas van a sufrir lo mismo que sufrimos nosotras. Infunden miedo. Nos minimizan al silencio y a la vergüenza. Marcan nuestro cuerpo.

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Es una violencia sistemática. Tenemos esa agravante que es contra nosotras y nuestra esencia. Nos encierran en unos mitos perversos: que las defensoras de derechos humanos somos lesbianas. Los actores armados nos dicen que nos quieren enseñar a ser mujeres. Nos minimizan.

¿De esas vivencias nace la Colectiva particular de mujeres?

Nosotras tenemos hijos, pareja. No obstante, hemos notado que en Occidente las políticas están hechas por los varones. Lo que hacemos las mujeres nos lo tenemos que ganar. Nosotros somos las más dadas al cuidado. Nos dicen que tenemos que estar calladitas, que así nos vemos más bonitas. Nosotras no creemos eso: trabajamos desde una postura feminista para poder visibilizar todo lo acentuado de la guerra en nuestras vidas y nuestros cuerpos. Hemos trabajado mucho en la autoprotección. Entre mujeres nos sentimos en más confianza estando en el exilio.

Yo pienso que también el amor de la mujer nos permite seguir en la lucha. Encontramos compañeras con el mismo sentir, con el mismo deseo de seguir adelante. No te imaginas la alegría de encontrarnos en la colectiva, el anhelo de vernos, de reconocer nuestros logros. Hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, instamos a la JEP y a la Corte Constitucional que le abone a la deuda que tienen con la población exiliada, especialmente de mujeres.

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