La Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, acaba de pedir abrir un incidente de desacato en contra el presidente Gustavo Petro, y el saliente ministro de Minas y Energía, Omar Camacho Morales. Se trata de un proceso en el que el Ministerio Público busca que la justicia obligue a estos dos funcionarios a cumplir una orden judicial que ya les había ordenado nombrar a expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Según el oficio que presentó la Procuraduría, el presidente Petro y el ministro Camacho habrían incumplido una sentencia del pasado 25 de enero del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que además fue confirmada por el Consejo de Estado en mayo pasado, que les había dado 30 días para nombrar a seis expertos en esa comisión. Sin embargo, habría pasado el tiempo estipulado y el gobierno no habría hecho nada para cumplir con esa orden.
La petición para abrir el desacato la presentó la procuradora Ana Margoth Chamorro Benavides ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca este miércoles 3 de julio. En el recurso, la funcionaria señaló que el presidente Petro y el ministro Camacho tenían hasta el pasado 20 de junio para hacer los seis nombramientos, pero a la fecha no se han realizado. El Ministerio Público agregó que, por ahora, solo hay dos nombramientos en propiedad, mientras que otros dos solo están en encargo y hay otras dos vacantes.
“No se evidencian gestiones por parte de la cartera ministerial de minas y energía, ni por la Presidencia de la República para la provisión de los cargos en propiedad que se encuentran siendo desempeñados en encargo, uno de los cuales venció el 2 de julio y el otro vencerá el 11 de julio, ni se han publicado las hojas de vida de los posibles aspirantes”, agregó la Procuraduría, que recordó que la Comisión es fundamental para el sector energía y gas, pues tiene la función de regular la prestación de los servicios públicos, promover la competencia y defender a los consumidores.
Entre otras cosas, es clave para resolver el tema álgido de las altas tarifas de energía. Además, ente otras funciones de la CREG está la de preparar proyectos y recomendarle al Gobierno la adopción de los decretos reglamentarios que se necesiten, asegurar la sana competencia en la prestación de los servicios públicos y fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas.
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