Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Una solicitud del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) pide a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenar las medidas cautelares que permitan la conservación de un espacio en la Escuela de Logística y Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional. En este lugar se encontrarían los restos inhumados del político Pedro Julio Movilla Galarcio, dirigente del Partido Comunista Marxista Leninista PCC-ML y del Frente Popular, en los noventa. A su vez, la organización defensora de derechos humanos exige de manera urgente la determinación del punto exacto donde se encuentran los restos y su exhumación inmediata.
Pedro Julio Movilla Galarcio, además líder sindical, desapareció el 13 de mayo de 1993, luego de despedirse de su esposa, Candelaria Vergara, y dirigirse hacia la avenida 68 con Avenida Primera de Mayo para dejar a su hija, Yenny del Carmen, en la entrada del colegio Jhon F.Kennedy a las 8:00 a.m. Después de ese momento no volvieron a saber de su paradero, afirma su esposa Candelaria, quien señaló como responsables de la desaparición forzosa a integrantes del Ejército Nacional pertenecientes a la Brigada XX, quienes operaban en lo que ahora es la Escuela de Logística y Batallón de Contrainteligencia, en el barrio San Cristóbal Sur de Bogotá.
La Procuraduría, de acuerdo con el expediente, realizó inspecciones judiciales a las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, en las cuales pudo constatar las pruebas que evidenciaban las labores de inteligencia llevadas contra Pedro Movilla, las cuales describían su apariencia física, los lugares que frecuentaba, datos de su esposa y detalles de las labores de seguimiento. El 22 de junio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó, a través de una sentencia, al Estado colombiano por la desaparición forzada de Movilla, y ordenó continuar con las labores de búsqueda pertinentes para lograr el hallazgo de sus restos.
Según declaraciones aportadas por José Leonairo Dorado —sargento que perteneció a la Brigada XX—, ante la JEP, Pedro Julio Movilla había sido llevado a las instalaciones del Batallón para ser torturado y asesinado. Las declaraciones de Dorado han sido claves para el esclarecimiento de este crimen, y otras denuncias realizadas históricamente por el movimiento de derechos humanos y el informe presentado a la JEP sobre el actuar de la Brigada XX. También, el CAJAR pide vincular al Ministerio de Defensa con el objetivo de que rinda un informe sobre el estado actual de las instalaciones del Batallón, y los túneles que existen allí y que al parecer conectaban con la antigua vía hacia Villavicencio, los cuales pudieron servir como corredores para sacar a personas que luego serían desaparecidas.
El hecho de que se declare a las instalaciones de la Escuela de Logística y Batallón de Contrainteligencia del Ejército como sitio de interés forense por parte de la JEP, servirá para garantizar el derecho de los familiares de Movilla a la entrega digna de sus restos por parte del Estado. Además, pondrá fin a una búsqueda de más de 31 años. De lograrse esta medida cautelar para la protección del posible lugar donde fue desaparecido Movilla, esta se sumaría a los otros 16 lugares de inhumaciones protegidos por la JEP y solicitados por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
La agilidad de la JEP ante esta solicitud de medidas cautelares será fundamental para garantizar que los militares no alteren el sitio de interés forense y, así, desaparezcan el o los cuerpos presuntamente localizados en el Batallón de Contrainteligencia, pues “de no protegerse dicho lugar, se violarían los derechos de las víctimas de desaparición forzada, así como el real establecimiento de sus derechos a la verdad y a la justicia, que tienen un grado de valoración especial cuando se trata de desapariciones forzadas”, declara el CAJAR.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.