Piden investigar posible incumplimiento en la JEP del coronel (r) Publio Mejía
Por declaraciones despectivas contra los manifestantes del paro nacional, piden investigar al militar (r) condenado por alianzas con el paramilitarismo ya que, según los solicitantes, Mejía debe contribuir con la paz y prevenir actos de violencia.
Organizaciones piden que se investigue el cumplimiento de los acuerdos hechos por el coronel en retiro del Ejército, Publio Hernán Mejía Gutiérrez, con los que se le permitió acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La solicitud se da a partir de comentarios hechos por el militar en Twitter en los que arremetió contra los manifestantes en el paro nacional. Según los peticionarios, Mejía, condenado a 14 años de prisión por alianzas con el paramilitarismo, debe contribuir con la paz y a prevenir los actos de cualquier tipo de violencia.
En contexto: Falsos positivos del Batallón La Popa: ¿quiénes son los 15 imputados en la JEP?
Para el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y para el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), organizaciones que solicitan la investigación, además de aportar al esclarecimiento de la verdad y reparar a las víctimas, el coronel (r) Mejía está obligado a resguardar la paz mediante la no repetición de los crímenes y debe contribuir a prevenirlos y evitarlos.
Asimismo, manifestaron la organizaciones, Mejía tiene el deber de abstenerse de replicar fenómenos de criminalidad y violencia que dieron origen al surgimiento del conflicto armado. Igualmente, dijeron, no puede dar paso a acciones que puedan contribuir a generar nuevos escenarios de violencia, como al parecer lo hizo mediante sus redes sociales.
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Las organizaciones aseguraron que Mejía, en sus manifestaciones y expresiones en Twitter, reproduce algunos de los patrones con los que, según manifestaron los solicitantes, se da una “‘justificación’ y comisión de estos crímenes, en tanto ha sostenido públicamente la necesidad de atacar a quienes decidieron ejercer su derecho legítimo a la protesta social en contra del actual gobierno colombiano”.
En sus trinos, el coronel (r) Mejía cataloga como “enemigos de la patria” a los manifestantes en el marco del paro nacional iniciado el pasado 28 de abril y los califica como “objetivos legítimos” de la acción armada de la Policía, del Ejército y de civiles armados. De esta forma, dicen los peticionarios, “sus opiniones públicas no solo son altamente preocupantes, sino que han servido como medio para el desconocimiento de sus compromisos ante la Sala de Reconocimiento, con las víctimas del Caso 003 y la sociedad en general”.
El coronel Mejía, quien fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en Valledupar (Cesar), entre los años 2002 y 2003, se acogió a la JEP en junio de 2017 por su presunta participación en casos de falsos positivos. Por este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP le atribuyó responsabilidad como autor mediato (quien se vale de otra persona para cometer una acción ilegal) por los delitos de asesinato y desaparición forzada cometidos por los miembros del Batallón La Popa, quienes se encontraban bajo su mando.
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Según las organizaciones solicitantes, la JEP señaló a Publio Hernán Mejía como responsable de haber creado una organización criminal dentro del Batallón La Popa, en el marco de la cual se instauró una alianza con los paramilitares. Comparecientes en el caso, manifestaron en sus versiones voluntarias que el coronel (r) Mejía habría justificado estas acciones bajo el argumento de los civiles “eran bandidos y se tenían que morir”.
Para Cajar y la CSPP, resulta necesario que la Sala de Reconocimiento de la JEP evalúe el cumplimiento de los compromisos a los que está sometido Publio Hernán, a través de la apertura de un incidente de incumplimiento donde tenga sus manifestaciones en redes sociales como elementos para probar la falta de cumplimiento, en especial, de la garantía de no repetición respecto de la revictimización a la que se han visto expuestas las víctimas.
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Actualmente, Mejía está condenado a 14 años de prisión por aliarse con la Autodefensas en casos de ejecuciones extrajudiciales al demostrarse que les suministró de armas y uniformes de guerra, a cambio de víctimas, que fueron presentadas como bajas en combate. Adicionalmente, en junio de 2020, el coronel (r) anunció que piensa ser candidato a la presidencia de Colombia en 2022.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Organizaciones piden que se investigue el cumplimiento de los acuerdos hechos por el coronel en retiro del Ejército, Publio Hernán Mejía Gutiérrez, con los que se le permitió acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La solicitud se da a partir de comentarios hechos por el militar en Twitter en los que arremetió contra los manifestantes en el paro nacional. Según los peticionarios, Mejía, condenado a 14 años de prisión por alianzas con el paramilitarismo, debe contribuir con la paz y a prevenir los actos de cualquier tipo de violencia.
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Asimismo, manifestaron la organizaciones, Mejía tiene el deber de abstenerse de replicar fenómenos de criminalidad y violencia que dieron origen al surgimiento del conflicto armado. Igualmente, dijeron, no puede dar paso a acciones que puedan contribuir a generar nuevos escenarios de violencia, como al parecer lo hizo mediante sus redes sociales.
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En sus trinos, el coronel (r) Mejía cataloga como “enemigos de la patria” a los manifestantes en el marco del paro nacional iniciado el pasado 28 de abril y los califica como “objetivos legítimos” de la acción armada de la Policía, del Ejército y de civiles armados. De esta forma, dicen los peticionarios, “sus opiniones públicas no solo son altamente preocupantes, sino que han servido como medio para el desconocimiento de sus compromisos ante la Sala de Reconocimiento, con las víctimas del Caso 003 y la sociedad en general”.
El coronel Mejía, quien fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en Valledupar (Cesar), entre los años 2002 y 2003, se acogió a la JEP en junio de 2017 por su presunta participación en casos de falsos positivos. Por este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP le atribuyó responsabilidad como autor mediato (quien se vale de otra persona para cometer una acción ilegal) por los delitos de asesinato y desaparición forzada cometidos por los miembros del Batallón La Popa, quienes se encontraban bajo su mando.
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