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Durante la audiencia temática sobre los derechos de las víctimas y sus familiares de desaparición forzada, familiares de estas y organizaciones de derechos humanos exigieron a las autoridades colombianas a elevar a rango constitucional a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Unbpd) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estas instituciones, según lo acordado en La Habana, tiene que ser creadas como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
Organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, la Fundación Nydia Erika Bautista, el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) y la Fundación Progresar le solicitaron al Estado que cumplan con la naturaleza jurídica y alcance de la Unbpd en las “prioridades de implementación normativa”. Ya que si no se procede con el Acto legislativo y el otorgamiento de rango constitucional, aseguran los familiares y organizaciones, la Unbpd será una institución intrascendente sin capacidad alguna de realmente contribuir a la superación de la impunidad y a la mitigación de los daños ocasionados por la desaparición forzada a sus víctimas y familiares.
“El Estado está en el deber de cumplir su palabra y crear un ente independiente de intereses o injerencias de otras ramas como el poder ejecutivo. Sin este rango, la Unidad nacería 'sin dientes' y sin autonomía, si se crea como propone, como una entidad vinculada o adscrita a una rama del poder público", aseguró Yanette Bautista, Directora de la Fundación Nydia Erika Bautista de familiares de desaparecidos. Desafortunadamente, aseguró ella, el Estado no fue claro, ni contundente en la audiencia para absolver la duda sobre la naturaleza jurídica que está proyectando para la Unpbd y "simplemente" se limitó a decir que se está trabajando en un proyecto de ley para su conformación.
"Los temores del incumplimiento del Acuerdo de Paz se acrecientan por cuanto no dotar de rango constitucional a dicha institución llevará a profundizar y replicar los problemas de ineficiencia y falta de resultados de la normatividad colombiana actual que ha sido insuficiente para responder a la grave tragedia de nuestro país de más de 60.000 personas desaparecidas" expresó Alejandro Malambo, Abogado de la Comisión Colombiana de Juristas.
Durante la audiencia las víctimas y ongs presentaron además los problemas estructurales de impunidad y ausencia de una política pública de búsqueda. A su vez, pidieron realizar una supervisión a la aplicación del rango constitucional de la Unpbd acordado en La Habana, vigilar la grave situación de niñas y mujeres desaparecidas por dentro y fuera del conflicto armado, ratificar plenamente los tratados internacionales sobre la materia y realizar una visita a la frontera colombo venezolana.