Pelea en la JEP por la participación de las víctimas en el caso de Salvador Arana

El exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus.

Foto: Archivo El Espectador

Las declaraciones del exgobernador de Sucre Salvador Arana en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron suspendidas por solicitud de un grupo de víctimas. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas está preocupada por la filtración de una foto de la última versión que rindió el condenado parapolítico y resolvió, entonces, limitar el acceso de víctimas a las audiencias. Pero quienes aseguran haber sido afectados por los nexos de Arana con paramilitares apelaron y ahora la palabra final la tendrá la Sección de Apelación de la JEP.

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Salvador Arana fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus demostrados nexos con Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que llevaron, por ejemplo, al homicidio del alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo León Díaz en 2003. El crimen es recordado porque, días antes, el alcalde Díaz, entonces suspendido por la Procuraduría, que luego lo absolvió, asistió a un consejo comunitario en Corozal y le dijo al entonces presidente, Álvaro Uribe que su vida estaba en riesgo. “Ya hubo la suspensión, ahora llega la destitución y después viene mi muerte. Viene el otro paso y es que a mí me van a matar”, dijo Díaz.

Después de desistir del proceso que había iniciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de admitir sus nexos con grupos paramilitares, Arana comenzó a prender el ventilador el pasado 19 de agosto. Cuando le preguntaron cómo conoció a Eudaldo Díaz, dijo: “Eso fue cuando comencé a hacer campaña a la gobernación en 2000. Él me visitó en mi residencia y comenzamos a hablar sobre mi plan de gobierno y lo que él tenía para su municipio”. La diligencia se dio por terminada ese día y, supuestamente, continuaría al día siguiente.

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Pero al día siguiente, la abogada de Arana pidió la palabra. Dijo que estaba preocupada por su seguridad y la de su cliente y reprochó que se había filtrado una foto del exgobernador en la audiencia del día anterior. La imagen había sido publicada en Facebook con información ala parecer falsa sobre el proceso. De inmediato, la magistrada que presidía la audiencia, Heidy Patricia Baldosea, suspendió la versión y declaró que la diligencia sería reservada, pues iba a estudiar si debía decretar medidas cautelares.

La decisión llegó dos meses más tarde: la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió que las víctimas no podrían participar de todas las versiones de Salvador Arana. Únicamente permitirá que acudan cuando el exgobernador de Sucre vaya a referirse a los hechos concretos sobre los que son víctimas. Por ejemplo, según esa decisión, la familia del exalcalde Eudaldo Díaz no podrá escuchar sobre cómo Arana desvió recursos del departamento para financiar grupos paramilitares, sino que únicamente lo va a ver cuando hable de la desaparición y homicidio del alcalde.

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Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la medida es desproporcionada. Por un lado, porque había “muchas otras medidas posibles para proteger a las partes dentro del proceso como la aplicación del principio de publicidad y transparencia de las”, dijeron en un comunicado. Y, por otro, porque en el Acuerdo de Paz se planteó que la JEP pondría en el centro a las víctimas. Sin embargo, en esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas las está haciendo a un lado al presumir que fueron ellas quienes actuaron de mala fe y filtraron imágenes.

Ante ese panorama, los abogados de las decidieron apelar la resolución de la Sala que limitó su participación. El órgano competente es, entonces, la Sección de Apelación, a la cual le pidieron que, mientras decide si tumbar o no el fallo, suspenda las próximas audiencias a las que había sido citado Salvador Arana. Así lo hizo. Según informó la JEP, ya el proceso quedó congelado y ahora la discusión pasa a los magistrados superiores. Como en discusiones anteriores en esta justicia especial, el Tribunal de Paz tendrá que ver cómo balancea el derecho a la verdad de las víctimas con la reserva de gran parte de sus procedimientos.

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