“Persecución judicial” a Alex Saab tiene motivaciones políticas: Rusia
En medio de las conversaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición en México, el Ministerio del Interior de Rusia denuncia que la eventual extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, es una “persecución” con fines políticos norteamericanos.
El gobierno ruso, aliado venezolano, acaba de intervenir en el caso judicial y diplomático del empresario barranquillero Alex Saab, de quien se aprobó su extradición a los Estados Unidos por orden del Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Es en ese país insular africano donde el supuesto testaferro de Nicolás Maduró está detenido desde el 12 de junio de 2020, al parecer a punto de enfrentar una acusación en Norteamérica por supuesto lavado de activos.
En contexto: Aprueban extradición a EE.UU. de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro
El pasado 7 de septiembre, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó un recurso judicial presentado por los abogados de Saab, con el cual se buscaba frenar la extradición solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No obstante, la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO), de la cual Cabo Verde es miembro, ha señalado que la captura del colombiano fue ilegal y hasta ha solicitado se le brinde atención médica y su libertad inmediata.
Y en medio de la turbulencia judicial y diplomática, el gobierno ruso emitió su concepto sobre la extradición a través del Ministerio del Interior. La cartera aseguró que la presión estadounidense por procesar a Alex Saab está creando un clima tenso en las conversaciones que sostiene el gobierno venezolano, representado por Nicolás Maduro, y la oposición. Ambas partes intentan llegar a soluciones desde el pasado 13 de agosto, buscando apaciguar las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela y el estallido social por el largo periodo de la era Maduro.
Lea: Carta de la defensa de Alex Saab después de aprobaba su extradición
“Creemos que la persecución penal de Saab, que tiene condición de diplomático y que estaba realizando una misión humanitaria, tiene una motivación política. Dejando de lado los aspectos legales de este problema, en la superficie hay una línea clara entre la ‘conclusión’ del caso de Saab y el actual diálogo en México. Ahora, cuando se están celebrando debates de fondo sobre cuestiones importantes que afectan en mayor o menor medida a la política de EE. UU. hacia Venezuela, los de Washington intentan esencialmente utilizar a Saab como una palanca adicional para presionar al Gobierno venezolano”, explicó el gobierno ruso.
Rusia considera a Alex Saab un “diplomático”, cuando al mismo tiempo el gobierno venezolano ha intentado frenar la extradición del empresario asegurando que estaba cargando combustible en Cabo Verde, aquel 20 de junio de 2020, luego de cumplir labores como “enviado especial” en Irán. Incluso, Maduro nombró a Saab “embajador plenipotenciario en África”, a finales de 2020, y por lo tanto tendría una inmunidad diplomática excepcional. No obstante, el gobierno de Cabo Verde poco le interesó esa movida de Maduro, pues reconoce a Juan Guaidó, de la oposición, como presidente interino.
Antecedentes: Tribunal Africano confirma que detención de Alex Saab fue ilegal
Siguiendo en la línea de lo expresado por Rusia, su Ministerio del Interior aseguró que las conversaciones en México no deben tener esa carga política de la extradición -o no- de Saab. “Creemos que es importante dar a los venezolanos la oportunidad de llegar a esta decisión de forma independiente. Los intentos de injerencia destructiva externa son inapropiados en este caso, y la responsabilidad de las consecuencias de tales acciones recaerá en quienes directa o indirectamente realicen tales intentos”, concluyó.
Alex Saab está acusado en la Corte del Distrito Sur de Florida, según una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En 2019, año en que se presentó el indicment -escrito de acusación-, las autoridades gringas señalaron que él, junto a su socio Álvaro Pulido, están señalados de ser testaferros del oficialismo venezolano y, por tanto, tendría responsabilidad en ocho cargos relacionados con el lavado de US$ 350 millones. Ese dinero sería producto de corrupción en contratos de construcción, importación de alimentos y hasta venta de petróleo, hipótesis que el barranquillero ha negado constantemente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El gobierno ruso, aliado venezolano, acaba de intervenir en el caso judicial y diplomático del empresario barranquillero Alex Saab, de quien se aprobó su extradición a los Estados Unidos por orden del Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Es en ese país insular africano donde el supuesto testaferro de Nicolás Maduró está detenido desde el 12 de junio de 2020, al parecer a punto de enfrentar una acusación en Norteamérica por supuesto lavado de activos.
En contexto: Aprueban extradición a EE.UU. de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro
El pasado 7 de septiembre, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó un recurso judicial presentado por los abogados de Saab, con el cual se buscaba frenar la extradición solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No obstante, la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO), de la cual Cabo Verde es miembro, ha señalado que la captura del colombiano fue ilegal y hasta ha solicitado se le brinde atención médica y su libertad inmediata.
Y en medio de la turbulencia judicial y diplomática, el gobierno ruso emitió su concepto sobre la extradición a través del Ministerio del Interior. La cartera aseguró que la presión estadounidense por procesar a Alex Saab está creando un clima tenso en las conversaciones que sostiene el gobierno venezolano, representado por Nicolás Maduro, y la oposición. Ambas partes intentan llegar a soluciones desde el pasado 13 de agosto, buscando apaciguar las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela y el estallido social por el largo periodo de la era Maduro.
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“Creemos que la persecución penal de Saab, que tiene condición de diplomático y que estaba realizando una misión humanitaria, tiene una motivación política. Dejando de lado los aspectos legales de este problema, en la superficie hay una línea clara entre la ‘conclusión’ del caso de Saab y el actual diálogo en México. Ahora, cuando se están celebrando debates de fondo sobre cuestiones importantes que afectan en mayor o menor medida a la política de EE. UU. hacia Venezuela, los de Washington intentan esencialmente utilizar a Saab como una palanca adicional para presionar al Gobierno venezolano”, explicó el gobierno ruso.
Rusia considera a Alex Saab un “diplomático”, cuando al mismo tiempo el gobierno venezolano ha intentado frenar la extradición del empresario asegurando que estaba cargando combustible en Cabo Verde, aquel 20 de junio de 2020, luego de cumplir labores como “enviado especial” en Irán. Incluso, Maduro nombró a Saab “embajador plenipotenciario en África”, a finales de 2020, y por lo tanto tendría una inmunidad diplomática excepcional. No obstante, el gobierno de Cabo Verde poco le interesó esa movida de Maduro, pues reconoce a Juan Guaidó, de la oposición, como presidente interino.
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Siguiendo en la línea de lo expresado por Rusia, su Ministerio del Interior aseguró que las conversaciones en México no deben tener esa carga política de la extradición -o no- de Saab. “Creemos que es importante dar a los venezolanos la oportunidad de llegar a esta decisión de forma independiente. Los intentos de injerencia destructiva externa son inapropiados en este caso, y la responsabilidad de las consecuencias de tales acciones recaerá en quienes directa o indirectamente realicen tales intentos”, concluyó.
Alex Saab está acusado en la Corte del Distrito Sur de Florida, según una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En 2019, año en que se presentó el indicment -escrito de acusación-, las autoridades gringas señalaron que él, junto a su socio Álvaro Pulido, están señalados de ser testaferros del oficialismo venezolano y, por tanto, tendría responsabilidad en ocho cargos relacionados con el lavado de US$ 350 millones. Ese dinero sería producto de corrupción en contratos de construcción, importación de alimentos y hasta venta de petróleo, hipótesis que el barranquillero ha negado constantemente.
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