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La Procuraduría confirmó la suspensión de tres meses que le impuso al canciller Álvaro Leyva, dentro del caso que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons. Además, el Ministerio Público pidió a la Fiscalía investigarlo por no cumplir esa orden impuesta desde el pasado 24 de enero y que hasta la fecha no ha sido cumplida, pues el funcionario sigue en su cargo.
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Leyva fue suspendido por la Procuraduría, en primer lugar, porque la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son. En ese contexto, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público.
El segundo punto está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarar desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia.
Frente a esa decisión, el abogado Yefferson Dueñas, presentó una carta en la que pedía que se revocara la decisión, ya que los cargos por los que fue llamado a juicio disciplinario, según dicen, no estaba bien fundamentada y pondría en riesgo la seguridad del Estado. Pero además pidió a la jefe del ente de control, Margarita Cabello, declararse impedida dentro del caso. Ambos peticiones no prosperaron.
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El Ministerio Público concluyó que la decisión inicial fue adoptada legalmente y señaló que la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, no vulneró los derechos y las garantías de Leyva “en tanto se limitó a anunciar que se formularon cargos, sin que eso implique que se haya afectado la imparcialidad, y confirmar que no se hicieron comentarios o emitieron calificativos sobre el caso específico”, dice la Procuraduría.
Por otro lado, el Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional. “Los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes”.
En este contexto, la Procuraduría compulsó copias a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si el posible comportamiento del ministro de Relaciones Exteriores constituye alguna conducta penal que amerite ser investigada por esa entidad.
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