Peligra la yidispolítica

Veintiún días separan el escándalo de la yidispolítica de la prescripción. Dicho de otro modo, en apenas tres semanas —y contando— uno de los más controvertidos episodios de corrupción en la reciente historia política de Colombia quedará con sentencias de un solo lado. Del lado de los que recibieron, léase la exrepresentante santandereana Yidis Medina, el exrepresentante del Valle Teodolindo Avendaño y sus recomendados.

Hasta la madrugada del próximo 4 de junio tiene plazo la justicia para dejar en firme las acusaciones en contra de los exministros Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y el exsecretario general de la Casa de Nariño Alberto Velásquez. El pasado 6 de marzo los tres fueron acusados por el fiscal delegado ante la Corte Suprema Álvaro Osorio por el delito de cohecho. Todos apelaron y el 2 de mayo último se confirmó la acusación.

Lo que siguió fue, ni más ni menos, una estrategia jurídica para evitar que dichas acusaciones se tradujeran en un juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Esa es la tesis de allegados al expediente, que ven con preocupación la cadena de dilaciones que ha afrontado la yidispolítica. En la otra orilla, los procesados aseguran que sólo están haciendo uso de los recursos que tienen a la mano y que si la justicia se ha tardado más de la cuenta no tienen por qué ser reprochados por insistir en su inocencia.

Al margen de la controversia, lo cierto es que en la madrugada del próximo 4 de junio se cumplen ocho años de la célebre votación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en donde Yidis Medina volteó su voto y Teodolindo Avendaño se ausentó del debate para inclinar la balanza en favor del acto legislativo que aprobó la reelección. En total, 18 votos a favor y 16 en contra. Cuando el trámite de la iniciativa estaba en cuidados intensivos, la intervención de Palacio y Pretelt fue clave para evitar que se hundiera en el Congreso.

En junio de 2008, cuando la Corte Suprema condenó a Yidis a 47 meses de prisión por cohecho, la Corte concluyó que el voto favorable de Medina esa madrugada fue el resultado de dos factores que enturbiaban la legalidad de la ley aprobada: la presión del titular de su curul, el excongresista santandereano Iván Díaz Mateus, quien resultó condenado en 2009 por haberle exigido a Medina darle el sí a la reelección; y las “mezquindades de halagos y promesas burocráticas” supuestamente ofrecidas por cuatro alfiles del uribismo.

De ese cuarteto de escuderos, tres son los hoy llamados a juicio: Pretelt, Palacio y Velásquez. Este último dejó su cargo justo un mes después de aprobada la reelección expresando que su renuncia sólo encontraba razón en su deseo de regresar al sector privado. “Salgo satisfecho del trabajo que he realizado”, dijo de salida. Velásquez, le dijo Yidis a la Corte, le mencionó la posibilidad de un consulado y le iba a dar ayudas en su región o en lo que ella “quisiera”, porque así se lo había asegurado el propio presidente Álvaro Uribe Vélez.

Apenas estalló la yidispolítica el fiscal Mario Iguarán se declaró impedido y el expediente pasó a manos del vicefiscal Guillermo Mendoza Diago. Fue él quien llamó a indagatoria a Velásquez, junto con Diego Palacio y Bernardo Moreno —el cuarto alfil implicado en este escándalo— en agosto de 2008. El defensor de Velásquez pidió reposición (reconsideración) de la medida dos veces, y dos veces recibió una negativa. Cuestionado por este diario por las posibles dilaciones que han reinado en el proceso, Velásquez manifestó: “Me atengo a lo que diga la justicia”.

Con el exministro de Protección Social Diego Palacio las cosas han sido a otro precio. No había terminado la Corte Suprema de firmar la condena contra Yidis y ya Palacio estaba entutelando el fallo. Palacio recurrió al Consejo Superior de la Judicatura para exigir que su nombre fuera eliminado de la sentencia contra Yidis Medina, petición que, para sorpresa de todos, tuvo eco en el alto tribunal. Su nombre no aparecería en dicha providencia si no fuera porque la Corte Constitucional se atravesó en su camino y reversó la decisión.

En noviembre de 2010, cuando el vicefiscal general era Fernando Pareja y el organismo investigativo se aprestaba a llamarlo a juicio, el defensor de Palacio, Jaime Lombana, interpuso un recurso de reposición para recaudar más pruebas. La acusación contra el exministro se quedó en el tintero. Pero el abogado de Pretelt, Jaime Bernal Cuéllar, pidió nulidad del llamado a juicio que le hizo el vicefiscal Pareja a su defendido y la Corte Suprema, en julio de 2011, le dio la razón: por su fuero, a Pretelt sólo podía investigarlo el fiscal general. Y por extensión, al exministro Palacio.

Por esas fechas ya Viviane Morales llevaba la batuta en la Fiscalía y, en agosto del año pasado, anunció que asumiría ambos casos. Cuatro meses más tarde, sin embargo, una modificación constitucional la habilitó para delegar procesos de aforados y la ‘papa caliente’ de la yidispolítica le cayó en el regazo a Álvaro Osorio. En el entretanto, Pretelt solicitó reposición, luego nulidad, y finalmente recusó a Osorio. “Esos memoriales los ha pasado el doctor Pretelt directamente, yo le dije que no compartía integralmente algunos de sus argumentos”, le aseguró a este diario su defensor, Jaime Bernal Cuéllar.

Hace un mes el asesor jurídico de Alberto Velásquez, Francisco José Sintura, solicitó que el proceso fuera anulado alegando que esa reforma constitucional no podía aplicarse retroactivamente. Diego Palacio le aseguró a El Espectador que con esa reforma les habían “cambiado las reglas de juego” y aseveró que, si bien no le temía a un juicio ante la Corte Suprema, pedía un trato justo como el que tendría cualquier ciudadano. “Parece que los que trabajamos con el presidente Uribe no tenemos derecho a tener garantías”, resaltó.

Desde la orilla de la Fiscalía, lo que se observa es un desfile de requerimientos de nulidad y alegatos de falta de competencia, violación al debido proceso o al derecho a la defensa que han torpedeado el expediente de la yidispolítica al punto de tenerlo bordeando el abismo de la impunidad. Para Palacio, sin embargo, nunca ha habido tal intención de retardar el proceso porque “los tiempos procesales no los maneja uno sino la Fiscalía”. Bernal Cuéllar, por su parte, subrayó: “No he realizado ningún acto dilatorio. La Corte aceptó mi solicitud de nulidad, por ende, no pude haber dilatado nada porque yo tenía razón”.

Las directivas de la Fiscalía están convencidas de que este caso no puede prescribir porque ya las acusaciones contra Palacio, Pretelt y Velásquez están en firme. Creen que la misma suerte correrá el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno —quien interpuso apelación y queja—, a quien próximamente le imputarán también el delito de tráfico de influencias. Sospechan, sin embargo, que tantas nulidades y recursos están cargados con la intención de que al expediente le llegue su fecha de vencimiento. Otra cosa ven los acusados, quienes aseguran que tan sólo han echado mano de herramientas legítimas de defensa. El debate está servido.

Los acusados de la yidispolítica

Sabas Pretelt fue nombrado ministro del Interior y de Justicia a finales de 2004. En 2006 se fue a Roma como embajador, de donde regresó en 2008 llamado a indagatoria.

Diego Palacio, por su parte, llegó al Ministerio de la Protección Social en febrero de 2003, poco después del accidente en que falleció Juan Luis Londoño. Permaneció en el cargo hasta el fin del periodo Uribe. Alberto Velásquez acompañó a Uribe Vélez durante su campaña presidencial y sus dos primeros años de gobierno. Renunció en julio de 2004 por razones personales.

Veintiún días separan el escándalo de la yidispolítica de la prescripción. Dicho de otro modo, en apenas tres semanas —y contando— uno de los más controvertidos episodios de corrupción en la reciente historia política de Colombia quedará con sentencias de un solo lado. Del lado de los que recibieron, léase la exrepresentante santandereana Yidis Medina, el exrepresentante del Valle Teodolindo Avendaño y sus recomendados.

Hasta la madrugada del próximo 4 de junio tiene plazo la justicia para dejar en firme las acusaciones en contra de los exministros Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y el exsecretario general de la Casa de Nariño Alberto Velásquez. El pasado 6 de marzo los tres fueron acusados por el fiscal delegado ante la Corte Suprema Álvaro Osorio por el delito de cohecho. Todos apelaron y el 2 de mayo último se confirmó la acusación.

Lo que siguió fue, ni más ni menos, una estrategia jurídica para evitar que dichas acusaciones se tradujeran en un juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Esa es la tesis de allegados al expediente, que ven con preocupación la cadena de dilaciones que ha afrontado la yidispolítica. En la otra orilla, los procesados aseguran que sólo están haciendo uso de los recursos que tienen a la mano y que si la justicia se ha tardado más de la cuenta no tienen por qué ser reprochados por insistir en su inocencia.

Al margen de la controversia, lo cierto es que en la madrugada del próximo 4 de junio se cumplen ocho años de la célebre votación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en donde Yidis Medina volteó su voto y Teodolindo Avendaño se ausentó del debate para inclinar la balanza en favor del acto legislativo que aprobó la reelección. En total, 18 votos a favor y 16 en contra. Cuando el trámite de la iniciativa estaba en cuidados intensivos, la intervención de Palacio y Pretelt fue clave para evitar que se hundiera en el Congreso.

En junio de 2008, cuando la Corte Suprema condenó a Yidis a 47 meses de prisión por cohecho, la Corte concluyó que el voto favorable de Medina esa madrugada fue el resultado de dos factores que enturbiaban la legalidad de la ley aprobada: la presión del titular de su curul, el excongresista santandereano Iván Díaz Mateus, quien resultó condenado en 2009 por haberle exigido a Medina darle el sí a la reelección; y las “mezquindades de halagos y promesas burocráticas” supuestamente ofrecidas por cuatro alfiles del uribismo.

De ese cuarteto de escuderos, tres son los hoy llamados a juicio: Pretelt, Palacio y Velásquez. Este último dejó su cargo justo un mes después de aprobada la reelección expresando que su renuncia sólo encontraba razón en su deseo de regresar al sector privado. “Salgo satisfecho del trabajo que he realizado”, dijo de salida. Velásquez, le dijo Yidis a la Corte, le mencionó la posibilidad de un consulado y le iba a dar ayudas en su región o en lo que ella “quisiera”, porque así se lo había asegurado el propio presidente Álvaro Uribe Vélez.

Apenas estalló la yidispolítica el fiscal Mario Iguarán se declaró impedido y el expediente pasó a manos del vicefiscal Guillermo Mendoza Diago. Fue él quien llamó a indagatoria a Velásquez, junto con Diego Palacio y Bernardo Moreno —el cuarto alfil implicado en este escándalo— en agosto de 2008. El defensor de Velásquez pidió reposición (reconsideración) de la medida dos veces, y dos veces recibió una negativa. Cuestionado por este diario por las posibles dilaciones que han reinado en el proceso, Velásquez manifestó: “Me atengo a lo que diga la justicia”.

Con el exministro de Protección Social Diego Palacio las cosas han sido a otro precio. No había terminado la Corte Suprema de firmar la condena contra Yidis y ya Palacio estaba entutelando el fallo. Palacio recurrió al Consejo Superior de la Judicatura para exigir que su nombre fuera eliminado de la sentencia contra Yidis Medina, petición que, para sorpresa de todos, tuvo eco en el alto tribunal. Su nombre no aparecería en dicha providencia si no fuera porque la Corte Constitucional se atravesó en su camino y reversó la decisión.

En noviembre de 2010, cuando el vicefiscal general era Fernando Pareja y el organismo investigativo se aprestaba a llamarlo a juicio, el defensor de Palacio, Jaime Lombana, interpuso un recurso de reposición para recaudar más pruebas. La acusación contra el exministro se quedó en el tintero. Pero el abogado de Pretelt, Jaime Bernal Cuéllar, pidió nulidad del llamado a juicio que le hizo el vicefiscal Pareja a su defendido y la Corte Suprema, en julio de 2011, le dio la razón: por su fuero, a Pretelt sólo podía investigarlo el fiscal general. Y por extensión, al exministro Palacio.

Por esas fechas ya Viviane Morales llevaba la batuta en la Fiscalía y, en agosto del año pasado, anunció que asumiría ambos casos. Cuatro meses más tarde, sin embargo, una modificación constitucional la habilitó para delegar procesos de aforados y la ‘papa caliente’ de la yidispolítica le cayó en el regazo a Álvaro Osorio. En el entretanto, Pretelt solicitó reposición, luego nulidad, y finalmente recusó a Osorio. “Esos memoriales los ha pasado el doctor Pretelt directamente, yo le dije que no compartía integralmente algunos de sus argumentos”, le aseguró a este diario su defensor, Jaime Bernal Cuéllar.

Hace un mes el asesor jurídico de Alberto Velásquez, Francisco José Sintura, solicitó que el proceso fuera anulado alegando que esa reforma constitucional no podía aplicarse retroactivamente. Diego Palacio le aseguró a El Espectador que con esa reforma les habían “cambiado las reglas de juego” y aseveró que, si bien no le temía a un juicio ante la Corte Suprema, pedía un trato justo como el que tendría cualquier ciudadano. “Parece que los que trabajamos con el presidente Uribe no tenemos derecho a tener garantías”, resaltó.

Desde la orilla de la Fiscalía, lo que se observa es un desfile de requerimientos de nulidad y alegatos de falta de competencia, violación al debido proceso o al derecho a la defensa que han torpedeado el expediente de la yidispolítica al punto de tenerlo bordeando el abismo de la impunidad. Para Palacio, sin embargo, nunca ha habido tal intención de retardar el proceso porque “los tiempos procesales no los maneja uno sino la Fiscalía”. Bernal Cuéllar, por su parte, subrayó: “No he realizado ningún acto dilatorio. La Corte aceptó mi solicitud de nulidad, por ende, no pude haber dilatado nada porque yo tenía razón”.

Las directivas de la Fiscalía están convencidas de que este caso no puede prescribir porque ya las acusaciones contra Palacio, Pretelt y Velásquez están en firme. Creen que la misma suerte correrá el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno —quien interpuso apelación y queja—, a quien próximamente le imputarán también el delito de tráfico de influencias. Sospechan, sin embargo, que tantas nulidades y recursos están cargados con la intención de que al expediente le llegue su fecha de vencimiento. Otra cosa ven los acusados, quienes aseguran que tan sólo han echado mano de herramientas legítimas de defensa. El debate está servido.

Los acusados de la yidispolítica

Sabas Pretelt fue nombrado ministro del Interior y de Justicia a finales de 2004. En 2006 se fue a Roma como embajador, de donde regresó en 2008 llamado a indagatoria.

Diego Palacio, por su parte, llegó al Ministerio de la Protección Social en febrero de 2003, poco después del accidente en que falleció Juan Luis Londoño. Permaneció en el cargo hasta el fin del periodo Uribe. Alberto Velásquez acompañó a Uribe Vélez durante su campaña presidencial y sus dos primeros años de gobierno. Renunció en julio de 2004 por razones personales.