Pelea entre el Tribunal de Medellín y la Fiscalía

Nuevamente los nombres de los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón, del Tribunal Superior de Medellín, figuraron en medio de una ácida polémica. En septiembre pasado ordenaron abrir una investigación contra el expresidente y hoy senador electo Álvaro Uribe Vélez, por “promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares en Antioquia”. Tras la controversia desatada por esa decisión, Uribe anunció que demandaría al magistrado Pinilla por “los delitos de injuria, calumnia y, posiblemente, prevaricato por acción”.

Mientras ese choque judicial surte sus trámites, el pasado 9 de junio Pinilla y Rincón se pronunciaron enérgicamente contra el fiscal 45 de la Unidad de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro Ávila, encargado de investigar los crímenes cometidos por el narcotraficante y exparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y los hombres bajo su mando. Los magistrados se fueron lanza en ristre contra el fiscal Chavarro y lo acusaron de promover acciones fraudulentas para sacarlos del proceso de juzgamiento de Don Berna.

El origen del enfrentamiento fue una recusación que el fiscal presentó en abril pasado en la que argumentaba que los magistrados estaban impedidos para juzgar al extraditado exjefe paramilitar porque habían “emitido opiniones en su contra” en desarrollo de una decisión en la que ordenaron excluir del proceso de Justicia y Paz a siete exparamilitares del bloque Cacique Nutibara. En criterio de Pinilla y Rincón, la desmovilización de esa estructura paramilitar habría sido un montaje y al parecer existen evidencias de que Don Berna continuó delinquiendo desde la cárcel. El fiscal no estuvo de acuerdo con esa posición y por eso los recusó con el fin de que se apartaran del expediente.

No obstante, los juristas aseguraron que, de aceptarse la tesis del fiscal, la justicia colapsaría porque, después de la primera condena por el pacto de Santa Fe de Ralito, a la Corte Suprema le habría tocado declararse impedida para conocer de los demás procesos contra los parlamentarios que firmaron ese documento en 2001, lo cual “es irracional e ilógico”. Los magistrados dijeron no entender por qué el tercer magistrado que integra la Sala, quien salvó su voto en el auto de exclusión de esos siete desmovilizados, no fue objeto de reproche por parte del fiscal.

Por eso concluyeron sin rodeos que “la recusación (del fiscal) en esos términos tiene un propósito doloso o fraudulento. No porque se haya recusado a la Sala, ni por las causales y fundamentos invocados, sino porque se dirigió sólo contra dos de los magistrados cuya decisión fue contraria a su propia opinión (la del fiscal) y sus intereses personales, y a los de Diego Fernando Murillo Bejarano”. Además, Pinilla y Rincón insinuaron que la verdadera intención del fiscal era trasladar a Bogotá el proceso contra Don Berna, tal como había ocurrido ya con otros expedientes. Una secreta intención que a los magistrados les cayó muy mal.

“La Sala quiere creer que esa no es una política de la Fiscalía, como ha sucedido en los casos de Hebert Veloza García, Iván Roberto Duque, Rodrigo Pérez Alzate, Arnubio Triana y Salvatore Mancuso, sobre todos los cuales tenía competencia esta Sala y todos fueron sustraídos de ella y presentados ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá”. En palabras castizas, los juristas preguntaron veladamente si su tribunal no le gustaba a la Fiscalía y por qué.

Por eso aseguraron que el fiscal Chavarro actuó con “temeridad y mala fe” y negaron sus prentesiones. Tras esta decisión, el proceso contra Don Berna continuará a cargo del Tribunal Superior de Medellín, que también adelanta el juzgamiento de los exparamilitares de los bloques Bananero, Élmer Cárdenas, Córdoba y Mineros de las autodefensas. Sin embargo quedó claro que la relación entre la Fiscalía y el tribunal está más fracturada que nunca. Don Berna purga una condena de 31 años en Estados Unidos por narcotráfico. Sus víctimas en Colombia siguen esperando que se haga justicia.

mflorez@elespectador.com

@elenaflorezr

Nuevamente los nombres de los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón, del Tribunal Superior de Medellín, figuraron en medio de una ácida polémica. En septiembre pasado ordenaron abrir una investigación contra el expresidente y hoy senador electo Álvaro Uribe Vélez, por “promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares en Antioquia”. Tras la controversia desatada por esa decisión, Uribe anunció que demandaría al magistrado Pinilla por “los delitos de injuria, calumnia y, posiblemente, prevaricato por acción”.

Mientras ese choque judicial surte sus trámites, el pasado 9 de junio Pinilla y Rincón se pronunciaron enérgicamente contra el fiscal 45 de la Unidad de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro Ávila, encargado de investigar los crímenes cometidos por el narcotraficante y exparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y los hombres bajo su mando. Los magistrados se fueron lanza en ristre contra el fiscal Chavarro y lo acusaron de promover acciones fraudulentas para sacarlos del proceso de juzgamiento de Don Berna.

El origen del enfrentamiento fue una recusación que el fiscal presentó en abril pasado en la que argumentaba que los magistrados estaban impedidos para juzgar al extraditado exjefe paramilitar porque habían “emitido opiniones en su contra” en desarrollo de una decisión en la que ordenaron excluir del proceso de Justicia y Paz a siete exparamilitares del bloque Cacique Nutibara. En criterio de Pinilla y Rincón, la desmovilización de esa estructura paramilitar habría sido un montaje y al parecer existen evidencias de que Don Berna continuó delinquiendo desde la cárcel. El fiscal no estuvo de acuerdo con esa posición y por eso los recusó con el fin de que se apartaran del expediente.

No obstante, los juristas aseguraron que, de aceptarse la tesis del fiscal, la justicia colapsaría porque, después de la primera condena por el pacto de Santa Fe de Ralito, a la Corte Suprema le habría tocado declararse impedida para conocer de los demás procesos contra los parlamentarios que firmaron ese documento en 2001, lo cual “es irracional e ilógico”. Los magistrados dijeron no entender por qué el tercer magistrado que integra la Sala, quien salvó su voto en el auto de exclusión de esos siete desmovilizados, no fue objeto de reproche por parte del fiscal.

Por eso concluyeron sin rodeos que “la recusación (del fiscal) en esos términos tiene un propósito doloso o fraudulento. No porque se haya recusado a la Sala, ni por las causales y fundamentos invocados, sino porque se dirigió sólo contra dos de los magistrados cuya decisión fue contraria a su propia opinión (la del fiscal) y sus intereses personales, y a los de Diego Fernando Murillo Bejarano”. Además, Pinilla y Rincón insinuaron que la verdadera intención del fiscal era trasladar a Bogotá el proceso contra Don Berna, tal como había ocurrido ya con otros expedientes. Una secreta intención que a los magistrados les cayó muy mal.

“La Sala quiere creer que esa no es una política de la Fiscalía, como ha sucedido en los casos de Hebert Veloza García, Iván Roberto Duque, Rodrigo Pérez Alzate, Arnubio Triana y Salvatore Mancuso, sobre todos los cuales tenía competencia esta Sala y todos fueron sustraídos de ella y presentados ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá”. En palabras castizas, los juristas preguntaron veladamente si su tribunal no le gustaba a la Fiscalía y por qué.

Por eso aseguraron que el fiscal Chavarro actuó con “temeridad y mala fe” y negaron sus prentesiones. Tras esta decisión, el proceso contra Don Berna continuará a cargo del Tribunal Superior de Medellín, que también adelanta el juzgamiento de los exparamilitares de los bloques Bananero, Élmer Cárdenas, Córdoba y Mineros de las autodefensas. Sin embargo quedó claro que la relación entre la Fiscalía y el tribunal está más fracturada que nunca. Don Berna purga una condena de 31 años en Estados Unidos por narcotráfico. Sus víctimas en Colombia siguen esperando que se haga justicia.

mflorez@elespectador.com

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