A través de un escrito de impugnación, el presidente Gustavo Petro busca reversar la decisión de primera instancia del Consejo de Estado del pasado 6 de septiembre, en la que el alto tribunal determinó que el mandatario debe retractarse de sus señalamientos en contra de Enrique Vargas Lleras y su familia, a quienes señaló en su cuenta de X, y en alocuciones presidenciales, de estar involucrados en el millonario desfalco de la Nueva EPS.
El recurso, conocido por este diario, es dirigido al consejero ponente, el magistrado Martín Bermúdez Muñoz, y señala que en el fallo de primera instancia que determinó que el mandatario debía retractarse, “incurrió en errores de valoración al concluir que las declaraciones del Presidente de la República vulneraron los derechos fundamentales de Enrique Vargas Lleras”.
En la sentencia de primera instancia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se indicó que el presidente tiene el deber de verificar previamente las informaciones públicas que realiza, puesto que con ellas no puede atentar contra el derecho fundamental al buen nombre.
El alto tribunal señaló que el “presidente no se limitó a expresar opiniones en el contexto de un debate político ni a informar a la opinión pública que se estaba adelantando una investigación por presuntas irregularidades en la citada entidad (Nueva EPS). En estas comunicaciones se imputó concretamente la existencia de un desfalco millonario, por el que debía responder la familia Vargas Lleras”.
La defensa de Petro mediante la impugnación, entonces, señala que al hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras nunca se le imputaron cargos por el presunto ocultamiento de facturas por más de $5 billones al interior de la entidad, cuando Enrique Vargas Lleras hacía parte de su junta directiva.
“No se realizó un juicio de responsabilidad penal por la existencia de un desfalco millonario, por esconder y no pagar facturas por $5,5 billones, tampoco se indicó que este haya autorizado gastos billonarios innecesarios, hubiese realizado negocios particulares y/o financiado con estos recursos un partido político”, apunta el documento.
Con estos elementos en mano, presentados ante el alto tribunal, la defensa argumenta que el presidente únicamente “señaló que estos hallazgos preliminares sobre presuntas irregularidades permitían al primer mandatario cuestionar el manejo que se dio al interior de la Nueva EPS de los recursos públicos que se destinan a la salud”. Además, la defensa del mandatario señala que sí se adelantó una verificación de los hechos tras las afirmaciones de Petro en contra de Vargas Lleras.
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