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Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes fue presentada una denuncia con el fin de que se investigue la presunta relación del exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga con el escándalo de manipulación de procesos en los que estaban vinculados miembros de las Fuerzas Militares.
Esto teniendo en cuenta las revelaciones hechas por la Revista Semana en las cuales se presenta unos audios en los que escuchó al entonces magistrado y el coronel Robinson González del Río hablar sobre la colisión de competencias sobre un proceso por los llamados ‘falsos positivos’.
Los magistrados Pedro Alonso Sanabria y Angelino Lizcano, quienes presentaron la acción, consideran que Villarraga los mencionó de manera indebida en su conversación con el coronel, quien el pasado martes fue llamado a calificar servicios, ya que ellos no tienen ninguna participación o relación con este tipo de acciones.
“Nuestros nombres fueron lamentablemente tomados de manera ilegitima”, precisó el togado Lizcano al señalar que en ningún momento tuvo comunicación o relación con el coronel, quien se encuentra privado de la libertad por un proceso que enfrenta por su presunta participación en una serie de ejecuciones extrajudiciales.
Los archivos perdidos
Igualmente los magistrados pidieron que se investigue la extraña perdida de cerca de 20 expedientes del despacho del magistrado Villarraga, los cuales aparecieron curiosamente en el transcurso de esta semana.
“El doctor Néstor Osuna reportó a la Sala que no encontraba 20 expedientes, luego con el apoyo de empleados de la secretaría reporta nuevamente que en otro reconteo aparecieron los expedientes”, precisó el togado.
Por estos hechos pidieron recolectar los testimonios de los asesores y trabajadores del despacho, así como las pruebas documentales, entre las que se destacan las cámaras de grabación, con el fin de quién y cómo fueron retirados estos documentos.
Se espera que en los próximos días se estudien y analicen todas las pruebas y se tome una decisión de fondo, con el fin de establecer si se presentaron irregularidades en el retiro de estos documentos o si todo se debió a un “error en el conteo”.