Pese a que pidieron no ser investigados, bananeros de Chiquita Brand irán a juicio
Ocho ejecutivos de la multinacional alegaron que se les estaba violando su derecho al debido proceso. El Tribunal Superior de Antioquia no estuvo de acuerdo y declaró que el proceso por el delito de concierto para delinquir en su contra debe continuar.
El Tribunal Superior de Antioquia resolvió una apelación que presentaron ocho exejecutivos de la multinacional Chiquita Brand en la que pedían que la investigación en su contra por concierto para delinquir no siguiera adelante. Según el recurso, los empresarios alegaron que la Fiscalía les había violado su derecho al debido proceso porque, argumentaron, no fueron debidamente notificados de una decisión clave del expediente. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo y dejó claro que el caso debe continuar pues el ente investigador actuó de manera correcta y no violó ningún derecho de los involucrados.
(En contexto: La historia que llevó a 14 empresarios de Chiquita Brands a juicio en Colombia)
Con esta decisión, la Fiscalía podrá seguir con las tareas de investigación y llevar a juicio a Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, exasesor jurídico de Chiquita Brands para Colombia; Víctor Julio Buitrago Sandoval; John Paul Olivo; Fuad Alberto Giacoman Hasbún; José Luis Valverde Ramírez; Álvaro Acevedo González, exgerente de Banaldex; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, exgerente de Banacol; y Javier Ochoa Velásquez, exgerente agrícola. La Fiscalía los vinculó formalmente a la investigación en agosto de 2018, en una decisión que, aseguró, no tenía precedentes pues contaba con el apoyo del trabajo de autoridades y entidades internacionales.
De acuerdo con las pesquisas, existen dos documentos claves para entender cómo funcionaron los enlaces entre la empresa y grupos armados ilegales. El primero es un informe de la OEA de 2003, y el segundo, un fallo de 2007 en el que una Corte del Distrito de Nueva Jersey condenó a Chiquita a pagar US$25 millones por sus andanzas ilegales con los grupos paramilitares colombianos. En ambos documentos está la historia de cómo se concretó esta relación y de que, en total, la multinacional pagó más de US$1,7 millones a las Auc entre 1997 y 2004 para que los dejaran trabajar en sus plantaciones.
(Lea también: El rol de los empresarios en el conflicto, un capítulo por escribir)
Pagos similares hizo Chiquita a las Farc y al Eln pero, después de una reunión en 1997 entre el exjefe paramilitar Carlos Castaño y el entonces gerente general de Banadex, se pactó que el dinero solo lo iban a recibir las autodefensas. En una investigación previa de la Fiscalía, que condujo el entonces vicefiscal Jorge Perdomo, el ente investigador dio cuenta de que, al comienzo del negocio, la contribución fue directa a estos ejércitos privados y después se canalizó por medio de las Convivir de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito.
Las investigaciones han logrado demostrar que tanto los directivos de la empresa en Colombia como en Estados Unidos conocían estos pagos ilegales. Con esta decisión del Tribunal Superior de Antioquia, el siguiente paso para la Fiscalía será iniciar formalmente el juicio en contra de los empresarios, audiencias que se han tardado tres años en arrancar. Los bananeros tendrán que responder por el delito de concierto para delinquir agravado, que además en este caso ya fue calificado por el ente investigador como un crimen de lesa humanidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El Tribunal Superior de Antioquia resolvió una apelación que presentaron ocho exejecutivos de la multinacional Chiquita Brand en la que pedían que la investigación en su contra por concierto para delinquir no siguiera adelante. Según el recurso, los empresarios alegaron que la Fiscalía les había violado su derecho al debido proceso porque, argumentaron, no fueron debidamente notificados de una decisión clave del expediente. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo y dejó claro que el caso debe continuar pues el ente investigador actuó de manera correcta y no violó ningún derecho de los involucrados.
(En contexto: La historia que llevó a 14 empresarios de Chiquita Brands a juicio en Colombia)
Con esta decisión, la Fiscalía podrá seguir con las tareas de investigación y llevar a juicio a Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, exasesor jurídico de Chiquita Brands para Colombia; Víctor Julio Buitrago Sandoval; John Paul Olivo; Fuad Alberto Giacoman Hasbún; José Luis Valverde Ramírez; Álvaro Acevedo González, exgerente de Banaldex; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, exgerente de Banacol; y Javier Ochoa Velásquez, exgerente agrícola. La Fiscalía los vinculó formalmente a la investigación en agosto de 2018, en una decisión que, aseguró, no tenía precedentes pues contaba con el apoyo del trabajo de autoridades y entidades internacionales.
De acuerdo con las pesquisas, existen dos documentos claves para entender cómo funcionaron los enlaces entre la empresa y grupos armados ilegales. El primero es un informe de la OEA de 2003, y el segundo, un fallo de 2007 en el que una Corte del Distrito de Nueva Jersey condenó a Chiquita a pagar US$25 millones por sus andanzas ilegales con los grupos paramilitares colombianos. En ambos documentos está la historia de cómo se concretó esta relación y de que, en total, la multinacional pagó más de US$1,7 millones a las Auc entre 1997 y 2004 para que los dejaran trabajar en sus plantaciones.
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Pagos similares hizo Chiquita a las Farc y al Eln pero, después de una reunión en 1997 entre el exjefe paramilitar Carlos Castaño y el entonces gerente general de Banadex, se pactó que el dinero solo lo iban a recibir las autodefensas. En una investigación previa de la Fiscalía, que condujo el entonces vicefiscal Jorge Perdomo, el ente investigador dio cuenta de que, al comienzo del negocio, la contribución fue directa a estos ejércitos privados y después se canalizó por medio de las Convivir de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito.
Las investigaciones han logrado demostrar que tanto los directivos de la empresa en Colombia como en Estados Unidos conocían estos pagos ilegales. Con esta decisión del Tribunal Superior de Antioquia, el siguiente paso para la Fiscalía será iniciar formalmente el juicio en contra de los empresarios, audiencias que se han tardado tres años en arrancar. Los bananeros tendrán que responder por el delito de concierto para delinquir agravado, que además en este caso ya fue calificado por el ente investigador como un crimen de lesa humanidad.
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