Piden inhabilitar a Odebrecht por 20 años para contratar con el Estado

Este lunes, la vicepresidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le solicitaron a la Superintendencia de Sociedades imponer una inhabilidad para contratar por 20 años con el Estado al grupo empresarial Odebrecht, por los actos de corrupción cometidos en el país. (Le podría interesar: Presidente Duque cree que se requiere un fiscal 'ad hoc' para caso Odebrecht)

La sociedad Odebrecht S.A., según dicen, ha causado en Colombia perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, sumado al daño ético y moral, al corromper diferentes niveles de la administración pública. “La lucha contra el grave flagelo de la corrupción es una obligación constitucional, legal y ética de todo gobernante y de todo ciudadano”, señalan.

Tanto la vicepresidencia como la Agencia sostienen que Colombia cuenta la Ley 1778 de 2016 (normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción trasnacional), la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, para pedir esta sanción. (Lea también: “Esto lo está moviendo alguien investigado por la Fiscalía”: Néstor Humberto Martínez)

“Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública”, expresan. A pesar de que Odebrecht ha propuesto un acuerdo que consiste en un resarcimiento económico cambio de que el Estado retire los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado, la vicepresidencia y la agencia rechazado la solicitud.

“No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”, manifestaron. (Le sugerimos: Procurador pide colaboración al nuevo Gobierno de Brasil en caso Odebrecht)

Este lunes, la vicepresidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le solicitaron a la Superintendencia de Sociedades imponer una inhabilidad para contratar por 20 años con el Estado al grupo empresarial Odebrecht, por los actos de corrupción cometidos en el país. (Le podría interesar: Presidente Duque cree que se requiere un fiscal 'ad hoc' para caso Odebrecht)

La sociedad Odebrecht S.A., según dicen, ha causado en Colombia perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, sumado al daño ético y moral, al corromper diferentes niveles de la administración pública. “La lucha contra el grave flagelo de la corrupción es una obligación constitucional, legal y ética de todo gobernante y de todo ciudadano”, señalan.

Tanto la vicepresidencia como la Agencia sostienen que Colombia cuenta la Ley 1778 de 2016 (normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción trasnacional), la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, para pedir esta sanción. (Lea también: “Esto lo está moviendo alguien investigado por la Fiscalía”: Néstor Humberto Martínez)

“Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública”, expresan. A pesar de que Odebrecht ha propuesto un acuerdo que consiste en un resarcimiento económico cambio de que el Estado retire los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado, la vicepresidencia y la agencia rechazado la solicitud.

“No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria. Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”, manifestaron. (Le sugerimos: Procurador pide colaboración al nuevo Gobierno de Brasil en caso Odebrecht)