Petro no va a legalizar la cocaína, pero esto propone para Colombia y Latinoamérica
Al tiempo que México y Colombia estrechaban relaciones a través de un acuerdo internacional sobre drogas firmado en Cali, el Ministerio de Justicia dio a conocer su nueva política en la materia. Los cambios apuntan a toda una revolución, en un país con 230.000 hectáreas de coca.
La Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (Unodc) presentará este lunes los detalles de una tendencia que está en aumento desde el gobierno de Iván Duque y que afrontará por primera vez el presidente Gustavo Petro: el número de hectáreas sembradas con coca, que en 2022 marcaron las 230.000. En medio de ese contexto, el actual gobierno presentó su nueva política de drogas, la cual fue consensuada con alrededor de 20 países de Latinoamérica y del Caribe, durante una conferencia en la materia celebrada en Cali y que clausuró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La conferencia fue un espacio clave, pues se avanzó en las conversaciones para darle un giro a la política global de drogas con respecto a las plantas de uso ancestral, como la mata de coca.
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La Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (Unodc) presentará este lunes los detalles de una tendencia que está en aumento desde el gobierno de Iván Duque y que afrontará por primera vez el presidente Gustavo Petro: el número de hectáreas sembradas con coca, que en 2022 marcaron las 230.000. En medio de ese contexto, el actual gobierno presentó su nueva política de drogas, la cual fue consensuada con alrededor de 20 países de Latinoamérica y del Caribe, durante una conferencia en la materia celebrada en Cali y que clausuró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La conferencia fue un espacio clave, pues se avanzó en las conversaciones para darle un giro a la política global de drogas con respecto a las plantas de uso ancestral, como la mata de coca.
En contexto: Esta es la política de drogas oficial del gobierno de Gustavo Petro
La conferencia se celebró en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y, como le dijo el director del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Felipe Tascón, a este diario: había dos cumbres paralelas. En el primer piso, expertos del Gobierno y de la sociedad civil entregaban al público puntadas de la nueva política y revelaban datos cruciales. Entre ellos, que la política costará $21 billones y que, definitivamente, el poder judicial no tocará al campesino cocalero, considerado el más débil en la cadena del narcotráfico. En el segundo piso y en secreto, sí había una conferencia internacional, pues representantes políticos y diplomáticos de casi 20 países discutían la firma de un acuerdo. Este diario constató la presencia de siete ministros, tres viceministros, dos secretarios y 10 representantes de países observadores.
Aunque el acuerdo no se le informó al público, El Espectador conoció detalles y supo de una fuente cercana a su construcción que la representación de Perú no estuvo en nada de acuerdo con el documento original. Quizás el punto más llamativo está en los compromisos que firmaron los países, entre los cuales estaba dialogar a futuro sobre la revalorización de las plantas de uso ancestral, “con vistas a mejorar la coherencia y efectiva implementación del sistema de tratados con respecto al control de plantas y sus productos transformados”. Entre ellos, la lista amarilla de estupefacientes que censuró fiscalmente a la hoja de coca desde 1961. El acuerdo firmado incluye la creación de un “Grupo de seguimiento” que llevará ideas como esta a la Comisión de Estupefacientes de la ONU en 2024.
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El “grupo de seguimiento”, además, buscará convocar a una Cumbre Internacional sobre Drogas a nivel de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, en el marco de la ONU y con miras a celebrarse en 2025. A esos compromisos, solo restaba dárselos a conocer a los dos presidentes convocantes de la conferencia: Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, de México, quienes entregaron resultados en conjunto el sábado. A primera hora, los cancilleres de ambos países firmaron una “carta de intención” en materia de cooperación bilateral, promoviendo acciones en los sectores de agricultura, educación, juventud y comercio. Luego, durante el mediodía, los presidentes recibieron los resultados de los diálogos previos y coincidieron en buscar una “única voz” latinoamericana sobre cómo afrontar el problema de las drogas.
El presidente Gustavo Petro dejó mensajes como “el antídoto contra el consumo de drogas es el amor” y, al tiempo, el Ministerio de Justicia dio a conocer su nueva política de drogas, “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, que tendrá vigencia por 10 años al estar articulada con el Plan Nacional de Desarrollo. El Espectador conoció que, aunque se discutieron puntos claves con los países de la región, ninguno redactó una palabra. Como dato clave, el Gobierno no propuso, por ahora, legalizar la hoja de coca. La política quiere darle un aire fresco a la problemática mundial, luego del fracaso de la denominada “guerra contra las drogas”. El Observatorio de Drogas en Colombia estima que en los últimos 20 años el gasto fue de aproximadamente $76 millones, sin que eso permitiera reducir la oferta o la demanda.
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La política se divide en dos partes: oxígeno y asfixia. En cuanto a lo primero, el Gobierno proyecta un modelo de tránsito a economías lícitas de los campesinos de plantas de uso ancestral. Habrá programas de sustitución, que transitarán por el ordenamiento territorial, y finalizará con una propuesta de “bienes y servicios públicos”, la cual está dividida en lo siguiente: acceso a tierras, integración de mercados, comercialización agroalimentaria y la entrega de créditos y subsidios. La erradicación forzosa sólo aplicará en los cultivos que no se encuentren dentro de la categoría de “pequeño cultivador”, es decir, industrializados. Habrá beneficios para empresarios que apoyen la iniciativa y la Agencia Nacional de Tierras titulará a campesinos individual y colectivamente.
Con respecto a la asfixia de narcotraficantes, la política de drogas es clara en mencionar que se aumentarán las labores de destrucción de infraestructuras dedicadas a la producción de drogas ilícitas, con énfasis en las que producen base y clorhidrato de cocaína, heroína y drogas sintéticas. Entre las novedades está fortalecer el sistema de registro, inspección y control a empresas de metalurgia que provean equipos para la producción de sustancias ilícitas. La promesa es fortalecer la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre, tanto en las fronteras como en el interior del país. Para ello se invertirá en tecnología avanzada de vigilancia para cada uno de los frentes. Esto incluye radares modernos, drones, sistemas de dirección de drogas, vehículos de patrulla marítima y equipos de inspección terrestre.
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Con la nueva perspectiva, el Gobierno espera reducir en un 40 % la oferta de cocaína en los próximos tres años. Un gran reto para el país que más ofrece cocaína al mundo. De hecho, durante la presentación de la nueva política se filtró que en 2022 el país presentó 230.000 hectáreas de la hoja, un dato que la Unodc esperaba revelar este lunes y que, de nuevo, rompe el récord histórico. En 2021 fueron 204.000 hectáreas. La Unodc, no obstante, entregará nuevos detalles este lunes, como el crecimiento en la producción y el comportamiento de los enclaves que concentran el 88 % de los cultivos. Y así, el gobierno Petro concluyó su primera gran jugada para cambiar el panorama de las drogas, que podría concluir con una revolución ante las Naciones Unidas con respecto a las plantas de uso ancestral.