Periodista era seguida por el DAS

Un trascendental precedente en materia de la libertad de expresión sentó la Corte Constitucional en un reciente fallo en el que amparó los derechos a la vida, integridad personal y derecho a la familia de Claudia Julieta Duque Orrego.

La sentencia de 51 folios con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño se produjo en momentos en que la libertad de prensa se ha visto afectada por el denominado "acoso judicial", con el que se conoce el sinnúmero de denuncias por injuria y calumnia, que en los últimos dos años se han instaurado en contra de periodistas y directores de medios nacionales, que hoy en día tiene ad portas del encarcelamiento al director de la revista Semana, y constantes citaciones a los juzgados a respetados comunicadores.

Lo que dijo la Corte Constitucional es que en un país de las complejidades de Colombia, que el Estado o un funcionario público niegue públicamente y sin pruebas suficientes un crimen, una amenaza o un hostigamiento en contra de periodistas o defensores de derechos humanos, que investiguen o cuestionen al propio Estado, es una vulneración del derecho fundamental a la dignidad, la honra y la verdad de las personas amenazadas. No significa que el funcionario no pueda controvertir.

 La decisión indica que si lo hace, tenga un soporte objetivo, claro y transparente, como se debe tener en una sociedad democrática.

Para Eduardo Márquez, director de la Federación Internacional de Periodistas en Colombia (FIP), el fallo se produjo en un momento en que los periodistas han terminado por autocensurarse, porque los jueces con sus mecanismos jurídicos han frenado la publicación de varias informaciones, y quienes no lo hacen corren el riesgo de ir a la cárcel.

A este fenómeno que lesiona tanto o más que una intimidación, se le suman las desalentadoras estadísticas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que el primer semestre de 2008 registró un total de 63 casos de violaciones a la libertad de prensa, con las que se afectaron a 74 personas.

El caso fallado por la Alta Corporación es el de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, refugiada en Europa desde abril del presente año, por las constantes amenazas, los seguimientos que le han hecho miembros del DAS y la Policía desde 2001, y por los informes de inteligencia clandestinos que han entregado a los organismos de seguridad del Estado, los escoltas que forman parte del esquema de seguridad que le otorgó el Ministerio del Interior y de Justicia para su protección, en el año 2003. Pero que le fue retirado en 2007 bajo el argumento de mal uso del mismo.

Desde entonces sostuvo un enfrentamiento con el Ministerio, porque el órgano le retiró el esquema de seguridad, ha descalificado las afirmaciones de que hubiera sido seguida por el DAS y ha desconocido que hubiera salido del país por amenazas, siendo que hay pruebas como las del Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, quien la alojó en una casa refugio al sur del continente en 2003.

Al revisar el caso, la Corte Constitucional le dio la razón a la periodista y le ordenó una serie de acciones al Ministerio del Interior, Policía Nacional y el DAS, luego de comprobar que las denuncias que Claudia Julieta Duque Orrego instauró en contra de los organismos del Estado eran ciertas.

La primera orden del alto tribunal fue dada al Ministerio, para que reconozca de forma clara, sin errores o contradicciones que la periodista se encuentra en riesgo, instruya a sus funcionarios y asesores para que respeten a las personas que sienten que su vida está amenazada y le restablezca el esquema de seguridad.

En el caso del DAS, la Corte ordenó que le permita a Claudia Julieta tener acceso a la información que de ella repose en dicha entidad, excepto la que tenga reserva. Finalmente le exigió al director del DAS y al de la Policía Nacional que instruyan por escrito a sus agentes en el sentido de que las labores de protección no son de inteligencia y que se les prohíba dichas acciones.

Consultada por El Espectador, la periodista dijo desde Bruselas que se encuentra invadida por un mar de emociones, porque han pasado siete años para que alguien le dé la razón, pero que aunque tiene ganas de regresar al país, lo piensa con cabeza fría por el nivel de impunidad que reina en Colombia. "Yo tengo una esperanza hoy, quiero digerirla, hablar con mi abogado y compañeros. Tengo la seguridad de que la situación sustancial de seguridad mía no va a cambiar hasta el momento de que la impunidad no se haya quebrado y la Fiscalía tiene muchísimos datos, pruebas e indicios y no ha hecho nada".